Artículo 1

1. UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN

Durante décadas la implantación de modelos de desarrollo ajenos a nuestra realidad y los desaciertos en la formulación y práctica de políticas gubernamentales sin el sustento de la voluntad democrática de los mexicanos, alejaron a nuestro país de toda posibilidad para lograr mejores niveles de bienestar colectivo, enfrentando a la población a muy serias dificultades.

El saldo histórico acumulado ha derivado en grandes desafíos que deberán ser resueltos en el futuro inmediato: deterioro general en el ingreso y en las condiciones de vida de la población; desempleo generalizado; baja calidad de la educación; crecimiento acelerado de la pobreza y concentración excesiva de la riqueza; una crisis en el sector agropecuario y un notorio proceso de desindustrialización. Además, la inseguridad, la impunidad, la injusticia y la violencia política que agravian a una sociedad que cada día confía menos en las instituciones.

Por otra parte el país ha emprendido un proceso de transición democrática, que deberá profundizarse, sustentarse y consolidarse en reglas que perfilen el nuevo sistema político que demanda nuestra sociedad. Un nuevo sistema producto de la acción política y no de la acción burocrática. Un sistema incluyente que contemple la creación de espacios para nuevos actores y aliente la participación de corrientes y formas de organización política regionales y locales.

Los retos que hoy enfrenta la nación no pueden ser abordados con actitudes excluyentes, ancladas en el pasado, invocando un futuro que nunca llega, o pensando en una sociedad que ya no existe.

El centralismo, la ausencia de consensos entre los poderes de la federación y el inadecuado funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, la discrecionalidad y la corrupción en la procuración e impartición de justicia, aunado a la insuficiencia de espacios y canales de participación política, se contrapone a los avances de una sociedad cada vez más critica y plural, que exige el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y su participación en los procesos democráticos del país, en síntesis, en la construcción del nuevo Estado democrático.

Convergencia es un partido integrado por mexicanas y mexicanos conscientes de la necesidad de buscar, con el concurso de toda la sociedad, Un Nuevo Rumbo para la Nación, en cuyo proyecto se incluyen oportunidades de progreso para todos, y por medio del cual se busca fortalecer la República, lograr la estabilidad y la tranquilidad social que nos permita consolidarnos internamente y nos permita participar con firmeza en el concierto de las naciones.

Convergencia suscribe los valores y los principios de la Socialdemocracia renovada, tales como: la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo, la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros; reconoce la necesidad de respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo momento por una justicia social para todos los que habitamos este país.

En suma, es una opción que se compromete a impulsar políticas que permitan que todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades, luchando por un desarrollo sustentable, equitativo y justo.

Para Convergencia, la Socialdemocracia hoy, representa una orientación política que acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades materiales, pero al mismo tiempo tiene como objetivo fundamental la intervención del Estado para asegurar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos de una manera que se asegure una vida cabal y plena para toda la sociedad.

Artículo 2

2. UNA NUEVA POLÍTICA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

En la actualidad, la sociedad mexicana es diferente y demanda nuevas formas en el hacer y en el quehacer políticos. Una nueva sociedad que admite constructivamente su pluralidad y que es producto de regiones diversas, estados y municipios diferentes. Una nueva sociedad que desea que el mérito anteceda al privilegio, y que se sabe diferente a las visiones simplistas del centralismo. De ahí la necesidad de diseñar, con la participación comprometida de la ciudadanía, una nueva política para una nueva sociedad.

Una nueva política que considere la libre manifestación de las ideas y el respeto a la diferencia de los individuos como la base de la convivencia civilizada y del desarrollo democrático de la sociedad. Una nueva política, sin simulación ni engaño, que sea esperanza de cambio, inclusión y progreso. Una nueva forma de hacer política, que garantice la seguridad ciudadana, facilite el acceso a la impartición de justicia, evite la impunidad y la corrupción, y propicie la paz y la estabilidad social.

Los reclamos sociales del presente se constituyen en los retos a los que habrá de responder la agenda política que busque el cambio y la renovación de la nación. Los retos quedan de manifiesto de manera cotidiana, cuando el Estado resulta ineficaz ante la violencia creciente que sufren los ciudadanos; cuando los prestadores de bienes y servicios abusan de los consumidores, tanto en materia de precios como de calidad.

En la construcción de la Nación, los retos se manifiestan cuando los actores y las fuerzas populares no pueden organizarse libremente para contender por los puestos de elección popular; cuando los candados de gobernabilidad excluyen y no incluyen; cuando los acuerdos políticos federales, obvian, olvidan y desprecian la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios; cuando se pretende evitar que la sociedad civil sea cada día más una sociedad política.

Nuestra propuesta política contempla una nueva ética en el ejercicio del poder. Una nueva actitud política que impida la formación de camarillas o grupos de interés ajenos al pueblo; que propicie la sana competencia electoral sin ventajas para ningún partido y genere la construcción de nuevos espacios y consensos que garanticen la organización de la sociedad de manera incluyente y civilizada.

Proponemos, en suma, una nueva forma de hacer política que responda a los sentimientos de la nación, de cara a una nueva sociedad y de frente a un mundo competitivo y global como lo establece la realidad actual.

Artículo 3

3. TRANSICIÓN POLÍTICA CON RUMBO Y ESTABILIDAD

Convergencia propone que la transición política que debe emprenderse en el país, debe propiciar los cambios que la sociedad requiere para contar con un país que tenga rumbo y estabilidad, porque estamos convencidos de que la transformación estructural que se requiere, es tan profunda y compleja, y toca expectativas, maneras de pensar y pautas de comportamiento tan extendidas y arraigadas, que seria difícil modificarlas en un plazo corto, y podría violentarse el precario equilibrio que mantienen los actores políticos y las estructuras sociales en la actualidad.

La dimensión de la transición y la dirección de la misma las debe establecer la propia sociedad. Todo cambio que se induzca debe darse en la medida y proporción que la sociedad lo requiera, y a través de la construcción de grandes consensos, porque la imposición vertical o violenta de un nuevo orden social puede generar inestabilidad y resentimientos que en el mediano plazo se puedan volver agravios y motivos de discordia.

Los cambios sociales deben darse de manera gradual, atendiendo no solamente a las condiciones de la circunstancia histórica interna, sino también a los factores de carácter internacional, poniendo especial cuidado en las relaciones de nuestro país con la zona desarrollada de Norteamérica y los países Latinoamericanos.

El rumbo es la condición y la esencia que le da certidumbre a la transformación que nos proponemos impulsar en la estructura de la sociedad mexicana. Y ese rumbo lo brinda la ideología, que es el conjunto de opiniones y creencias que todos compartimos y que es el producto de las luchas de nuestro pueblo y de nuestra tradición histórica.

El rumbo que postulamos tiene que ver con la democracia, entendida como demanda impostergable de mayor participación popular en las decisiones políticas fundamentales, así como en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de todos los mexicanos; dos grandes objetivos que a lo largo de casi dos siglos de vida independiente, se han revelado como constantes en el pensamiento y la acción del pueblo mexicano.

El postulado de una transición con rumbo debe enriquecerse con el ingrediente inseparable de la estabilidad social, como condición indispensable para lograr la paz y la tranquilidad que toda comunidad requiere para alcanzar su desarrollo integral.

Artículo 4

4. UN PARTIDO DE LA SOCIEDAD

Convergencia es un partido que aspira a ser enlace entre la sociedad y el poder institucional para hacer posible el cumplimiento de las demandas del pueblo. Un partido que se constituya en instrumento político de la nueva sociedad para concertar la voluntad y la acción de quienes desean participar y colaborar con otros ciudadanos en la tarea de forjar Un Nuevo Rumbo para la Nación.

Nuestro partido se sitúa a la vanguardia de la Socialdemocracia y tiene la firme voluntad de unir sus esfuerzos con las fuerzas políticas del país para hacer realidad nuestro ánimo de progreso y conservar lo mejor de nuestras experiencias históricas.

Entendemos que el proyecto de modernización del país no debe ser la expresión de un propósito personal o de grupo, si no una propuesta de transformación social que debe enriquecerse con las aportaciones de nuestra sociedad diversa y plural. Nuestro partido, es un espacio político abierto, en el cual pueden participar las mujeres, los hombres, los jóvenes y las organizaciones sociales, interesados en debatir e impulsar estrategias para que México avance por el camino de la democracia social y pueda lograr una inserción exitosa en el nuevo contexto internacional, generando oportunidades de progreso para todos los mexicanos.

Como organización de mexicanos, identificados con el respeto a las libertades, a la disidencia y a la tolerancia, nos pronunciamos por una competencia civilizada para alcanzar el poder y por conducir, invariablemente, nuestras actividades partidistas por medio de los cauces de la ley, por la vía pacífica y privilegiando, en todos los casos, los conductos democráticos.

Como partido político nacional, Convergencia reconoce la obligación de observar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y las instituciones que de ella emanen. Así también, de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 21 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, fiel a su postura nacionalista y a su autonomía política, establece que no subordinará sus actos, mediante pacto o acuerdo, a ninguna organización internacional o partido político extranjero y que no aceptará apoyos políticos, económicos o propagandísticos de las instituciones y personas que la ley prohíbe expresamente.

Nuestro partido asume el compromiso de representar los intereses nacionales y proyectar las necesidades regionales, realizando aportes para la resolución de los problemas locales, a fin de contribuir a la estabilidad política y social del país.

Artículo 5

5. LA SOCIEDAD CIVIL

Fuente originaria de la energía que nutre al poder político y referente ético de legitimidad en el ejercicio del mismo, Los miembros de la sociedad y sus organizaciones constituyen, con el individuo, la razón de toda acción, particular o colectiva. Ningún proyecto político puede prosperar y mantener vigencia con estabilidad, si no tiene como sustento el interés y la participación de los sectores mayoritarios de la sociedad.

Ante la complejidad de los problemas que componen la agenda nacional, y dada la composición heterogénea y plural que caracteriza a la sociedad mexicana de inicio de siglo, Convergencia se pronuncia por una mayor apertura de opciones a la participación popular en la toma de las grandes decisiones y en el conocimiento de la información que se requiere para formar un criterio objetivo en la opinión pública.

La sociedad civil ha buscado canales de expresión y participación en los asuntos que competen a todos y se ha manifestado por medio del surgimiento de agrupaciones civiles y organizaciones sociales. Estas formas de participación requieren de los espacios necesarios para sus manifestaciones y formas de lucha. Es necesario crear los mecanismos legales que garanticen el respeto del poder público hacia las organizaciones no gubernamentales y hacia todas aquellas que enarbolen causas ciudadanas.

La iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, deben ser instrumentos privilegiados al servicio de la sociedad civil para dar sentido y contenido democrático a la administración pública. De ahí, la importancia de que sean incluidos en nuestra Constitución Política para normar acciones de los tres niveles de gobierno.

Se trata de estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la comunidad. En suma, se trata de compensar y complementar la participación política de la ciudadanía en aquellos asuntos de primordial importancia o de carácter general que permitan corregir desvíos y acotar la actuación de los gobernantes y servidores públicos que pudieran ser contrarios a la voluntad ciudadana.

Artículo 6

6. POLÍTICA

La política permite realizar los valores de la democracia y darle un sentido a la libertad. Su práctica implica el ejercicio prudente y oportuno del poder, y cuando se hace uso de los instrumentos que pone a nuestro alcance, la solución de los conflictos pasa al plano de lo posible.

La negociación, el diálogo, el trato civilizado, la construcción de consensos, la confrontación razonada de los puntos de vista opuestos, la tolerancia, el empleo de argumentos y no de acciones autoritarias y represivas, nos rescatan como seres humanos y nos dignifican frente al adversario y frente a la sociedad.

Eso es la política: arreglo pacífico de controversias y no choque entre fuerzas ciegas.

Artículo 7

7. DEMOCRACIA

La democracia no es un concepto que se agota en los procesos de elección de los representantes populares en el gobierno o en el ejercicio del poder público; es una forma de vida que se traduce en una participación activa y sistemática de las mayorías en las decisiones que transforman la estructura social, y en la cual las minorías gozan de los derechos de representación y organización necesarios para defender sus ideas y el contenido y el valor de tales determinaciones.

Consideramos que la democracia participativa debe ir más allá de la recuperación, por parte del pueblo, de su posibilidad de influir en la toma de decisiones; en realidad, se trata de un concepto en permanente transformación que debe extenderse, como sistema de vida incluyente y corresponsable, a mayores oportunidades en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural.

La transición a la democracia se consolidará en México si se cumplen tres premisas fundamentales:

a) la transformación del sistema político y de los tres órdenes de gobierno;
b) el fortalecimiento del sistema electoral autónomo e imparcial; y
c) la apertura de manera definitiva de los canales de participación, tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos, para que estos puedan establecer alianzas y coaliciones ante circunstancias diversas.

Como lo demuestra el proceso histórico universal, la democracia debe ser un sistema en movimiento constante hacia formas cada vez más incluyentes de representación política y conducción gubernamental, por eso es necesario lograr que los principios que le dan forma y contenido penetren en las conciencias de los individuos y en las prácticas institucionales; de igual manera, se requiere la presencia de ciudadanos cada vez más decididos a defender sus derechos individuales convencidos de la importancia que tiene el asumir sus responsabilidades colectivas. La democracia debe manifestarse en todas sus modalidades, debe ser directa, participativa y pluralista, en suma, debe consolidar el nuevo Estado democrático.

Artículo 8

8. LIBERTAD E IGUALDAD

Convergencia postula que la libertad y la justicia social son principios inseparables que encuentran su expresión en el Estado de Derecho y que el fortalecimiento de la sociedad civil sólo puede darse con mujeres y hombres libres en una sociedad justa, pues una sociedad marcada por la pobreza y la exclusión de la mayoría, no puede garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas. El reto histórico del Estado mexicano, en la instauración de la democracia integral, radica en lograr la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, sin destruir su libertad; en hacer realidad los derechos sociales sin inhibir la iniciativa, creatividad, talento e imaginación de los individuos y comunidades, y en luchar por una sociedad justa que destierre prácticas que permiten la explotación de los individuos. La reforma social que postulamos busca erradicar la pobreza y llevar a cabo un proyecto basado en el respeto de las libertades, el fortalecimiento de nuestros valores democráticos y la ampliación de las oportunidades de ascenso social de los mexicanos. La estrategia propuesta, se orienta a transformar realidades, para lograr que una economía fuerte y con capacidad de crecimiento sea el soporte material del bienestar colectivo, aunada al desarrollo de una cultura cívica que coloque la solidaridad y la corresponsabilidad humanas como sus fundamentos éticos.

Artículo 9

9. JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La idea de justicia parte del reconocimiento de dar a cada quien lo que le corresponde según su esfuerzo y de conformidad con lo que marca la ley. La injusticia se produce cuando se originan desequilibrios y desigualdades en las relaciones humanas. Estas disparidades pueden llegar a producir resentimientos y agravios que dan origen a conflictos sociales, ingobernabilidad, anarquía y autoritarismo, fases de un círculo vicioso indeseable y políticamente aniquilante. En un auténtico Estado de Derecho la ley se debe aplicar a todos por igual, sin distinciones ni privilegios; la función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio personal o de grupo; los gobernantes se deben obligar a rendir cuentas sobre el ejercicio de su función, y la sociedad debe vigilar el estricto y cabal cumplimiento de las tareas encomendadas a sus mandatarios. Justicia y seguridad para todos sin privilegios ni trato discriminatorio, es uno de los más relevantes postulados de nuestra propuesta política. Por ello, estamos dispuestos a convocar y alentar una gran cruzada nacional que permita la recuperación de la seguridad pública perdida y el restablecimiento de un orden social basado en el consenso y en la participación activa de todos los sectores de la población. Proteger la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de los seres humanos es una obligación ineludible del Estado. La integridad de las personas y la seguridad de sus bienes es una acción que no puede esperar. La sociedad mexicana merece vivir en paz, sin zozobras ni temores, para dedicarse en la tranquilidad al trabajo productivo. En un Estado democrático se requiere de mecanismos que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial y apartidista de las quejas de la ciudadanía, porque aparte de impedir y corregir los abusos, la misma vigilancia logra mayor confianza en las instituciones públicas. Es propósito de nuestro partido pugnar porque en la impartición y procuración de justicia desaparezcan la incidencia de prácticas corruptas, la lenidad y la sujeción del Poder Judicial respecto del Ejecutivo a fin de erradicar la impunidad que tanta frustración y malestar causa a la sociedad mexicana. En este sentido, nuestro partido se pronuncia por la extensión constitucional de la competencia legal de los organismos públicos de protección de los derechos humanos hacia otros ámbitos sociales, tales como los aspectos ecológicos y de preservación de la paz social, así como los económicos y otros que puedan ser vulnerados. Las importantes contribuciones que realizan en la defensa de los derechos humanos las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s), ameritan la promoción de reformas legislativas tendientes a la regulación y protección de sus actividades.

Artículo 10

10. NACIONALISMO

México como nación es el resultado de un proceso histórico de búsqueda y afirmación de su ser. Los grandes movimientos sociales de nuestra historia dan forma y contenido a las definiciones fundamentales de nuestro proyecto nacional. Somos poseedores de un valioso patrimonio social, resultado del desarrollo de valores y experiencias que a lo largo de varios siglos, consolidaron una cultura y una identidad colectiva de gran fortaleza, que se concreta en nuestro nacionalismo. El nacionalismo que nuestro partido se propone fortalecer y en el que sustenta su acción política y social, es un nacionalismo democrático que contiene la experiencia de las luchas del pueblo por alcanzar su independencia y lograr la defensa de su soberanía; un nacionalismo que expresa los rasgos más valiosos de nuestra identidad comunitaria, de nuestras raíces multiétnicas y de nuestras convicciones colectivas; un nacionalismo que convoca a la unidad en torno a la dignidad de la persona, la integridad de la familia y el interés general de la sociedad en la preservación de derechos y obligaciones, al margen de privilegios e intereses particulares.

Artículo 11

11. SOBERANÍA E INDEPENDENCIA

México es una nación orgullosa de su pasado y de su origen pluriétnico, con una historia y una cultura que se reflejan en la estructura del Estado, producto de los procesos sociales, que en el curso de los dos últimos siglos definieron nuestro perfil político. Las agresiones del exterior, las guerras civiles y los debates respecto a nuestro régimen institucional, nos dieron una perspectiva que nos permite ahora apreciar con certeza las dimensiones y el valor de dos cualidades inherentes a nuestra nación: soberanía e independencia. Como mexicanos estamos unidos en torno a recursos, valores, tradiciones y símbolos integrantes de un patrimonio común, que le da sentido a la vida, porque representa el legado histórico de diversas generaciones de hombres y mujeres que lucharon y aportaron lo suyo para darnos patria y libertad. Esta herencia constituye el legado moral que mantiene unido a nuestro pueblo frente a las adversidades y las asechanzas que pueden poner en riesgo su existencia, su razón de ser y su viabilidad como nación. Entendemos la soberanía como nota de dignidad del poder popular en lo interno, y como exigencia de trato igualitario en lo externo. Consideramos la independencia como sinónimo de capacidad de autodeterminación en las decisiones que afecten la estabilidad, el destino y el rumbo de la nación. Debemos buscar ser universales como lo demandan las condiciones históricas de nuestro tiempo, sin dejar de ser nacionales. No entendemos nuestra soberanía como sinónimo de autarquía o aislamiento, sino como una integridad estatal, histórica y culturalmente definida, que nos permite participar sin perjuicio de nuestra identidad, en un escenario internacional marcado por la interdependencia y la globalización. Preservamos nuestra soberanía porque es condición de libertad y de justicia, asegurando la vigencia del ARTÍCULO 39 Constitucional que confiere a la nación el manejo de sus asuntos políticos, sociales, económicos y culturales y en las decisiones que sobre ellos se adopten, prevalecerá el interés de la nación por encima de cualquier otro de carácter particular e inclusive sobre las pretensiones derivadas del carácter global de la economía, en cuanto éstas menoscaben o pongan en riesgo la independencia y la dignidad de la nación, o se atente contra la integridad territorial, de nuestros mares y plataformas continentales y de nuestros recursos naturales.

Artículo 12

12. POR UN ESTADO DE DERECHO SOCIALMENTE RESPONSABLE

Como expresión de la sociedad políticamente organizada, el Estado es una estructura social sujeta a reglas claras y a responsabilidades manifiestas, que norman el comportamiento de los órganos mediante los cuales se ejerce el gobierno y regulan las relaciones que se dan entre las personas y entre éstas y las instancias del poder público. Estas reglas y estas responsabilidades derivan de las leyes que conforman el derecho vigente, que es la referencia común a partir de la cual se asumen los derechos y se hacen exigibles las obligaciones en una sociedad civilizada. La autoridad de los individuos que encarnan a los órganos de gobierno deriva de la legitimidad que les otorga su origen democrático, pero también de la regularidad jurídica de sus actos en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, el Estado, como toda organización social, o política, tiene la exigencia básica de plegarse tanto en su constitución como en su operación, a los lineamientos que le marca el orden jurídico cuya norma fundamental, que es la manifestación más alta de la voluntad popular, le da origen, estructura, competencia, responsabilidades, atribuciones y deberes. Conforme a las aspiraciones definidas históricamente por el pueblo, el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de actuar socialmente con eficiencia y de garantizar a la población el ejercicio de sus libertades, y el disfrute de los mínimos de bienestar social. Es obligación del Estado, también, participar en la regulación de los procesos económicos asegurando a la sociedad una justa distribución de la riqueza nacional; procurar la paz y estabilidad social, garantizando la seguridad de las personas y de sus bienes; además, es sudeber ineludible el mantener la soberanía de la nación sobre los recursos naturales estratégicos y frente a las acechanzas del exterior, así como la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad. El Estado mexicano, en suma, no puede ni debe renunciar a las responsabilidades que históricamente le ha conferido el pueblo en aras de corrientes ideológicas en boga o acciones impuestas por organismos financieros internacionales y que resultan ajenas a nuestra realidad. Por eso es que requerimos de un Estado de Derecho socialmente responsable, fuerte, justo y equilibrado, capaz de respaldar el proyecto histórico de los mexicanos.

Artículo 13

13. DIVISIÓN DE PODERES

En el pasado la acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en el Poder Ejecutivo, provocó excesos inaceptables en la práctica que dieron como resultado un presidencialismo autoritario. Por ellos es ya una exigencia social la puesta práctica de un auténtico equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables para un ejercicio de poder de manera civilizada, democrática y apegada al Estado de Derecho. Es de considerarse que las reformas al ejercicio del poder, no se traduzcan en un debilitamiento a ultranza del Ejecutivo. Se trata de evitar sus excesos, no de paralizar su actividad, conservándole aquellas facultades que le sean necesarias para la conducción de la política y el desarrollo nacionales. Es indispensable llevar a cabo las reformas necesarias para fortalecer el Poder Legislativo, tanto en el orden federal como en el de los estados, para que recupere el poder popular que dimana de su representatividad. En cuanto al Poder Judicial, es absolutamente indispensable fortalecer su autonomía real, mediante la integración y formación de sus órganos de gobierno interno y la determinación de sus propios presupuestos, que garanticen su autonomía frente al Poder Ejecutivo. La modernización del Poder Judicial precisa de una revisión profunda de cuyo análisis se desprenda una reforma que ponga al día la función, con eficacia, de la impartición de la justicia.

Artículo 14

14. FEDERALISMO

La concentración del poder en el Ejecutivo contribuyó al establecimiento de prácticas centralistas, contrarias a nuestra vocación histórica, que han sido obstáculo incluso para el desarrollo del país. Es indispensable que los estados y los municipios, incrementen su autonomía y libertad en el ejercicio de sus atribuciones y que se establezcan mecanismos para su participación en la toma de las decisiones federales que les afecten. Del mismo modo, habrá de proponerse el establecimiento de nuevas instancias de gobierno que faciliten el desarrollo de las comunidades dispersas o de aquellas regiones con particularidades comunes, por dificultades de la división político-territorial. La ley deberá considerar atribuciones diferenciadas entre los municipios convertidos en grandes concentraciones urbanas y aquellos de carácter rural, a fin de otorgarles un trato justo en sus diferentes niveles de desarrollo y características específicas. El nuevo federalismo que proponemos deberá incluir una redistribución del poder y un reparto racional y equitativo de los recursos de la nación, considerando las particularidades regionales, su historia, su cultura, sus recursos y su nivel de desarrollo. Si queremos realmente fortalecer nuestra democracia, debemos reforzar la vida municipal. El municipio debe rescatar su condición de célula básica de la democracia, y ser modelo de vida comunitaria. Por ello, los ayuntamientos deben fortalecer su economía mediante la fijación de sus presupuestos y el manejo del destino de sus recursos, formulando, asimismo, sus propios planes de desarrollo. El fortalecimiento político de los estados reclama, por otra parte, la democratización de su vida interna, en la que su soberanía debe estar por encima de los dictados del poder central. Se debe lograr la restauración de las funciones del Senado de la República, a partir del replanteamiento de sus facultades y atribuciones. Particularmente, en función de su relación con el Poder Ejecutivo Federal, a fin de reivindicar su papel como representante de las entidades federativas y como órgano corresponsable de la política internacional. Los procesos de descentralización deberán ser realistas y tomar en cuenta las necesidades y las demandas de las regiones. Las políticas públicas federales deberán construirse con una dinámica que vaya de la periferia al centro y no al revés. Consecuentemente, la descentralización deberá llevarse de manera cabal y extenderse a otras actividades que hasta ahora aún son materia exclusiva de la capital de la República, pero que, como en todo régimen federal, exigen el contenido de las aportaciones regionales. Los planes y los programas de desarrollo no deberán, jamás, volver a ser instrumento de control político y asignación clientelar de los recursos. El México actual reclama una visión de conjunto, en la cual su grandeza como país descansa en la fortaleza de sus regiones.

Artículo 15

15. LA SOCIEDAD

La sociedad mexicana atraviesa por un proceso acelerado de cambios en su estructura y en su composición que reclama nuevos formatos y pautas en el hacer y el quehacer político. La nueva política que postulamos busca garantizar los mínimos de bienestar social en materia de empleo, educación, salud, vivienda, alimentación y recreación, a todos los mexicanos. Sin embargo, para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo se necesita una política social de Estado que propicie la igualdad de oportunidades para toda la población, modere los efectos de la pobreza y sea instrumento para lograr una mejor distribución de la riqueza nacional; además, se requiere de la promoción y el respeto de los formatos organizativos que, de manera espontánea, surgen hacia el interior de las comunidades. La sociedad, mediante las políticas generadas por sus representantes en el gobierno y con la insustituible participación ciudadana, debe ser la promotora de su propio desarrollo. Para ello, se deben erradicar los modelos de atención social paternalista, de carácter clientelar y discriminatorio, que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse por sí mismo.

Artículo 16

16. EDUCACIÓN

Mediante el proceso educativo la información y las pautas culturales fluyen de generación en generación, y se socializan y se transforman los seres humanos y las instituciones. Nuestra Constitución postula en su artículo tercero una serie de derechos, requisitos y condiciones que otorgan razón, forma y sustento al sistema educativo nacional y proponen el perfil del mexicano ética y socialmente deseable. La cultura y la educación son parte indivisible de la formación ciudadana. Son un derecho de todos los mexicanos sin distinción de edades, sexo, origen étnico, condición económica, religión o lugar de residencia. Para una sociedad como la nuestra, el establecimiento y operación de un sistema educativo, orientado a formar a las mujeres y a los hombres para el despliegue integral de sus capacidades, constituye una acción de la más alta prioridad. La educación, con contenidos y orientación nacionales deberá atender simultáneamente las diferencias y particularidades regionales, del mismo modo que deberá atender a las exigencias que trae aparejadas el nuevo orden internacional. Es necesario hacer de la educación un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica, y de la escuela un medio para inducir la comprensión, el estudio y el dominio de las tecnologías y de sus principios generales, en beneficio de la comunidad. La política educativa deberá privilegiar el fortalecimiento de las universidades públicas, garantizar su autonomía académica y favorecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico, y la calidad de la enseñanza, como elementos fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra independencia.

Artículo 17

17. ECONOMÍA CON ROSTRO HUMANO

La actividad económica debe quedar sujeta no sólo a reglas de orden técnico, sino también a normas de orden ético y a valores humanos. Más allá de sus propósitos cuantitativos, todo orden económico debe atender a la justa redistribución de la riqueza social y propiciar el respeto a las libertades y prerrogativas de la persona y de la comunidad. La política económica aplicada en las últimas décadas provocó crisis recurrentes que deben ser desterradas del horizonte futuro, para ello deberán superarse las distorsiones de un modelo cuyo saldo negativo ha recaído en los sectores sociales y productivos. Se ha destruido y debilitado la base productiva de la nación favoreciéndose la especulación financiera. Se ha permitido la concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas familias acentuándose el deterioro general en el ingreso y en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Se ha propiciado, además, la inserción desfavorable del país en la economía globalizada incrementándose su vulnerabilidad y dependencia. El resultado de lo anterior se ha traducido en un clima de violencia, inseguridad, impunidad e injusticia que agravia a una sociedad que cada día confía menos en las instituciones. El Estado no puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes económicos la riqueza de la nación. Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, es necesario establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad. México demanda una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder, ajeno al sentir popular y carente de sensibilidad social. En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se necesita un modelo mediante el cual el Estado estimule y oriente, con la participación de todos los sectores productivos de la sociedad, la actividad económica. Un modelo que corrija las injusticias en la distribución de la riqueza nacional, y establezca controles sobre los actos que lesionen la estructura económica del país. Al Estado corresponde establecer los medios y las instituciones democráticas que permitan dar agilidad, eficacia y orientación a la economía nacional, así como cuidar que sean los valores humanos los que rijan la estructura y las relaciones productivas que definen la economía del país, sin que esto signifique caer en soluciones populistas o esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía. La justicia económica requiere de la participación armónica de los particulares, las organizaciones sociales, el Estado y la comunidad internacional. Es necesario reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran desafío consiste en generar empleo e incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. Es tiempo de establecer un modelo económico con rostro humano, que permita traducir el cuidado de las cifras macroeconómicas en el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Artículo 18

18. EL CAMPO MEXICANO

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta la política económica del Estado mexicano favoreció un esquema en el que se privilegió el crecimiento de la planta industrial, subordinando el desarrollo agropecuario a las necesidades de la industria nacional. Durante décadas, el campo proporcionó insumos y mano de obra barata para fortalecer un proceso de industrialización-urbanización que debilitó la economía rural. En los últimos años la situación se agravó aún más, con motivo de la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal. En efecto, en aras de la supuesta modernización de la economía se han impuesto prácticas y políticas ajenas a nuestra realidad que se han reflejado en la reducción progresiva del gasto público y de los apoyos reservados al campo, baja productividad, descapitalización y el empobrecimiento generalizado de las familias campesinas y de los productores del medio rural. Para lograr la urgente modernización del campo se requiere de la comprometida y decidida participación del Estado mexicano, que debe orientar y promover una política de desarrollo rural integral acorde a nuestra idiosincrasia, con respeto a las costumbres de cada región del país, y que responda a las necesidades y el sentir de nuestra gente. Se trata de articular programas de amplia proyección en donde el Estado apoye y complemente de manera eficaz las iniciativas de superación de las familias del México rural. En la elaboración y puesta en práctica de los programas de desarrollo agropecuario y forestal, es necesario desechar las prácticas centralistas y crear los instrumentos políticos y legales que propicien la participación de los estados y de los municipios en la implantación de los esfuerzos institucionales en la materia. Resulta de gran importancia afianzar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, en sus diferentes modalidades. Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los campesinos y a los productores mexicanos la capacitación, los elementos técnicos y los apoyos directos para promover el desarrollo integral y sustentable del campo y con ello mejorar la calidad de sus productos y alcanzar los ingresos que mejoren sus niveles de vida. Para Convergencia, elevar al máximo competitivo la actividad de los productores y trabajadores del campo es un tema central. Debemos lograr que el país dé a sus inversionistas, productores, posesionarios legales de la tierra y a los trabajadores del agro, los estímulos y la calidad de vida digna exigibles en el siglo XXI. Todo ello redundará en el rescate del campo y el arraigo digno y urgente de los mexicanos que le dedican su vida y esfuerzo a esta actividad económica estratégica.

Artículo 19

19. LOS TRABAJADORES

La clase obrera en México es un actor social, forjado durante los procesos históricos que se produjeron en el país durante el siglo pasado. Sobre ella ha recaído gran parte del peso de nuestros avances y del costo de nuestros estancamientos y retrocesos. Sobre los obreros mexicanos se han hecho sentir los efectos de una modernización que no solamente los ha empobrecido sino que también les ha cancelado toda posibilidad de mejoramiento, de justicia y de esperanza. A la manipulación corporativista se han sumado ahora las pretensiones sin decoro de aminorar su papel social como factor de cambio y de progreso, al aniquilar a la pequeña y mediana industria y ampliar con ello los márgenes de la desocupación y de la miseria. Voto cautivo, liderazgos corruptos e ilegítimos, salarios mínimos indignos, explotación inicua, empobrecimiento social y moral, y uso discrecional de su fuerza política, han sido algunas de las constantes adversas a las que los trabajadores mexicanos han tenido que hacer frente para sobrevivir y constituirse en uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico del país. Nos pronunciamos por un régimen jurídico-laboral, tanto en la letra de la Ley como en la práctica, que responda a los mínimos que la fuente fundamental de nuestro derecho social, la Constitución, establece como garantía de justicia en favor de la clase trabajadora: salario remunerador y equitativo, jornada de trabajo justa, derecho de huelga, seguridad social, régimen optativo de retiro, afiliación sindical libre, prestaciones sociales, así como todo aquello que otorgue a los trabajadores la posibilidad de elegir libremente a sus representantes y de relevarlos en su liderazgo, si su desempeño es de honestidad dudosa. Nos declaramos contrarios a toda forma de control corporativo respecto de las organizaciones sindicales de trabajadores. En consecuencia, será compromiso de nuestra organización diseñar una política y desarrollar una estrategia que conduzca al fortalecimiento de la vida sindical del país, y que genere una estructura de tipo regional y local, basada en la solidaridad y en la fraternidad gremial, no en la línea vertical de control y manipulación que caracteriza al corporativismo. Es una exigencia histórica inexcusable, no sólo para nuestro partido sino para toda organización social y política que se precie de proponer un proyecto democrático, impulsar a los trabajadores y a sus organizaciones, para incorporarlos de manera responsable y productiva, en los procesos de modernización de nuestra economía.

Artículo 20

20. ECOLOGÍA

México es poseedor de una riqueza natural abundante. Sus recursos son amplios y diversos: extensas superficies de bosque, grandes cuerpos de agua, gran diversidad de flora y fauna, tierras fértiles y otras recuperables, constituyen un patrimonio de inapreciable valor para la existencia humana. De particular importancia resulta resolver la contradicción entre desarrollo y protección ambiental. El reto fundamental radica en la posibilidad de resolver las necesidades presentes de la población sin afectar ni comprometer el futuro de las próximas generaciones. Es de suma importancia promover una nueva cultura ecológica en todos los niveles y ámbitos de la sociedad para promover la conservación y explotación racional de nuestros recursos naturales. De la mayor importancia es la preservación de nuestros recursos forestales, acuíferos, pesqueros, agrícolas y ganaderos, fortaleciendo, al mismo tiempo, la conciencia nacional que impida que nuestro país se convierta en receptor de desechos peligrosos y contaminantes. Convergencia dará la batalla por consolidar una agenda para el desarrollo del país, sustentable y efectivo.

Artículo 21

21. NUEVA ÉTICA POLÍTICA

El poder político es la expresión más genuina de la voluntad popular. Alcanzarlo constituye un mérito y también una gran responsabilidad. Su ejercicio supone ecuanimidad, equilibrio y honestidad en quien lo asume. El político y los servidores públicos, para ejercer con sentido ético la energía que el pueblo deposita en sus manos, deben apegar estrictamente sus acciones a lo dispuesto por la ley; evitar las decisiones arbitrarias y caprichosas, y confrontar cotidianamente sus propósitos con las directrices de la voluntad democrática que les asignó la responsabilidad de disponer y usar transitoriamente del poder emanado de la sociedad. Por ello, debe ser parte de la formación de los ciudadanos con vocación política, adquirir la preparación adecuada para desempeñar con eficacia las responsabilidades que les confiera el mandato ciudadano y, al mismo tiempo, una formación humanista que les permita ubicar en el centro mismo de sus decisiones y quehaceres, al ser humano y sus necesidades más apremiantes. El poder debe ser legal y legítimo. La legalidad es una sanción formal que acredita el apego real de los actos de poder a la norma. La legitimidad es un atributo del poder que se ejerce acatando el mandato de la ley y obedeciendo la voluntad del pueblo. En este sentido, es necesario desarrollar una cultura de combate a la corrupción, a la impunidad y a la aplicación parcial de la ley, e instituir una verdadera rendición de cuentas por parte de los servidores públicos que permita cumplir con la exigencia social de un manejo transparente y honesto de los recursos públicos.

Artículo 22

22. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

En Convergencia creemos que para consolidar el proyecto de nación al que aspiramos es indispensable la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, en igualdad de oportunidades y condiciones de equidad.