Medio: CNN MÉXICO

Autor: Mauricio Torres

Los comicios que se realizarán dentro de un año, el domingo 7 de junio de 2015, darán la bienvenida a un nuevo actor en las contiendas electorales mexicanas: los candidatos independientes, quienes tendrán que superar diversos obstáculos para poder competir.

Será la primera vez en casi 70 años que ciudadanos sin partido podrán competir por cargos a nivel federal —en algunos estados ya lo hicieron en 2013—, luego de que el Congreso de la Unión aprobara en 2012 una reforma constitucional que contempla dichas candidaturas y, en mayo pasado, las normas que las regularán.

Sin embargo, mientras los legisladores describen este hecho como «un avance», activistas y académicos consideran que los requisitos exigidos son «excesivos», y anticipan que esto limitará la participación de los aspirantes.

Maite Azuela, del colectivo #ReformaPolíticaYa, señaló que un primer obstáculo es el número de firmas que un aspirante necesitará reunir para obtener el registro.

«Los porcentajes son altos, definitivamente», dijo en entrevista.

Una persona que quiera competir por la presidencia tendrá que recabar las firmas de al menos el 1% del electorado nacional, lo que equivale a unos 780,000 votantes. Para hacerlo, contará con un plazo de 120 días y tendrá que costearlo con sus propios recursos.

«Para juntarlas no tienes acceso a medios ni a recursos públicos. Las tienes que juntar haciendo campaña callejera, de casa en casa, en redes sociales. Le ponen muy cuesta arriba a un ciudadano el ser candidato independiente», dijo Azuela.

El porcentaje de firmas que se exigirá a un aspirante a la presidencia es mayor al que la ley demanda a las organizaciones que buscan convertirse en un partido político nacional. El requisito para los nuevos partidos es del 0.26% del electorado, lo que equivale a unas 220,000 personas, a las que las agrupaciones tienen un año para sumar como militantes.

«A un aspirante independiente se le piden casi cuatro veces más de firmas que las requeridas para formar un partido político, y además, para formar un partido político se tiene todavía un plazo mucho mayor», criticó el exdiputado federal Manuel Clouthier.

En 2012, Clouthier buscó ser candidato independiente a la presidencia, pero las autoridades electorales rechazaron su registro argumentando que ese tipo de candidaturas aún no estaba contemplado en la legislación mexicana. En 2015, tratará de ser diputado independiente por Sinaloa, su estado natal.

Para quienes quieran ser candidatos al Senado, el mínimo de firmas será del 2% del electorado de la entidad correspondiente, mientras que para los aspirantes a diputado federal será del 2% del distrito electoral.

Antes de solicitar el registro, además, todos los aspirantes tendrán que constituir una asociación civil con al menos tres integrantes: el propio aspirante, su representante legal y un tesorero.

Para ello, deberán acudir ante el gobierno federal y un notario público, un trámite que cuesta al menos 6,000 pesos, según activistas consultados.

«Piedritas en el camino»

A decir de activistas y académicos, esos requisitos complicarán el camino a los aspirantes y derivarán en que únicamente consigan registro aquellos que tengan mayores recursos.

«Se regularon las candidaturas, pero se regularon con un conjunto de requisitos excesivos, fuera de toda proporción, irrazonables, y el mensaje que da la clase política es que es una figura que no le simpatiza, y entre más piedritas en el camino se le puedan poner, mejor», dijo en entrevista César Astudillo, especialista en temas electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El abogado Luis Pérez de Acha, también experto en materia electoral, coincidió en que los requisitos son «desproporcionados e inviables» y, además, incluyen una «trampa procesal» porque la ley no permite que un aspirante acuda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si sus derechos se violan durante la solicitud de registro.

Con esos argumentos, Pérez de Acha presentó ante el propio TEPJF un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con el que busca echar abajo la nueva legislación federal.

Las candidaturas independientes se incluyeron en la Constitución con la reforma política de 2012, luego de haber estado prohibidas desde 1946. Ese año, la ley electoral estableció que la facultad de postular candidatos es exclusiva de los partidos políticos, según explica el magistrado Manuel González Oropeza, integrante del TEPJF, en un artículo publicado hace dos años.

A nivel federal, la figura debía haber quedado reglamentada en agosto de 2013, pero esto se postergó hasta el mes pasado debido a la falta de acuerdos entre las bancadas.

En el ámbito local, la mayoría de las entidades aún debe emitir su propia reglamentación sobre el tema. El primer estado que lo hizo fue Zacatecas, donde el aspirante independiente Raúl de Luna incluso ganó la alcaldía del municipio General Enrique Estrada, en las elecciones locales de julio de 2013.

Requisitos altos pero «cumplibles»

Marco Baños, uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó emitir una opinión sobre los requisitos que se exigirán a los candidatos independientes y dijo que la regulación de esta figura es «un avance» en materia de derechos políticos.

El senador René Juárez Cisneros, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de los que participó en la discusión de las reglas para las candidaturas independientes, consideró por su parte que la legislación no es restrictiva.

«Creo que es un avance importante. Los requisitos son cumplibles. Por supuesto, no son sencillos, porque el reto de quien tiene una aspiración para participar como candidato, en lo que se refiere a presidente de la República, es que sin duda tiene que ser alguien que tiene una representatividad, una aceptación en amplios sectores sociales», dijo el legislador en entrevista.

«Aquí lo importante es que ya está reconocida en la ley la participación de las candidaturas independientes, y si a lo largo de los próximos meses hubiera que hacer algunos ajustes, habrá la apertura de nosotros para revisar cualquier situación que consideremos pueda entorpecer la libre participación de los ciudadanos», agregó Juárez.

A pesar de estos argumentos, sin embargo, los activistas insisten en que el Congreso desaprovechó el momento para favorecer a las candidaturas independientes y dicen que con las reglas aprobadas, incluso, se les pone en riesgo de fracasar.

«Yo no veo a las candidaturas independientes como la solución de un sistema poco democrático, pero sí me parece que ventilan, refrescan el sistema», dijo Azuela.

«Por eso creo que era una buena oportunidad para que se regularan de una manera menos conservadora, más abierta, más confiada, y que se les dieran posibilidades, y creo que como se diseñaron finalmente están un poco destinadas a fracasar», concluyó