Por Jorge Bastida Rodríguez

Integrante de la Comisión Operativa del Distrito Federal y Secretario de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal 

La deliberación pública realizada en libertad es en esencia requisito insustituible para la legitimación de un Estado democrático. La libertad de expresión es una condición de existencia de un régimen democrático ya que tutela la posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas como uno de los derechos más preciados en sociedad, en la construcción de consensos y la toma de decisiones, pero representa además el cauce para la expresión de los disensos.

Con la iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones propuesta por Enrique Peña Nieto se violan derechos como la libertad de expresión y acceso a la información. En su articulado existe, de manera abierta, el doble propósito de obstaculizar el ejercicio de libertades constitucionalmente reconocidas como la libertad de expresión y de hacer de internet una herramienta que sirva de control político, con el deliberado interés de acallar expresiones de manera discrecional.

Estamos ante la presencia de una legislación regresiva que de aprobarse validaría acciones autoritarias como facultar a las autoridades administrativas a limitar el acceso a la información e impedir el ejercicio del derecho a la expresión y comunicación libre, al legitimar la censura cuando autoriza que los concesionarios no podrán interferir, discriminar arbitrariamente contenidos aplicaciones o servicios “salvo que los mismos sean legales o ilícitos”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión faculta a los concesionaros a “bloquear” Internet y los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas de manera discrecional. En efecto, el artículo 145 de esa ley contiene mecanismos de censura a Internet cuando establece la facultad a los concesionarios de bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.

En este sentido, está redactado el artículo 197 que establece en su fracción VII la facultad de las autoridades para bloquear o anular las señales de todas las bandas de telecomunicaciones, en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional”. Igualmente, los artículos 192 y 194 obligan a los concesionarios a la geolocalización de los usuarios de telefonía para intervenir sus comunicaciones y llevar un registro de dos años de sus datos.

Las referidas disposiciones son contrarias a la prohibición de censura establecida en el artículo 7º de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos en presencia de una legislación que sería el brazo para la censura y represión, instrumento propio de regímenes autoritarios, que además de impedir el trabajo de periodistas obstaculizará la documentación de violaciones a derechos humanos.

En el fondo de las iniciativas propuestas por el Gobierno Federal se encuentra su incomodidad por el nivel de penetración que a través de redes sociales han alcanzado los movimientos sociales y las manifestaciones de protesta ante distintas decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, espacio donde además se han evidenciado y denunciado violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas públicas; se ha convocado a protestas y fundamentalmente, porque Internet se ha convertido en una bandera de expresión alternativa ante la censura y complicidad de los medios de comunicación.