A 15 días de que se instale la asamblea constituyente que redactará la carta magna de la Ciudad de México, aún quedan escaños que asignar tanto por los ejecutivos federal y local como por las cámaras de Diputados y de Senadores.

A lo anterior se suma el hecho de que aún no hay ni la más mínima señal de cuál será su reglamento, las normas del debate y la votación, ni el número de comisiones que la integrarán. Los lineamientos para los debates y las votaciones serán definidos por una junta instaladora que se integrará por los cinco diputados de más edad.

La reforma política indica que será la junta instaladora la instancia que conducirá el proceso para aprobar el reglamento en el pleno.

Además, corresponderá a la junta instaladora conducir los trabajos para la aprobación del reglamento para el gobierno interior de la asamblea constituyente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser aprobado dentro de los diez días siguientes a la instalación de la asamblea.

El artículo séptimo transitorio de la reforma política establece que para su discusión y aprobación será aplicable, en lo que resulte conducente, el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

A estas alturas resulta difícil de creer que tampoco se conozca a quienes integrarán la junta instaladora porque ni el presidente Enrique Peña Nieto; ni el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, han nombrado a los seis constituyentes que corresponde a cada uno.

Como la reforma no especifica una fecha límite para tener a los diputados por designación, el Congreso debe subsanarlo. Eso es urgente, es una necesidad legislativa urgente. Las cámaras que dieron luz a esta reforma son las que tienen que resolver este tema, definirlo en sesión.

Movimiento Ciudadano no se niega al diálogo, pero podríamos abrir una discusión; porque nadie está acreditado de manera legal y todavía no estamos todos, no se puede establecer la mesa directiva.

Aunque no hay mucha luz sobre lo que será el reglamento de la asamblea constituyente, sí está definido el protocolo que se seguirá el 15 de septiembre, día de instalación de esta legislatura.

La junta instaladora estará constituida por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. El diputado constituyente que cuente con la mayor antigüedad será el presidente de esa instancia.

El presidente de la junta instaladora deberá comprobar que haya quórum para empezar la sesión; si lo hay, se empieza, y da a conocer el orden del día.

Después, tomará protesta a los demás miembros de la asamblea constituyente. Una vez cumplido este protocolo se deberá elegir a los cinco integrantes de la mesa directiva, encargada de conducir las sesiones del pleno, dar a conocer las reglas del debate, otorgar la palabra a los constituyentes y definir el tiempo que tiene cada uno para hablar.

En esa misma sesión, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deberá entregar el proyecto de constitución que elaboró el Grupo Redactor.

Coincido con aquellas voces que aseguran que la elaboración de la constitución local representa una oportunidad para ampliar derechos, fortalecer los instrumentos de participación ciudadana y reflejar la pluralidad y diversidad de la Ciudad de México.

Es verdad que la experiencia internacional evidencia que cuando se discute una nueva constitución y se genera un debate social, en casi todos los casos se ha llevado a referéndum.

Hay coincidencia de varios actores y fuerzas políticas en que el objetivo es construir una constitución cercana a la gente y no una surgida de las élites, por lo que podríamos anticipar la inclusión de temas de interés para la población, como el combate a la corrupción e impulsar su participación en procesos democráticos.

Y mientras falta el nombramiento de varios diputados constituyentes, lo que ya está listo es el borrador de constitución para la Ciudad de México. El siguiente paso es la revisión final para evitar imprecisiones, redundancias o lagunas en el texto.

Aunque no se ha precisado de cuántos artículos constará la constitución, sabemos que estará dividida en tres partes: la carta de derechos, el proyecto de ciudad y la parte orgánica.

El último tramo que faltaba era el derecho a la ciudad y la planeación urbana, y al parecer termina justamente con el tema del pacto fiscal