Por: Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez
La Constitución Política mexicana, en sus artículos9 y 6, consagra el derecho y libertad a reunirse y manifestar ideas siempre y cuando tengan un objetivo lícito; también establece límites para evitar la perturbación del orden público y garantizar los derechos de terceros que pudieran ser violentados ante dichas acciones.
Las marchas, manifestaciones, bloqueos y plantones, fundamentadas en estas disposiciones, se han incrementado dentro de la Ciudad de México a medida en que sectores y grupos sociales se organizan para salir a las calles a exigir respuestas ante la falta de competencia del gobierno y las autoridades para atender demandas sociales.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), en el año 2002 se registraron 778 movilizaciones; en 2009, fueron cerca de 3,200 y en 2010 la cifra se duplicó a 6,294.
En el año 2013, el número de marchas se elevó a 7,910, lo que representa un promedio de 21.6 movilizaciones al día, entre las que se incluyen manifestaciones, bloqueos viales, plantones, mítines, concentraciones, toma de instalaciones, entre otras.
Ante tales cifras, surge la polémica ante el ejercicio de estos derechos, pues esta forma de hacer presión que usan algunos grupos para obtener resultados ha sido vista como un agravio a la calidad de vida del resto de la población, tan sólo los bloqueos viales han ocasionado que la población general tenga impedido su libre tránsito, ocasionando desde pérdida de citas médicas hasta el puesto de trabajo y en el caso de los comercios, han sufrido la disminución de sus ingresos económicos.
Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Económico del DF presentó el “Reporte Preliminar sobre la Afectación Económica causada por los Movimientos de Protesta en el Zócalo Capitalino”, en este documento se detalla que en el período del 20 de agosto al 7 de septiembre se registraron pérdidas en ventas por más de 201 millones de pesos, con un promedio diario de 10 millones aproximadamente.
Sin embargo, cabe destacar que detrás de las cifras se encuentran grupos dedicados a evidenciar la imposibilidad de las instituciones para satisfacer las necesidades que el Estado ha generado, grupos que han sido satanizados por buscar soluciones a problemáticas como la injusticia social, el desempleo y la inseguridad y han manifestado su rechazo a políticas públicas y reformas estructurales que en lugar de representar un avance en la vida del país, en realidad son calificadas como un retroceso.
El aumento en las manifestaciones demuestra por un lado, que el Estado no es capaz de satisfacer los bienes y servicios mínimos que debe proporcionar. Y por el otro, que la sociedad, o por lo menos una parte, está utilizando los mecanismos que la propia Carta Magna le ofrece como instrumentos de lucha y resistencia en la defensa de sus derechos.
Estos actos han derivado en la pretensión de que el Congreso de la Unión apruebe la Ley de Manifestaciones en el Distrito Federal, e irónico resulta no el querer regular este tipo de movimientos sociales, sino de calificarlos de criminales y pretender que se disuelvan los grupos que ejercen presión a través de bloqueos contemplados dentro de la Ley, y legitimando por lo tanto al Estado represor.
