Por Nicolás Alvarado

La violencia y actitudes antisociales de una parte de la población juvenil que se desató en el país y que hoy toma niveles alarmantes tiene, en gran parte, su origen en la incapacidad de los gobiernos que no tomaron medidas contra cíclicas ante las crisis económicas que provocaron el cierre de algunas empresas y la privatización de otras, con el consiguiente desempleo.

A la crisis económica, se sumó la crisis político-social provocando polarización y desconfianza en la relación entre la sociedad y las autoridades, trastocó los valores y provocó desesperanza, lo que causó que la violencia surgiera como interacción normal, individual y colectiva.

Los grupos más vulnerables a esta cultura de violencia son los niños, los jóvenes y las mujeres. Los menores se quedan solos en un ambiente de hacinamiento y, en ocasiones, se ven expulsados del núcleo familiar, terminando en las calles y corriendo el riesgo de ser utilizados en el transporte y comercialización de droga, la explotación sexual y la trata de personas.

Por otra parte, los menores también se ven obligados a abandonar la escuela y terminan refugiándose en grupos afines que se convierten en pandillas, situación que reducen sus posibilidades de alimentación, atención médica, vivienda, deporte y recreación.

Para terminar con el los riesgos que corren los niños de volverse presa fácil de delincuentes, las autoridades tienen que dirigir su trabajo a solucionar las causas y no en paliar los efectos de las crisis en las familias.

El desempleo, la inseguridad, la falta de espacios de educación, capacitación, recreación, deporte y cultura, la desigualdad y la estigmatización es lo que viven nuestros jóvenes y las salidas que les dejamos.

La economía informal, el narcomenudeo, el escape hacia “el norte” y la explotación laboral y sexual son el panorama que se presenta para miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de integrarse a la economía productiva.

La causa principal de la violencia juvenil es que México adoptó, como política, la represión, la criminalización, la discriminación, el uso excesivo de la fuerza, la militarización y la amenaza para combatir la delincuencia organizada.

En la delegación Gustavo A. Madero, las necesidades mínimas para garantizar el bienestar de niños y jóvenes superar, por mucho, la capacidad y posibilidad económica de la jefatura delegacional, lo que se traduce en una enorme parálisis e indiferencia de parte de las autoridades para establecer programas de apoyo, acumulando una enorme deuda social con este sector de la población.

Por ello, la solución al problema de la violencia extrema, que nos ha llevado al asesinato de jóvenes menores de edad con una crueldad inaudita y a una inseguridad ciudadana por “vendettas” entre pandillas o la agresividad cotidiana y asaltos y asedios constantes, debe ser integral, establecer políticas públicas a favor de los niños y jóvenes.

La delegación Gustavo A. Madero, el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal deben establecer las políticas públicas a favor de nuestra juventud, mientras que los jóvenes deben organizarse para avanzar, con apoyo de los grupos de la sociedad civil en ganar espacios en educación, salud, cultura, deporte y recreación.

Expertos señalan que la estrategia efectiva para revertir la violencia es invertir en prevención y en programas sociales, antes que gastar en ampliar el número y equipo represor de la policía o peor aún, integrar al ejército en la vigilancia de la seguridad, llenar las cárceles de jóvenes es definitivamente una señal de fracaso.

En el Foro Internacional “Pensar en el futuro; la prevención que México necesita”, organizado por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de. Seguridad Pública (SESNSP) en 2011, Irvin Waller, director del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad de Ottawa y presidente de la Sociedad Mundial de Criminología, descartó que el camino sea sólo la represión, es decir, el uso de la fuerza policiaca o militar como única herramienta.

El investigador externó como opción la inversión social, la realización de diagnósticos de la situación, contar con liderazgos políticos y aplicar luego una represión inteligente, la cual debe ser focalizada y con base en un análisis minucioso de la situación, también destacó que es primordial destinar la misma cantidad de recursos tanto a la prevención como al combate policiaco de la delincuencia.

Waller señaló que para superar una situación como la que se tiene en México “debe haber una política inteligente que se focalice sobre las causas que originaron el problema, con lo cual en un plazo de alrededor de cinco años se podrían tener algunos resultados importantes en la reducción de tasas de homicidio y victimización.

Actualmente ser joven y excluido es percibido por autoridades y población como sinónimo de delincuente, cuando los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo, consideró Ernesto Rodríguez, director del Centro Latinoamericano sobre Juventud, al resaltar la importancia de dejar de estigmatizar a los jóvenes durante su participación en el foro.

Por su parte, Carlos Alberto Cruz, fundador y director de la Asociación Civil Cauce Ciudadano (de México) lamentó que no existan programas de desarrollo para los jóvenes y aseguró que las experiencias que tiene la organización en las áreas en que trabaja, entre ellas Ciudad Juárez, Monterrey y la zona conurbada del Valle de México, es que la mayor parte de los jóvenes se unen a la bandas por miedo; para no ser agredidos por sus miembros, y dijo que 62% de los pandilleros más violentos han sido víctimas de abuso sexual en la infancia.

En Gustavo A. Madero, los ciudadanos preocupados por el futuro del país ayudan a la organización de quienes buscan opciones a la brutal violencia en que sumieron a México y devolver a las familias a sus jóvenes y la tranquilidad perdida.