Réplica de Medios

La Jornada Guerrero

Esthela Damián Peralta

13 de julio de 2016

Conocer las investigaciones que existen en la PGR contra los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, ayudaría a comprender los motivos que los orillaron a llevar a cabo diversas medidas antes de que concluyan sus gestiones, para blindarse contra el Sistema Nacional Anticorrupción.

La impunidad que reinó durante la administración de ambos mandatarios estatales los hizo actuar de manera acelerada y aprobar diversas reformas que no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder.

Fue por eso que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad ante dichas acciones que emprendieron los gobernadores y los congresos locales de Veracruz y Quintana Roo.

Obligada estaba la dependencia federal a no permitir legislaciones, ni medidas que contravengan el Sistema Nacional Anticorrupción, ni que operen a modo para beneficiar a algún funcionario local.

Coincido con las voces que aseguran que un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, los sistemas estatales deben ser coherentes.

Ciertamente, las entidades federativas deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten a la norma constitucional.

Algunas de las acciones que impugnó la PGR ante la Suprema Corte son los nombramientos de contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados para combatir ilícitos de ese tipo, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Veracruz.

También, la creación ex profeso de la Sala Superior especializada, que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción.

Los decretos impugnados adolecen de vicios de inconstitucionalidad, pues fueron emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional.

Por eso es conveniente que la Suprema Corte analice las reformas en materia de combate a la corrupción, porque no es posible dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional en ese rubro. Ante este panorama, urge que el Ejecutivo federal promulgue en los próximos días la legislación que falta para su puesta en marcha.

Cabe esperar que en los próximos días las demandas que interpuso la PGR sean admitidas por un ministro de la Corte para comenzar el trámite del juicio y emplazar a los poderes ejecutivos y legislativos de ambas entidades a que defiendan las reformas correspondientes.

Desafortunadamente, las reformas legales impugnadas estarán vigentes, pues en las acciones de inconstitucionalidad la Corte no puede decretar la suspensión de las normas generales reclamadas.

Ni tardo ni perezoso, tras el anuncio de la PGR de impugnar las medidas anticorrupción en los estados de Quintana Roo y Veracruz, Javier Duarte declaró desierta la convocatoria para fiscal anticorrupción.

Además, comentó que las tres personas que había propuesto para ser nombrados por el Congreso del estado magistrados de la sala anticorrupción declinaron a esa postulación.

Javier Duarte se ha convertido en la piedra en el zapato de los priístas, y muestra de ello son las declaraciones que hizo el ex candidato del tricolor a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes, quien pidió al todavía mandatario estatal que deje el cargo, que solicite licencia definitiva, por dignidad y respeto a la investidura que hasta hoy ostenta.

Yunes no dudó en afirmar que la gestión de Duarte de Ochoa es la peor en la historia de Veracruz.

A la postura del ex aspirante priísta se sumó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza, quien anunció que los gobiernos emanados del tricolor deben asumir su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que exige la sociedad.

Muy tarde, el Revolucionario Institucional pretende deslindarse de las corruptelas de sus gobernantes.