Movimiento Ciudadano, manifiesta su compromiso con la sociedad mexicana de conjuntar su voluntad política para definir y conducir sus acciones hacia el establecimiento de Un Nuevo Rumbo para la Nación, tal como lo determina su Declaración de Principios.

El presente Programa de Acción parte de una estrategia fundada en nuestras realidades y experiencias históricas, valora la creatividad y la inteligencia política de los mexicanos y tiene como propósito lograr que México sea un país en el que la democracia, la competencia civilizada, la igualdad de oportunidades, el respeto a las libertades y la tolerancia, sean parte de nuestra vida común.

Nuestros objetivos sólo podrán llevarse a cabo mediante una intensa participación ciudadana, llena de connotaciones sociales y políticas, que se concrete en una alianza productiva y eficaz de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. De ahí que propongamos opciones que buscan articular la dinámica de nuestra organización con la energía comunitaria de la sociedad mexicana para que, a partir de los postulados que define nuestra Declaración de Principios, prefigure objetivos y metas en torno a un propósito común que nos permita alcanzar el gran Acuerdo Nacional, que haga posible la consecuciónde nuestras coincidencias fundamentales.

Para dar cumplimiento a nuestra propuesta ideológica y ofrecer opciones viables que se traduzcan en una nueva política para una nueva sociedad nos comprometemos a seguir los lineamientos y a luchar por el logro de las metas del siguiente Programa de Acción:

I. POLÍTICA Y DEMOCRACIA

La política es un medio al servicio de los más altos fines humanos y una profesión para quienes asumen como responsabilidad cotidiana la tarea de dirigir y gobernar a su comunidad.

La democracia es el elemento fundamental en la constitución de toda organización política que aspire a la consolidación de una sociedad abierta y justa. Por ello, es necesario extender las oportunidades de participación ciudadana a sectores cada vez más amplios del conglomerado social, en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno.

Vamos a utilizar la política para darle un sentido ético al ejercicio del poder y encontrar con todos los mexicanos Un Nuevo Rumbo para la Nación, en un marco de respeto a nuestras libertades. En ese orden de ideas proponemos las siguientes líneas de acción:

El poder al servicio de la sociedad

1. Buscar y obtener el poder político, por la vía pacífica y democrática, para servir a los más altos fines de la sociedad mexicana. Debemos privilegiar la política

2. La actividad política no puede ser privilegio de unos cuantos. Debemos privilegiar la acción política, para convertirla en una actividad humana regulada por principios éticos y jurídicos, animada por propósitos sociales y abordada con altura de miras. De ahí, la importancia de pugnar por el establecimiento de un sistema democrático incluyente que permita utilizar los recursos de la política como instrumentos fundamentales del cambio pacífico.

Una nueva cultura política

3. Propiciar el establecimiento de una nueva actitud democrática en todos los órdenes de la vida nacional. Para ello, será necesario coadyuvar al establecimiento y promoción de los valores de una nueva cultura política que sustituya las prácticas autoritarias, la intolerancia y el dogmatismo, para dar paso a una actitud de respeto al adversario, tolerancia y comportamiento civilizado en la contienda política.

Nuevos canales de participación democrática

4. La nueva política que reclama nuestra sociedad, requiere de la acción decidida de todos los mexicanos. Es necesario abrir canales de participación en todos los niveles de la sociedad: en las pequeñas comunidades y en los grandes centros urbanos; en las pequeñas y en las grandes organizaciones sociales. Ningún esfuerzo sobra en el gran propósito de llevar a México a un régimen verdaderamente democrático, alejado de cualquier vestigio autoritario y represivo.

Consulta permanente a la sociedad civil

5. Establecer un sistema permanente de consulta a la sociedad civil sobre las condiciones políticas, económicas y de todo signo que la afecten, a fin de mantener informado y actualizado el criterio del partido sobre las preferencias e intereses del electorado en torno a temas fundamentales de índole nacional y regional.

Programa Nacional de Formación Ideológica y Capacitación Política

6. Establecer y aplicar el Programa Nacional de Formación Ideológica y Capacitación Política que permita preparar a nuestros dirigentes y militantes buscando inculcarles valores, pautas y actitudes que correspondan a la nueva política que demanda una sociedad más crítica y exigente, en un marco de tolerancia, respeto al adversario y reconocimiento de los derechos que a todos los ciudadanos les asisten en la lucha política.

Promover un verdadero régimen de partidos

7. Promover el fortalecimiento de un verdadero régimen de partidos, con fundamento en una amplia reforma jurídica consensada, que establezca las bases que se requieren para la sana competencia política y permita hacer del sufragio una auténtica manifestación de la voluntad popular.

Partidos políticos regionales

8. Con el objeto de fortalecer la democracia en la vida nacional, se debe propiciar laformación de partidos políticos regionales, que contribuyan al fortalecimiento de ésta en los municipios y en las entidades federativas, creando al mismo tiempo, las condiciones jurídicas que les permitan realizar convenios de colaboración y alianzas con otras organizaciones políticas.

Afiliación partidista individual

9. Pugnar para que la afiliación de los trabajadores y campesinos a los partidos políticos se realice de manera individual, buscando acabar con las prácticas de la afiliación corporativa de los mismos.

Alianzas y coaliciones de partidos

10. Promover reformas a las leyes en la materia con el fin de eliminar los obstáculos políticos y burocráticos para que los partidos políticos tengan la posibilidad de formar alianzas y coaliciones, presentar candidaturas comunes y realizar otras estrategias de operación política que perfeccionen nuestro sistema de partidos y fortalezcan la vida democrática del país.

Fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales

11. Promover de una manera decidida la consolidación y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales respecto del Poder Ejecutivo, en todos sus ámbitos: federal, estatal y municipal

Reformar el calendario de elecciones

12. Es necesario reformar el calendario de elecciones dado que actualmente da lugar a un gran desperdicio de recursos humanos, técnicos y financieros en virtud del traslape que se produce entre los procesos electorales federales, estatales y municipales. No es posible distraer permanentemente a la ciudadanía y a las autoridades, en la organización de múltiples procesos electorales. De ahí que nuestra propuesta consista en realizar las adecuaciones necesarias a las legislaciones federal y estatales, a efecto de que se realicen, sexenalmente, sólo dos procesos electorales:

En el primero, se elegirían junto con el Ejecutivo Federal, a los miembros del Congreso de la Unión, la mitad de los gobernadores de las entidades federativas, las autoridades municipales, y los miembros de las legislaturas locales. En el segundo, que constituiría las elecciones intermedias, se elegirían, junto con los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, a la mitad de los gobernadores, a las autoridades municipales y a los miembros de las legislaturas locales.

II. UNA SOCIEDAD CIVIL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA

Como fuente de legitimidad del poder formal, la sociedad civil es también la expresión unificada de la voluntad popular y requiere de un eficiente sistema de participación en las grandes decisiones políticas, así como de los medios que le permitan concurrir de manera responsable en las instancias y entidades encargadas de la vigilancia, evaluación y control de la función pública. Por ello proponemos:
Institucionalización de la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum

13. Es necesario diseñar una nueva forma de articulación entre el gobierno y la sociedad, mediante el establecimiento de un sistema permanente de consulta a la sociedad civil, a través de la elevación a nivel constitucional de la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum. Concebidos éstos como instrumentos privilegiados al servicio de ésta para dar sentido y contenido democrático a la administración pública. Se trata de estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la comunidad.
Sociedad civil y gobierno

14. Promover y desarrollar valores y actitudes que propicien además de la participación democrática de la sociedad civil en la vida política del país, una actitud vigilante hacia el desempeño de la función pública, a fin de generar una cultura ciudadana de combate a la corrupción de los servidores públicos y una permanente demanda de eficacia en el desempeño de los deberes que corresponden a las personas que sirven al Estado.
Seguridad jurídica a las organizaciones no gubernamentales

15. Plantear iniciativas de ley que permitan otorgar a las organizaciones no gubernamentales un estatuto específico que les asegure la regularidad jurídica de su estructura, el alcance de su competencia y, sobre todo, un régimen de respeto a sus actividades frente al poder público.
Fortalecimiento de la cultura ciudadana

16. Incorporar en los planes y programas de estudio de las instituciones del sistema educativo nacional, asignaturas y contenidos que conduzcan a la formación de una cultura ciudadana bien informada en torno a temas tales como democracia; participación cívica y política; derechos humanos; instancias públicas y privadas de procuración, patrocinio o defensa de derechos ciudadanos básicos; información jurídica elemental y esquemas y procedimientos comunes a los diferentes mecanismos de
enjuiciamiento en los cuales el ciudadano medio pueda verse involucrado.
Candidatos ciudadanos

17. Proponer las reformas legales necesarias para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, tanto en el ámbito nacional como regional y municipal.

III. REFORMA DEL ESTADO

El sistema político mexicano atraviesa por una de las crisis más agudas de su historia. Las instituciones y las prácticas políticas vigentes no responden a las exigencias y reclamos de la sociedad. Las diferentes reformas políticas llevadas a cabo han sido insuficientes, al no originarse en propósitos claros de largo alcance y profundidad, sino en la necesidad de resolver, de manera coyuntural, presiones políticas impostergables.
Los cambios que la sociedad mexicana espera, requieren de la modificación de los fundamentos sobre los cuales descansa la estructura del Estado, que es la expresión unificada de la sociedad. La acumulación de facultades metaconstitucionales y legales en torno al poder Ejecutivo, contradice los principios democráticos en que se funda el régimen republicano. La supremacía que de hecho ejerce en México el Ejecutivo Federal sobre los demás poderes, los estados y los municipios, resta a todos, dignidad y eficacia, y rompe el fundamento de la organización democrática federal.
La reforma del Estado mexicano debe replantearse a la luz de un acuerdo nacional que además de superar las urgencias del presente se proyecte hacia el futuro. Nuestra propuesta es en favor del fortalecimiento del Estado en función de lo que le es común con la sociedad.
El México moderno requiere de la construcción de un Estado auténticamente democrático, que equilibre la disparidad que hoy presentan algunas instituciones con respecto al ordenamiento constitucional, que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, las garantías individuales y sociales y los derechos de la nación sobre sus recursos naturales.
La transición política que ha emprendido México, deberá cumplir los anhelos democráticos de una sociedad dispuesta a participar de manera corresponsable, en la construcción de un proyecto renovado de nación.
Para ello el régimen autoritario que prevaleció por décadas, moralmente corrupto, socialmente excluyente y económicamente ineficiente, debe ser reemplazado plenamente por un sistema político eminentemente democrático que garantice la transformación estructural del Estado, lo cual implica no sólo reconocer al pueblo su poder original, sino respetar su derecho a un sufragio efectivo y hacer de la ley el cimiento de la organización estatal.
Para que la reforma del Estado mexicano pueda prosperar en beneficio de nuestra sociedad, es indispensable realizar la redistribución de facultades y competencias constitucionales que garanticen el equilibrio y la armonía en la correlación de poderes, e igualmente, revisar el contenido y alcance de nuestras instituciones y prácticas federalistas.
Para que un Estado sea moderno, debe estar comprometido con la estabilidad y la armonía sociales. La modernización del Estado mexicano deberá ser el producto de una profunda consulta popular en la que participen todos los actores y fuerzas políticas del país y debe reflejar la pluralidad de nuestra sociedad. De ahí que consideremos indispensable:
Un auténtico equilibrio de poderes

18. La acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en torno al Poder Ejecutivo, ha provocado excesos inaceptables en la práctica que han dado como resultado un presidencialismo autoritario. Por ello es ya una exigencia social la puesta en práctica de un auténtico equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables para un ejercicio del poder de manera civilizada, democrática y ajustada a Derecho.

De ahí la importancia de dar vigencia a los principios de la división de poderes y a la promoción de niveles de colaboración entre ellos, de conformidad con nuestra Constitución para que cada uno de los poderes, tanto en la Federación como en los estados, atiendan los requerimientos de la voluntad popular y no se sometan a los dictados del titular del Poder Ejecutivo.

Redefinir las atribuciones del Poder Ejecutivo

19. Es necesario redefinir las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, a partir del análisis de las bases constitucionales que regulan sus estructuras y determinan la calidad de su relación con los poderes Legislativo y Judicial.

Se debe circunscribir al Poder Ejecutivo a las facultades y atribuciones que le marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que haga uso de las facultades metaconstitucionales que lo asemejan a una monarquía sexenal, en detrimento de la vida democrática de México.

Es de considerarse que las reformas al ejercicio del poder no se traduzcan en un debilitamiento a ultranza del Ejecutivo. Se trata de evitar sus excesos, no de paralizar su actividad, conservándole aquellas facultades que le sean necesarias para la conducción de la política y el desarrollo nacionales.

Fortalecimiento y dignificación del Poder Legislativo

20. Promover las acciones jurídicas y políticas necesarias para que el Congreso asuma plena y responsablemente su categoría de Poder, a través del ejercicio eficaz de las facultades exclusivas o concurrentes que a la Cámara de Diputados y a la de Senadores atribuye la Constitución, no sólo para legislar, sino para contribuir a la correcta orientación política de la Administración Pública, y para que ejerza el control de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición de cuentas y de la
exigencia de responsabilidades en el manejo de los recursos públicos. En este sentido es pertinente llevar a cabo las reformas que permitan el fortalecimiento del poder legislativo, tanto en el ámbito federal como en el estatal para recuperar el poder popular que dimana de su representatividad. No sólo se trata de realizar reformas legales, es necesario también que los legisladores cumplan con el mandato popular y ejerciten a plenitud las facultades que por derecho les corresponde.

Es indispensable promover las adecuaciones legales pertinentes que permitan facultar al Congreso para:
a) El establecimiento de controles eficaces a fin de que las actividades del ejecutivo se apeguen a lo estipulado en la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen.

b) Recibir para su revisión y aprobación las propuestas de nombramientos de los servidores públicos del primer nivel de la administración pública federal cuyas funciones se relacionen con la procuración e impartición de justicia, sin demérito de la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, la seguridad nacional, la seguridad pública y la supervisión y el manejo de las instituciones financieras y de seguros.

c) Participar con mayores facultades en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales correspondientes.

Modernización del Poder Judicial

21. Impulsar una revisión profunda del funcionamiento del Poder Judicial de cuyo análisis se desprenda una reforma que permita la integración y formación de sus órganos de gobierno interno y la determinación de los presupuestos que garanticen su modernización, su autonomía respecto del Ejecutivo, y una eficaz impartición de justicia.

La soberanía de los estados y la autonomía municipal

22. Promover la descentralización política como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento de la autonomía municipal.

Planes de gobierno y participación ciudadana

23. Impulsar la participación de la comunidad para que los planes y programas de gobierno, tanto en el ámbito local como nacional, se ajusten a las demandas, expectativas y necesidades de la población. Se deberán promover también, reformas a las leyes locales para que los ciudadanos, por conducto de sus representantes de colonia, barrio o comunidad, reciban la información oportuna sobre la gestión de gobierno, el ejercicio del presupuesto y la obra pública.

Modernización de la administración pública

24. Modernizar la administración pública federal a fin de elevar la calidad del servicio al público, mejorar los sistemas de recaudación y administración fiscal, establecer un control más estricto sobre la inversión e instituir el servicio civil de carrera.

Integración de gobiernos plurales

25. Somos parte de una nueva sociedad. La época del partido único en el gobierno, va dando paso a nuevas formas de hacer política que reclaman el concurso y la participación de todos. De ahí, que resulte inaplazable el promover la integración de gobiernos que reflejen la variada composición de la sociedad mexicana, según el peso específico de cada partido político de conformidad con los resultados electorales. En la medida que seamos capaces de reconocer la representatividad de las diferentes
fuerzas políticas en la integración de los gobiernos tanto a nivel federal, como estatal y municipal, estaremos contribuyendo al fortalecimiento de nuestra vida democrática para dejar atrás la época del ejercicio autoritario y unipersonal del poder.

Descentralización de funciones a los estados y municipios
26. Promover la descentralización política, como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento del municipio libre. Generando una redistribución real del poder entre la federación, los estados y los municipios de conformidad con las demandas de la nueva sociedad mexicana.

Autonomía financiera a los estados y municipios

27. Modificar el actual sistema de coordinación fiscal con el fin de encontrar nuevas fórmulas para recaudar y asignar, a los estados y a los municipios, los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de su población, logrando también, su autonomía financiera con respecto de la federación. Con esta medida se evitará la entrega arbitraria, discrecional y clientelar de los recursos que ha obstaculizado el verdadero desarrollo de las regiones del país, y sólo ha contribuido a agudizar la pobreza de grandes núcleos de población.

Fortalecimiento del municipio libre

28. Promover las reformas legales que permitan la actualización del marco jurídico en que se desenvuelve el municipio libre a efecto de que pueda hacer frente éste, de manera adecuada y ágil, a las demandas de una sociedad plural, más preparada y más consciente de su responsabilidad. Esas reformas deberán, por lo menos, considerar los siguientes puntos:

a) Fortalecimiento de la autonomía municipal para que los ayuntamientos sean lospromotores de su propio desarrollo.

b) Establecimiento de normas que regulen la discusión y aprobación de los principales problemas comunitarios en sesiones de cabildo abiertas a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.

c) Creación de nuevas instancias de administración regional que promuevan el desarrollo de zonas con características comunes y que permitan la coordinación de dos o más municipios, especialmente en los enclaves rurales de población predominantemente indígenas.

d) La propuesta para la realización de una profunda reforma fiscal que permita el fortalecimiento y la diversificación de las fuentes de ingresos municipales.

e) Un plan de desarrollo municipal que incluya un programa especial que contemple las acciones y los recursos necesarios para el fortalecimiento de las zonas rurales.

f) Un programa de protección civil que consolide el atlas municipal de riesgos, jerarquía de responsabilidades ante la comunidad y medidas preventivas para casos de desastre.

g) Programas que permitan la integración de las mujeres y de los jóvenes al desarrollo de la comunidad y les signifiquen oportunidades de empleo, recreación y mejoramiento individual.

Restauración de las funciones del Senado de la República

29. Promover las reformas legislativas necesarias que permitan lograr la restauración de las funciones del Senado de la República, a partir del replanteamiento de sus facultades y atribuciones. Particularmente, en función de su relación con el Poder Ejecutivo Federal, a fin de reivindicar su papel como representante de las entidades federativas y como órgano corresponsable de la política internacional.

El Derecho es el medio por el cual se da forma a las organizaciones humanas. Su eficacia está supeditada a la existencia y permanencia de acuerdos básicos que permiten establecer de manera consensada las normas generales que regulan el comportamiento social.

La estructura jurídica debe ser concomitante con la realidad. No obstante, en aras de esta necesidad o para legitimar acciones de sucesivos gobiernos, nuestro marco normativo, desde la propia Constitución Política, ha sufrido incontables modificaciones que rompieron su uniformidad. Así, en tanto existen normas avanzadas, otras han quedado en el desuso, confrontando internamente posiciones en fondo y forma y disparidades que volvieron complicado y hasta contradictorio nuestro acervo legislativo.

La reforma del Estado y de sus instituciones y las nuevas reglas de su operación, suponen un nuevo orden político al que debe corresponder, necesariamente, un nuevo orden jurídico.

El nuevo orden jurídico deberá contener las respuestas a las demandas y aspiraciones de la sociedad. El nuevo orden jurídico debe reflejar el nuevo orden institucional. Se trata de actualizar nuestro sistema legal desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias, tanto en los niveles federal como locales.

Es necesario transitar de un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho. De ahí, la necesidad de actualizar, a partir de las nuevas normas e instituciones, el conjunto de leyes generales y reglamentarias, a fin de lograr el establecimiento de un orden jurídico congruente, armónico y complementario. En consecuencia, proponemos:

Una Nueva Constitución

30. Realizar una revisión democrática de los contenidos constitucionales, tanto en lo referente a la organización política como en lo concerniente a los derechos subjetivos públicos y a las restantes instituciones que en la ley fundamental se establecen, con objeto de diseñar una agenda de temas básicos para ser debatidos en el seno de un Congreso Constituyente.

Un nuevo orden jurídico socialmente consensado

31. Se debe realizar un análisis detenido de las condiciones que actualmente prevalecen en la sociedad y un debate extenso a partir del cual se pueda llegar a una agenda nacional que fije los puntos centrales de lo que se estime revisable en la actual estructura jurídica. De ahí, la importancia de reconstruir la estructura política del Estado mexicano, a partir de un nuevo orden jurídico socialmente consensado, que le permita a la nación contar con un gobierno que efectivamente ajuste sus actos a derecho y a la voluntad popular.

La seguridad pública, la procuración e impartición eficaz de justicia, y el respeto a los derechos humanos requieren de una activa participación ciudadana. La tranquilidad ciudadana y la paz social, son condiciones indispensables para la viabilidad de cualquier propósito humano.

La delincuencia organizada disminuido considerablemente la confianza de la población en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción de éstos.

Los órganos de procuración e impartición de justicia viven permanentemente presionados, y en algunos casos penetrados por la delincuencia organizada, limitando la acción del Estado en su combate. A esto se debe agregar el desequilibrio que aún persiste en la correlación de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual obstaculiza la autonomía de este último y pone en tela de juicio el principio de imparcialidad en sus decisiones.

Todos estos factores, aunados a la creciente vulnerabilidad de los derechos humanos, han dado lugar, particularmente en las grandes ciudades, a una atmósfera de inseguridad ciudadana asfixiante y a la evidente pérdida de la tranquilidad y paz públicas, circunstancia que tensa y muchas veces rompe el tejido social. De ahí que estimemos conveniente proponer las siguientes líneas de acción:

Reestructuración de los órganos encargados de la impartición de justicia

32. Promover la realización de una consulta nacional cuyas conclusiones permitan elaborar una serie de reformas al marco jurídico vigente, tendientes a proponer la reestructuración de los órganos encargados de la procuración e impartición justicia, así como de los organismos de seguridad pública.

Participación del Poder Legislativo en la elección de los miembros del Poder Judicial

33. Que al igual que en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participe el Congreso de la Unión, en la designación de Jueces y Magistrados Federales, decidiendo a partir de una terna de candidatos propuestos por el propio poder judicial.

Participación del Poder Legislativo en el nombramiento y remoción de los cuerpos de seguridad pública y del Ministerio Público

34. Que se institucionalice la opción para que el Poder Legislativo participe en la designación y remoción de los integrantes que tengan mando y autoridad del Ministerio Público y de las corporaciones de seguridad pública.

Supervisión de la comunidad en la seguridad pública

35. Formular e integrar mecanismos que propicien la organización de la comunidad en la supervisión de las acciones de seguridad pública que se desarrollen en su respectivo ámbito territorial, a efecto de combatir la corrupción y la impunidad que hoy caracterizan a la mayor parte de los cuerpos policíacos.

Control de los cuerpos privados de seguridad

36. Realizar las reformas jurídicas necesarias que propicien la supervisión y el control de los cuerpos privados de seguridad, con el propósito de evitar la formación de comandos particulares cuya acción suele revertirse en contra de la sociedad.

Reforma penitenciaria

37. Sentar las bases que permitan realizar una reforma penitenciaria que contemple la adopción de medidas realmente eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio a los internos, la tortura, el consumo y tráfico de drogas, y que ponga especial énfasis en los programas de readaptación para que estos operen con eficacia en provecho de la reincorporación social de los sentenciados.

Combate al narcotráfico y desaliento al consumo de drogas

38. Combatir el tráfico de drogas agravando las penas de los delitos contra la salud y para tipos delictivos afines o conexos. En paralelo con el concurso de los medios de comunicación y por medio del sistema educativo nacional, se deben realizar campañas de orientación y prevención dirigidas a la sociedad en general y a los jóvenes y niños en particular, con el fin de lograr que la población de nuestro país rechace el consumo de drogas o cualquier otro tipo de sustancias que causen adicción y daños a la salud.

Revisión del marco jurídico en materia de derechos humanos

39. Analizar y replantear las bases y los criterios que actualmente sustentan el marco jurídico que organiza y regula la actuación de las instancias oficiales en materia de defensa de los derechos humanos para evitar, entre otras situaciones anómalas, que la elección de los titulares de dichos órganos se haga por parte del Poder Ejecutivo y mediante la vía de la discrecionalidad y la designación vertical. En ese mismo sentido es necesario pugnar por el establecimiento de requisitos que garanticen la objetividad y la imparcialidad de las personas que ocupan los cargos en la defensa de los derechos humanos. La designación de los titulares de estas instituciones debe basarse en normas y criterios que impidan que el desempeño de dichos cargos sea tomado como escalón de carreras políticas o administrativas, pues tal hecho desvirtúa su función.

Combate a la corrupción de los servidores públicos

40. Actualizar los tipos punibles y las sanciones que consignan la ley y el Código Penal en materia de ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública, incorporando un capítulo que se ocupe de definir los casos en los que, mediante la complicidad de los servidores públicos o aprovechándose de los vacíos u omisiones de la ley, los particulares obtienen beneficios en perjuicio del patrimonio de la sociedad y de la nación.

En ese mismo sentido, se deberán emprender medidas que permitan la participación de la sociedad a la hora de presentar y formular denuncias, y que el sistema de sanciones y penas que se apliquen sea lo suficientemente justo para evitar que el ejercicio de las mismas constituya un incumplimiento a la sociedad.

Una medida importante para combatir la corrupción es trasladar la función de control del patrimonio de los servidores públicos al Órgano Superior de Fiscalización, para que la Cámara de Diputados pueda fincar la responsabilidad política, administrativa o penal, según el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos.

Contra los abusos en el ejercicio del poder

41. Replantear la lucha contra la corrupción y los abusos en el ejercicio del poder, superando la práctica de acciones que utilizan al Poder Judicial y a los órganos encargados de la impartición de justicia, como elementos de represión de las personas o grupos cuyas ideas y comportamientos no coinciden con los criterios de quienes ejercen el poder público.

El pasado mediato
Durante el siglo XX México experimentó profundas transformaciones que son un reflejo de las aspiraciones y la voluntad de la mayoría de la población. Esas transformaciones imprimieron al Estado su carácter tutelar sobre los factores de la producción, permitieron al Gobierno Federal asumir comprometidamente el carácter de promotor de la actividad económica y el empleo, y afianzaron su papel como árbitro de las relaciones económicas entre los sectores privado y social.

Sin embargo, el principio tutelar del Estado y su carácter de promotor económico generaron prácticas administrativas discrecionales y un exceso de la intervención estatal en la economía. Estos modelos hicieron crisis al inicio de los años setenta, tanto por las condiciones económicas y políticas internas, como por la terminación de la etapa de estabilización y crecimiento económico del mundo occidental, surgida a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

Al final de esta etapa se produjeron grandes cambios en las relaciones internacionales y en sus instituciones, y surgieron nuevas ideas acerca del papel del Estado. Con base en estas ideas se cuestionaron severamente las políticas económicas y sociales hasta entonces aplicadas, especialmente en los países en desarrollo.

Aun cuando el entorno internacional se había transformado drásticamente, ante el falso dilema de cambiar o profundizar la huella del camino recorrido, durante toda la década de los setenta, el Estado mexicano agudizó la aplicación de sus políticas intervencionistas sobre buena parte de la vida nacional e institucional; de manera relevante el Gobierno Federal amplió su acción administrativa hacia estados y municipios, trastocando las bases reales del pacto federal. Los resultados obtenidos fueron cada vez más adversos, tanto por lo que hace a la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, como por la creciente dependencia de los recursos externos provenientes de instituciones financieras privadas.

Las consecuencias se agudizaron a principios de la década de los años ochenta, a partir de la crisis inducida por el petróleo y el déficit fiscal y comercial de las economías desarrolladas, factores que generaron, a escala internacional, las tasas de interés más elevadas de los últimos cincuenta años, lo que llevó a países como México al borde de la insolvencia financiera.

El pasado reciente Durante la década de los ochenta, los países desarrollados emprendieron una reestructuración económica al amparo de la liberación de los mercados y del libre movimiento de capitales. Los países del sudeste asiático irrumpieron en la arena internacional como fuertes proveedores de manufacturas, bajo el aliento de políticas públicas que impulsaron ventajas competitivas de sus economías; en tanto que la región latinoamericana entró en un proceso recurrente de crisis de ciclos cortos. Crisis durante las cuales se reestructuraron pasivos con el exterior, se privatizaron buena parte de las empresas públicas y se alcanzaron indicadores macroeconómicos sanos. Sin embargo, los resultados sociales obtenidos y la miseria de decenas de millones de ciudadanos terminaron por agudizar debilidades económicas estructurales, invalidando las políticas de apertura económica y cuestionando la no-intervención del Estado en la economía.

En este contexto de crisis recurrentes, México inició la segunda mitad de la década de los noventa con una de las mayores contradicciones económicas experimentadas en el siglo pasado, lo cual a significado la destrucción de un alto porcentaje de su aparato productivo, elevados índices de desempleo y una drástica caída en los niveles de consumo y bienestar de la población. Paradójicamente, se intentó solventar la crisis desde la esfera del gobierno federal, inyectando recursos públicos para salvar de la quiebra a ciertos agentes económicos privados, especialmente bancos y empresas constructoras. La intervención estatal evitó así que operara la disciplina del mercado sobre un minúsculo grupo de empresarios, disciplina que debería castigar las ineficiencias económicas y beneficiar a los consumidores.

Lo ilógico y socialmente injusto radica en el hecho de que el Estado intervenga, mediante la inyección de recursos públicos, para sostener un modelo económico que ha resultado ineficaz para el conjunto de la economía, pero rentablemente positivo para unos cuantos beneficiarios directos de este nuevo tipo de intervencionismo. Presente y futuro Los resultados de las políticas públicas instrumentadas para combatir la crisis del inicio de los años ochenta—especialmente la caída del poder adquisitivo de los salarios en virtud de la inflación y la disminución drástica de los subsidios—generaron un gran descontento popular. Paralelamente, el servicio de la deuda pública externa, abultada por los pasivos privados asumidos ante los agentes externos por el gobierno federal, y las medidas aplicadas para combatir las tasas crecientes de inflación, produjeron un crecimiento muy bajo de la economía y un abundante desempleo. Los resultados económicos se convirtieron en fuente de crítica hacia las políticas públicas, en un ambiente de amplia especulación financiera y del tipo de cambio.

Por otra parte, desde finales de los años setenta se integra a la burocracia gubernamental un grupo de jóvenes técnicos—la mayor parte de ellos preparados en el extranjero—sin formación política, carentes de sensibilidad social y con escasa experiencia en el desempeño público, quienes acceden al poder y cubren, rápidamente, los espacios políticos de la burocracia gubernamental y los cargos del partido en el gobierno. Este grupo, en connivencia con un segmento del llamado capital financiero, condujo a la nación a la peor crisis económica de la segunda mitad del presente siglo, con su secuela de pobreza, corrupción, impunidad e injusticia. El programa político y económico de estas élites, de supuestos visos modernizadores — con una década de retraso en su referente internacional y sin consideración alguna de la historia y el compromiso social del Estado mexicano— se manifestó en el llamad neoliberalismo, que tan funestos resultados ha tenido para la mayoría de la población.

Ante este panorama, México demanda una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder, ajeno al sentir popular y carente de sensibilidad social.

Es necesario reconocer que en materia de desarrollo económico y social, el gran desafío que enfrenta nuestro país consiste en incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. En las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, se necesita un modelo económico participativo mediante el cual el Estado promueva, estimule y oriente —con el concurso de todos los sectores productivos— el desarrollo en beneficio de la sociedad, sin que esto signifique caer en soluciones populistas ni esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía.

Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, el Estado debe establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.Por ello es necesario mantener un control estatal —como en la mayoría de los países desarrollados— sobre los sectores estratégicos de la economía e intervenir en la regulación de las actividades en las que el mercado, por falta de controles institucionales y normativos, podría dejar de atender demandas sociales y generar graves distorsiones en el proceso de desarrollo que terminarían por perpetuar las desigualdades sociales y acentuar la dependencia de la economía nacional en el exterior.

Por otra parte, para que la política económica tenga el éxito deseado y cumpla los objetivos de justicia social que propicien la distribución equitativa de la riqueza, se requiere de la confianza de los distintos agentes económicos en las instituciones, para lo cual es necesario que haya congruencia entre el decir y el hacer de nuestros servidores públicos.

El Estado, conjuntamente con los sectores productivos, debe crear las bases y apoyar el desarrollo de las ventajas competitivas del país. Bajo el principio de una economía abierta, los sectores público, privado y social habrán de convenir las políticas sectoriales que garanticen en el mediano plazo la plena competitividad de nuestra economía. El país debe dejar de ser un exportador de mano de obra barata para convertirse en una auténtica economía nacional inserta activamente en la economía mundial.

El modelo económico deberá comprender, básicamente, dos vertientes:

La primera debe atender nuestra realidad interna mediante la instrumentación de una política de desarrollo industrial que propicie la reactivación y la modernización de la planta productiva, aliente la creación de empleo, permita la formación de capital, fortalezca el mercado interno, y logre la consolidación de las cadenas productivas que vinculen el sector externo con el resto de la economía.

La segunda, debe servir para hacer frente a la globalización con la ejecución de acciones que promuevan la producción de bienes y servicios para la exportación. A ese respecto, es importante impulsar una nueva cultura en las relaciones entre empresarios, obreros, campesinos, maestros y trabajadores en general y gobierno, para aliarse en torno a una nueva política industrial y de desarrollo agropecuario forestal y pesquero, que vincule e integre al sector exportador con el resto de las actividades productivas. Una nueva cultura económica basada en la productividad, la innovación, la capacitación y la corresponsabilidad y el reconocimiento de los derechos de todos.

Nuestro acceso a la globalización no puede simple y llanamente agotarse en la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos de América. Nuestro mercado interno deberá ser atendido pertinentemente, tanto con relación a la demanda de insumos y materias primas, como en lo relativo al consumo final. Hoy los productores nacionales no tienen que salir al exterior para enfrentarse a la competencia externa; nuestros mercados intermedios y finales están abarrotados de productos extranjeros, muchas veces de baja calidad y como resultado de prácticas comerciales desleales. Por ello, se deben aplicar en reciprocidad, las mismas normas, criterios y prácticas que se aplican a nuestras exportaciones. Además, en unión con nuestros exportadores, el gobierno deberá estar pendiente para reclamar y litigar contra toda práctica de comercio desleal. Se requiere, también, de la cancelación de barreras de entrada y combatir las prácticas injustas para la comercialización de productos y servicios mexicanos en el exterior.

La desregulación económica ha terminado en un libertinaje en el que prevalecen prácticas oligopólicas de comercio y de servicios que constituyen un abuso sobre los consumidores. Toda desregulación significa la estructuración de nuevas normas, más pertinentes a la producción y al empleo y a la inserción competitiva de la economía nacional en el contexto mundial.
La desregulación debe tener como objetivo fundamental la búsqueda de la eficiencia económica, el fortalecimiento de mercados competitivos y prácticas comerciales sanas, en beneficio último de la propia sociedad. De igual manera, la desregulación significa el fortalecimiento y creación de nuevas instituciones, encargadas del control y supervisión de áreas en las que ya no opera directamente el Estado, o sobre las cuales se ha cancelado a la burocracia la posibilidad de prácticas administrativas discrecionales y aún actitudes y conductas patrimonialistas.

Es indispensable considerar a la pequeña y mediana industria y al sector agropecuario, forestal y pesquero como partes estratégicas de las cadenas productivas internas, cuyas rupturas han creado el ciclo perverso de que a mayor crecimiento de la economía los resultados de éstas, son deficitarios. Este ciclo normalmente, ha terminado por beneficiar el empleo de nuestros socios comerciales y ha coadyuvado a las crisis económicas sexenales, que cada vez resultan de mayor profundidad y que requieren de más tiempo para la recuperación del país.

Por otra parte, aun en una economía global, el desarrollo de la pequeña, mediana y micro industria evidencia que es estratégica para generar empleo, armonizar las relaciones laborales tradicionales y hacer realidad la llamada empresa flexible del último cuarto de este siglo. Por ello, es necesario apoyar la convergencia económica de los diferentes tamaños de la empresa nacional, para hacer más estable la producción, mejorar el empleo y poder ser plenamente competitivos dentro y fuera del país.
La globalización ha hecho altamente frágil la capacidad de abasto de los mercados nacionales. El riesgo, una vez más, de la carencia o al menos del aumento del precio de los granos básicos es una realidad. Por ello, se deben asegurar niveles básicos de abasto nacional, que proporcionen seguridad alimentaria y que hagan posible el cumplimiento del compromiso postergado que se tiene con los hombres del campo y del medio rural.

Dada la necesidad de aprovechar racionalmente los variados y abundantes recursos de nuestros litorales, mar patrimonial y cuerpos de agua, es necesario establecer una política para el fomento y el desarrollo del sector pesquero del país, que satisfaga las necesidades de los mercados interno y externo y permita el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores del sector.
Los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo nacional; su explotación y comercialización resultan de gran importancia para las finanzas públicas, por lo cual es indispensable que la nación mantenga su soberanía sobre ellos y se evite su privatización.

La importancia estratégica del petróleo debe vincularse de manera funcional al proyecto de modernización de la planta productiva nacional.

Es urgente que se estimulen la investigación y el desarrollo tecnológico, que se fomente la formación de mejores recursos humanos y se promueva la innovación y adaptación tecnológica.

El Estado debe asumir la responsabilidad fiduciaria que tiene sobre la moneda para estimular el ahorro nacional. El premio al ahorro debe estar directamente asociado al costo final del dinero para el inversionista o el acreditado. Sólo así haremos fluido y productivo el tránsito del ahorro a la inversión directa y productiva.Las ineficiencias de los agentes financieros no las puede seguir pagando pasivamente el ahorrador o la sociedad en su conjunto por la vía de la deuda pública con la asunción de los quebrantos bancarios. El ahorro también deberá ser estimulado por la vía fiscal para fomentar la adquisición de bienes duraderos.

No puede haber más límite al secreto bancario que la soberanía nacional, la riqueza y el patrimonio público. A las prácticas monopólicas, de ineficiencia, irresponsabilidad y poca transparencia de los agentes financieros se les deberá cerrar el paso.
El Estado no puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes económicos la riqueza de la nación. La especulación sobre nuestro mercado de dinero y de capitales debe ser combatida. Los flujos financieros internacionales hacia nuestro país deben ser bien administrados. En principio, se deben enterar al Banco Central, monetariamente, las salidas y las entradas de divisas que se derivan de la actividad económica. Esto es una simple razón de principio y orden.

El gobierno tiene la obligación moral y política de preservar la riqueza de nuestra nación, por ello debe cumplir su obligación fiduciaria y de protección sobre nuestra moneda. Es el primer paso para fomentar el ahorro.

Hasta hoy el discurso político nacional permanece anclado en el pasado o simplemente se sabe lo que no se quiere, es tiempo de decir lo que se quiere y lo que deben hacer el Estado y la sociedad de manera conjunta. Es tiempo de decir lo que productivamente podemos hacer juntos. Los intereses de la nación deben ser los intereses de nuestra convergencia.

En materia de política económica hay que actuar, primero, sobre las políticas generales y, después, sobre las políticas específicas que habrán de ser cambiadas. Es necesario recoger experiencias, considerar formas, procesos y esquemas organizativos y de producción propios para mejorarlos y potenciarlos. La nueva política económica que exige nuestra sociedad no significa cambiar un conjunto de dogmas por otro. De ahí que sea necesario:

Consulta nacional para cambiar la política económica

42. La realización de una amplia consulta nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales del país, con el fin de promover el cambio de la política económica que permita sustituir el modelo neoliberal que propicia la concentración del ingreso y la riqueza nacionales en una minoría y el empobrecimiento generalizado de la población.

Nuestra propuesta tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias mexicanas y el imperativo de que las tareas de la justicia y el desarrollo social ocupen el lugar que les corresponde en el ámbito de responsabilidades del Estado mexicano

Ampliación de facultades al Congreso en materia económica

43. La base de una buena planeación democrática debe ser la ampliación de las facultades, en materia económica, fiscalización y control de los recursos públicos, del Poder Legislativo, así como la asunción de sus responsabilidades por parte de los legisladores para asignar y fiscalizar los recursos necesarios para el desarrollo nacional y regional.

Una medida importante para combatir la corrupción es trasladar la función de control del patrimonio de los servidores públicos a la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que permitiría a la Cámara de Diputados fincar responsabilidad política, administrativa o penal, según el caso, por el manejo indebido de los recursos públicos.

Estas acciones darán a los ciudadanos una efectiva participación en la orientación y el control de la política económica no sólo a través de sus legisladores, sino mediante la realización de consultas públicas dependiendo de la importancia del asunto en cuestión.

Promover el desarrollo regional

44. Promover el desarrollo del país a partir de sus regiones naturales, identificadas con criterios que consideren sus afinidades en lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Fortalecer la confianza de los agentes económicos en las instituciones

45. Generar confianza de los distintos agentes económicos en las instituciones del Estado para asegurar la estabilidad que permita el crecimiento económico y la justicia social.

Para ello es indispensable diseñar reglas y procedimientos claros que impulsen la sana competencia y estimulen el aumento de la productividad de la economía; instrumentar acciones que permitan reducir la disparidad que se da entre la economía moderna y de exportación y los sectores productivos mas rezagados como es el caso de la pequeña y mediana industria y el campo mexicanos; e invertir en educación y capacitación para que todos, especialmente los jóvenes y los niños, tengan mayores oportunidades de desarrollo y empleo.

Creación del marco institucional para el control del gasto y la inversión pública

46. La factibilidad del modelo económico que proponemos depende de la creación de un marco institucional de planeación y control social que imprima transparencia, racionalidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión públicos, y que elimine la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas, que tanto daño ha causado a la economía nacional y a la confianza popular.

Política fiscal para el desarrollo

47. El mexicano, es un sistema tributario que desalienta la inversión productiva por su extrema complejidad, discrecionalidad e inequidad. De ahí la importancia de realizar una revisión profunda de las leyes impositivas, así como de los procedimientos para su aplicación y administración, con el objeto de hacerlas entendibles, de fácil cumplimiento y equitativas.
Hay que instrumentar una política fiscal que estimule el ahorro, desaliente el consumo suntuario, y permita obtener recursos para dedicarlos a la inversión productiva y a la generación de empleos.

Para ello, se requiere un sistema que amplíe la base de contribuyentes, distribuya las cargas fiscales de manera más equitativa y justa, premie al contribuyente cumplido e incorpore al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.
La reforma fiscal debe tener como consecuencia el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno, con el fin de que pueda contar con los recursos suficientes para financiar programas sociales de largo plazo.
Sin una reforma tributaria de estas características, la política fiscal va a seguir siendo el resultado de las necesidades emergentes del gasto del gobierno y no parte de una estrategia de desarrollo económico de largo alcance.

Política cambiaria

48. Se requiere mantener disciplina en la fijación y el manejo de una política cambiaria realista, que evite la incertidumbre devaluatoria, impida la especulación sobre nuestra moneda, sea instrumento para el control de la inflación, y se constituya en un eje de apoyo para el crecimiento nacional.

La política monetaria debe tener como prioridad lograr la estabilidad de precios. La inflación es el fenómeno más perverso que ha padecido la población durante los últimos años. El combate al aumento de precios no debe estar basado en la sobrevaluación del tipo de cambio y en la contención de los salarios.

Finanzas públicas sanas

49. El mantenimiento de las finanzas públicas sanas debe ser una prioridad de la política económica gubernamental para no generar desequilibrios que puedan comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. La estabilidad de las finanzas públicas debe estar basada en el fortalecimiento y la diversificación de los ingresos y en el manejo honesto y racional de los egresos.

Regulación y fiscalización del Congreso a las instituciones bancarias y financieras

50. Se debe realizar una propuesta que establezca las reformas legislativas necesarias que propicien la regulación de la banca y de los organismos financieros con el fin de evitar malos manejos en su operación y administración, que redunden en perjuicio de los usuarios y del patrimonio de la nación.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Competencia, y todos los organismos similares que tengan que ver con la regulación, fiscalización y manejo de las políticas monetaria, financiera y crediticia del país, deben quedar sujetas a la fiscalización y control del Poder Legislativo a fin de evitar prácticas discrecionales y de connivencia que propicien actos de corrupción.

Las ineficiencias de los agentes financieros no las puede seguir pagando pasivamente el ahorrador o la sociedad en su conjunto por la vía de la deuda pública con la asunción de los quebrantos bancarios. No puede haber más límite al secreto bancario que la soberanía nacional y la riqueza y el patrimonio públicos.

Medidas legislativas para el control de los flujos financieros internacionales

51. Proponer medidas legislativas que permitan la adecuada administracion de los flujos financieros internacionales —de entrada y de salida— de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros mercados de dinero y de capitales.

Economía abierta para el desarrollo industrial

52. Bajo el principio de una economía abierta, y con el fin de satisfacer el mercado interno e insertarnos competitivamente en los flujos internacionales de comercio, los sectores público, privado y social habrán de convenir las políticas sectoriales que permitan garantizar la productividad y competitividad de nuestra economía. Dichas políticas contemplarán al menos: la reactivación y la modernización de la planta productiva nacional, la generación de empleo, la formación de capital, la producción de bienes para el consumo interno, el fortalecimiento de las cadenas productivas que permitan lograr la vinculación del sector externo con el resto de la economía nacional, la capacitación y formación de recursos humanos, y la producción para el mercado internacional.
Desarrollo de la pequeña y mediana industrias

53. Poner en marcha un programa para el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana industrias, que contemple esquemas de financiamiento y apoyo tecnológico que les permita adaptarse a un mundo cada vez más competitivo y puedan mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo del país.

Marco legal para regular la inversión extranjera

54. El impulso de reformas al marco legal de la materia con el objeto de sentar las bases que permitan orientar y regular la inversión extranjera, y lograr la protección de las zonas estratégicas de nuestra economía, en beneficio del desarrollo nacional y la preservación de nuestra soberanía.

Soberanía y apertura económica

55. El replanteamiento de la estrategia de inserción del país en el nuevo orden económico mundial, a partir de la revaloración de los conceptos de soberanía e independencia, a fin de racionalizar y moderar nuestra apertura económica hacia el exterior, además de buscar que las relaciones de interdependencia regionales no se traduzcan en vínculos de sometimiento y trato desigual para nuestro país.

Descentralización de la planta industrial del Valle de México

56. Con el fin de evitar la gran contaminación del Valle de México, se debe descentralizar la planta industrial asentada en esa zona hacia otras regiones del país, mediante programas de estímulos fiscales, costos de financiamiento diferenciados y construcción de la infraestructura requerida.
Evitar las prácticas de comercio desleales a nuestros exportadores

57. El Estado deberá evitar el ejercicio de prácticas de comercio desleales contra nuestros exportadores y la planta productiva local. Bajo el principio de equidad, se deben aplicar medidas y políticas similares a las que nos aplican nuestros principales socios comerciales.

Fomento y desarrollo de los recursos pesqueros

58. Nuestros mares, ríos y aguas interiores constituyen una gran riqueza susceptible de explotación. De ahí que sea necesario instrumentar una política específica para el fomento y el desarrollo del sector que determine la explotación racional de los recursos pesqueros; promueva la industrialización y comercialización de las capturas para el consumo interno y externo; fortalezca la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la captura e industrialización de las especies; propicie el apoyo técnico y financiero para las cooperativas y los productores del sector; aliente el desarrollo de la acuacultura, y contemple las medidas de protección que permitan la preservación de los cuerpos de agua y de la flora y fauna marinas.

Modernización del sector minero

59. El país cuenta con algunas de las reservas más importantes de minerales del mundo. Sobresalen las correspondientes a los no metálicos. Por esto, resulta recomendable la puesta en marcha de un programa que permita la modernización del sector minero y propicie la explotación de los yacimientos de minerales a efecto de reactivar la economía de las regiones que cuentan con tan importantes recursos.

Apoyo a la economía social

60. Hasta el pasado reciente, el Estado trató de desarrollar la economía social, en especial las cooperativas de producción y consumo. El desarrollo de estas formas de organización social se hizo desde la visión de las burocracias federales y con una actitud política corporativa, por lo que terminó siendo motivo de corrupción y de ineficiencia económica. Con la reciente crisis económica, han surgido formas organizativas socioeconómicas espontáneas y autónomas. Por ello, es necesario alentar este tipo de organización económica y vigilar que no se constituya en medio para la explotación de los pequeños productores, comerciantes y ahorradores.
Apoyo a la microempresa y a las actividades artesanales

61. Las actividades artesanales, semindustriales y de servicios, en los ámbitos de la microempresa y de la ocupación por cuenta propia, constituyen una gran tradición económica en nuestro país. Estas actividades representan una parte importante de la vida económica y social de las pequeñas comunidades y de los barrios de nuestros centros urbanos, pero también son fuente de satisfacción de demanda de empleo. De ahí que sea importante la creación de un programa que permita el mejoramiento de los diseños, la calidad productiva y la comercialización de este tipo de actividades.

Creación de oportunidades para los trabajadores no asalariados

62. Con la participación de los representantes de los sectores sociales involucrados y de las autoridades en la materia, convocar a reuniones regionales y municipales, con el fin de determinar el número de trabajadores no asalariados y el tipo de actividad a que se dedican. A partir de este estudio, se deberá promover la construcción de mercados y el fortalecimiento de los programas de desarrollo regional que propicien la creación de los empleos necesarios para dar ocupación a los trabajadores no asalariados.

Marco jurídico para evitar monopolios y abusos a los consumidores

63. La revisión y adecuación de los marcos jurídicos general y específicos dentro de los que se realizan las actividades económicas, en especial las de producción, de comercio y financieras, con el fin de garantizar mercados competitivos, evitar monopolios y empresas dominantes sin regulación e impedir abusos sobre los consumidores.

Petróleo y estrategia energética

64. En coordinación con los sectores políticos y sociales nacionalistas del país, proponer medidas que impidan la privatización de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en virtud de que los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo nacional y su explotación y comercialización resultan un gran soporte para las finanzas públicas, por lo que es indispensable que la nación mantenga su soberanía sobre ellos.

Es necesario impedir la política de sobreexplotación de los yacimientos que actualmente realiza el régimen para satisfacer los requerimientos extranjeros, con lo que se ponen en peligro nuestras reservas y nuestra soberanía energética.

Se debe asimismo, realizar una profunda reforma a la empresa con el objeto de modernizar y hacer eficiente una administración caracterizada por la corrupción, la ineptitud y los privilegios para una élite de burócratas y un sistema de complicidades que se produce entre los altos funcionarios y los contratistas, en detrimento de la nación.

Se debe impulsar una política energética nacionalista y racional que permita preservar la soberanía energética, propicie la elevación de reservas y fuentes convencionales de energía para asegurar el desarrollo económico y social, y permita la regeneración del medio ambiente.

El campo mexicano

65. Como sucede en otros aspectos de la vida nacional, la adopción de una política económica y social ajena a las necesidades y el sentir de nuestro pueblo, ha llevado a la inmensa mayoría de los campesinos y productores rurales mexicanos a una situación de atraso y pobreza que reclama el replanteamiento radical de los principios y valores que actualmente orientan y condicionan las decisiones en materia de desarrollo agropecuario y rural. Es necesario que el campo mexicano se constituya en un sólido puntal del desarrollo nacional y en el elemento fundamental de nuestra soberanía alimentaria.

Rescatar al campo como sector productivo de nuestra economía exige, entre otras medidas, las que a continuación se proponen:

Medidas para evitar el control vertical y corporativo de los campesinos

66. Promover las acciones que permitan a las organizaciones campesinas liberarse del control vertical y corporativo que coarta la creatividad de los campesinos e impide su participación directa en la toma de decisiones inherentes al sector rural y productivo del país.

Programa para el desarrollo agropecuario y forestal

67. Realizar una amplia consulta con la participación de las organizaciones campesinas, de los productores agropecuarios y de los especialistas en la materia, que propicie la formulación y puesta en práctica de un programa que contemple el mejoramiento de la productividad agropecuaria y forestal del país, con el fin de atender, en primer término, la demanda del mercado interno y aprovechar nuestras ventajas comparativas para lograr la colocación de los excedentes de producción en el mercado internacional.

Es necesario fomentar la organización económica para la producción, y promover el otorgamiento de créditos preferenciales y la prestación de asistencia técnica calificada a fin de lograr que se reactive nuestra economía rural.

El fortalecimiento de la economía rural deberá llevar aparejada la promoción de actividades económicas como lo son la prestación de servicios asociados al sector agropecuario, el incremento de las relaciones comerciales entre comunidades, y el fomento de la minería de productos metálicos y no metálicos.

Modernización de las instituciones del sector agropecuario y forestal

68. Promover las acciones necesarias que propicien la modernización de las instituciones y los programas del sector agropecuario y forestal para que respondan con eficacia a las necesidades de nuestros productores y campesinos.

Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra

69. Realizar las acciones necesarias que permitan lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en sus diferentes modalidades. Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios necesitan contar con un marco legal que les asegure el acceso a un volumen creciente de recursos técnicos y financieros, a fin de alentar el mejoramiento de su productividad y de su nivel de vida.
Apoyos crediticios y financieros para el campo

70. Promover la creación de los instrumentos crediticios y financieros que aseguren los recursos necesarios para el desarrollo rural integral, e impidan que nuestros hombres del campo queden a merced de la usura y de los intereses de los caciques locales.

Política de precios agrícolas justos

71. El establecimiento de una política de precios agrícolas justos que derive de la creación de un régimen de subsidios directos, como el establecido en los países desarrollados para que nuestros productores mejoren sus condiciones de vida, y puedan colocar los excedentes de producción en el mercado internacional en condiciones de igualdad.

Sistema nacional de comercialización y abasto

72. La creación del sistema nacional de comercialización y abasto que elimine el intermediarismo excesivo y permita que los productos transiten con facilidad del productor al consumidor final a precios razonables y accesibles, pues no se pueden dejar el abasto, la comercialización y la alimentación a intereses particulares.

De ahí la importancia de que subsistan, debidamente administradas, instituciones como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus filiales, pues no se pueden dejar el abasto, la comercialización y la alimentación del pueblo mexicano sujetos a las libres fuerzas del mercado o en manos de los acaparadores que se quedan con el esfuerzo de miles y miles de mexicanos.

Programa de industrialización y comercialización de los productos del campo

73. Promover la instrumentación de un programa que contemple la industrialización y la comercialización de los productos del campo de manera eficiente y competitiva, y que se refleje en el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agropecuarios y de sus familias.

Aprovechamiento de los recursos forestales y silvícolas
74. La permanencia de los bosques y de las selvas como elementos determinantes del medio ambiente y de su calidad, se ha visto seriamente amenazada por la incidencia de agentes destructivos de origen natural, pero sobre todo por la acción depredadora del hombre que ha explotado de manera irracional estos recursos naturales hasta ponerlos en riesgo de agotarse.
El desafío que actualmente plantea la conservación de los bosques y de las selvas como recursos económicos y ecológicos, consiste en encontrar los mecanismos jurídicos e institucionales que le permitan al Estado y a la sociedad realizar la explotación racional de los mismos.
Para ello, será necesario promover el establecimiento de un nuevo marco jurídico que permita instrumentar programas para la explotación y el aprovechamiento de los recursos forestales y silvícolas del país.
Al mismo tiempo, se debe fortalecer una nueva cultura que estimule el desarrollo sustentable con base en la explotación racional y la reproducción de bosques y selvas. Si bien es cierto que se deben de establecer sanciones para las personas o empresas queinfrinjan las disposiciones legales en la materia, también es cierto que se debe estimular la creación de una conciencia ecológica y una responsabilidad social que contribuyan a la conservación y mantenimiento de nuestro medio ambiente.

Conservación y regeneración de suelos y recursos acuíferos
75. El agua y la tierra son recursos naturales de los que dependen millones de familias para su subsistencia. Por ello, se debe impulsar la realización de programas de rescate, mantenimiento, rehabilitación y complementación de obras hidráulicas. Las pequeñas obras de riego no tan sólo permiten incrementar la producción, sino también pueden significar mejores prácticas para el uso del agua y para la conservación del entorno ecológico.
Por otra parte, las tierras del trópico húmedo mexicano presentan problemas de acidez, en tanto que las tierras más allá del altiplano presentan altos niveles de alcalinidad. De ahí, la importancia, de implementar un programa que contemple la conservación y el mejoramiento de tan importantes recursos.
Impulso a la investigación y educación para el campo
76. Estimular la investigación y el desarrollo en materia agropecuaria y forestal con el propósito de lograr la formación de mejores recursos humanos. La enseñanza y los programas de estudio de los centros educativos tecnológicos y agropecuarios se deben vincular y responder a las necesidades de las comunidades en donde se encuentran asentados.

VII. POR UNA CULTURA ECOLÓGICA RACIONAL Y RESPONSABLE

El deterioro progresivo del medio ambiente se convirtió en el curso de las últimas décadas, en una amenaza, primero para la calidad de la vida humana, y más tarde, para la permanencia misma de la vida en el planeta.
El uso de fuentes de energía altamente contaminantes en los procesos de producción de bienes y servicios; la ausencia de una cultura ecológica que todavía hoy no acaba de generalizarse, y la idea equivocada de que la capacidad de recuperación del medio era ilimitada, fomentó el surgimiento de graves desequilibrios ambientales, la proliferación de fenómenos destructivos de origen humano y el desgaste de los ecosistemas.
El sumario de acciones que nuestro partido tiene a este respecto, tiende a buscar en el encuentro con la nueva sociedad mexicana, los valores de una cultura ecológica que nos permita elegir racional y responsablemente las condiciones deseables del medio ambiente que pretendemos legarle a las próximas generaciones, y que recupere para la vida en general, el rango de importancia y dignidad que tiene para el planeta que habitamos. Las líneas de acción necesarias para la realización de nuestro cometido son:
Explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales
77. Proponer medidas que estimulen la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad, sobre la base de criterios ecológicos sustentados en el respeto a la diversidad de las regiones del país. Es indispensable que al hacer uso de los recursos naturales en el presente, no se comprometa el bienestar de las futuras generaciones.
Combate a la pobreza y preservación de los recursos naturales
78. Incluir en los presupuestos gubernamentales, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, un incremento substancial de las partidas dedicadas al combate a la pobreza, ya que ésta ocasiona que los habitantes de las regiones marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de los recursos naturales.
Los mexicanos menos favorecidos consumen los recursos naturales no por falta de conciencia, sino por necesidad.
Actualización del inventario de recursos naturales
79. Coadyuvar con las autoridades y la sociedad en general, en la actualización del inventario de los recursos naturales con que cuenta nuestro país, que permita su clasificación, aprovechamiento y preservación.
Es importante establecer medidas para que el aprovechamiento de los recursos naturales se produzca sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas que los soportan, y delinear los límites permisibles de explotación que propicien su renovación y preservación.
Mejoramiento de los sistemas de información ambiental
80. En coordinación con las autoridades de la materia, y el concurso de los especialistas y los centros de educación superior, promover la realización de un programa para el mejoramiento de los sistemas de información ambiental, a efecto de poder contar con indicadores más eficientes que permitan conocer, con mayor precisión, la naturaleza y capacidad de nuestros ecosistemas y los efectos provocados por las actividades productivas.
Mayores facultades jurídicas a los estados y los municipios en el desarrollo ecológico
81. Realizar la promoción de reformas legislativas tendientes a dotar a los gobiernos estatales y municipales de mayores facultades jurídicas que les permitan orientar el desarrollo y la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad.
Asimismo, es necesario llevar a cabo un programa que permita que los estados y los municipios cuenten con la infraestructura de protección ambiental necesaria para lograr la vigilancia y el cumplimiento de las metas de los planes y programas de protección del medio ambiente.
Capacitación ecológica para el sector agropecuario y forestal
82. Promover un programa de capacitación ecológica para los productores agropecuarios, forestales y pesqueros, y los habitantes de las zonas rurales del país, con el fin de mejorar sus condiciones de vida a partir del aprovechamiento racional de los recursos naturales y del aprendizaje de nuevas tecnologías para la producción y comercialización de sus productos.
Al respecto, y con el fin de cambiar hábitos ancestrales —como la quema y roza indiscriminada y los monocultivos en la agricultura y el uso de explosivos que todavía seutilizan para la pesca— es necesario realizar, en coordinación con las autoridades agrarias, pesqueras y las organizaciones campesinas, un programa que permita el cambio gradual de las costumbres que resultan perjudiciales para los ecosistemas, partiendo del apoyo material, financiero y la asistencia técnica a los habitantes del campo incidiendo con ello en la profesionalización de las organizaciones.Prevención de incendios forestales
83. La inclusión en los programas de protección civil nacional, estatales y municipales, de un capítulo relativo a la prevención y control de los incendios forestales que incluya al menos, las siguientes medidas: jerarquía de responsables ante la comunidad; capacitación de la población en medidas de prevención y auxilio; dotación de equipo a los municipios y comunidades para el combate de los incendios; selección y ubicación de albergues para el resguardo y protección de la comunidad; sistema mínimo de equipo de radiocomunicación a nivel municipal, y si se puede a nivel de comunidades además de las que determinen los respectivos consejos estatales y municipales de protección civil.
Uso racional del agua
84. Asegurar el abasto de agua a toda la población del país por medio de un programa que contenga las siguientes medidas: acciones que permitan recargar los mantos freáticos de las comunidades; construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura hidráulica; realización de una campaña educativa para concientizar a la población en el aprovechamiento y el uso racional del agua y, dotación de facultades jurídicas y políticas a los ayuntamientos para que sean los responsables de la administración y operación de los sistemas de agua.
Fortalecimiento de la cultura ecológica
85. En coordinación con las autoridades en la materia, el sistema educativo nacional, los medios de comunicación y la sociedad en general, realizar una amplia y permanente campaña de comunicación, que permita concientizar a la población sobre los beneficios que representa, la utilización racional y la preservación de los recursos naturales. Es necesario enfatizar la necesidad de cuidar los bosques y cuerpos de agua, suelos, flora y fauna en beneficio de la humanidad.
En ese orden de ideas, se debe fortalecer también el aprendizaje de las materias relacionadas con el medio ambiente, incluyéndolas en los planes y programas de estudio de nuestro sistema educativo nacional.
Es importante también, promover el fortalecimiento financiero de los centros de investigación especializados en la materia, así como de las instituciones de educación superior, para que estén en capacidad de realizar estudios específicos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, de conformidad con las necesidades de la región en que se desempeñen.
Promover las adecuaciones necesarias al marco jurídico correspondiente a efecto de crear las condiciones que permitan la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en las labores de preservación de nuestro medio ambiente.
VIII. LA SOCIEDAD

Durante el siglo que está por terminar, nuestra sociedad ha estado sujeta a un proceso acelerado de cambio que la ha vuelto más participativa y consciente de su papel político. Sin embargo, las grandes diferencias sociales que aún persisten, y que producen la paradoja de que seamos un país rico en recursos naturales, pero con una gran masa de pobres que cada día ven más lejos la posibilidad de alcanzar los beneficios de un desarrollo que nunca llega, exigen el cumplimiento del compromiso inaplazable por parte del Estado de llevar a cabo una política social que amplíe la cobertura y el impacto de sus acciones hacia las regiones marginadas del país.
Es necesario elevar significativamente los recursos aplicables al gasto social, con objeto de subsanar los efectos negativos acumulados por las crisis económicas y que inciden sobre la estructura social y familiar.
Sin embargo, los recursos del gasto social requieren del complemento insustituible del trabajo comunitario. Sólo de esa manera se pueden desterrar los esquemas de atención paternalista y clientelar que siguen considerando a la población como un ente incapaz de dirigirse a sí mismo, inhiben la creatividad social y permiten la subsistencia de cacicazgos.
Para que una comunidad acceda a estadios superiores de bienestar, es condición indispensable que su gente participe en la generación de su propio desarrollo. Por ello se hace necesaria:
Creación de Unidades Comunitarias de Desarrollo Social
86. La creación de las Unidades Comunitarias de Desarrollo Social promoverán en la población el análisis de los problemas más importantes de su comunidad, discutirlos de manera ordenada y plantear las alternativas de solución que más convengan. Estas formas de organización social se deberán estimular tanto en el medio urbano como en el rural, y servirán como vehículo de expresión para la creatividad social y el desarrollo de la comunidad.

88. México es un país de jóvenes. Sin embargo, año con año, vemos cómo cientos de miles de ellos se enfrentan con la triste realidad: de la falta de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social, orillándolos a sumarse a las filas del desempleo, la drogadicción y la frustración.
El futuro de nuestra juventud está íntimamente ligado al futuro del país. Por ello, es importante pugnar por un modelo de desarrollo económico que privilegie más al hombre que al capital; reconozca y estimule el trabajo y el esfuerzo, y castigue el fraude y la especulación. Un modelo económico, en fin, con rostro humano que propicie la creación de empleos y oportunidades para todos, en especial para nuestra juventud.
En un país con una población mayoritariamente joven, es inaplazable la creación de oportunidades que les permitan su incorporación a las tareas políticas y sociales de tal forma que se puedan integrar, de manera productiva, al desarrollo de la comunidad.
No debemos olvidar que en el mediano plazo, los jóvenes de hoy estarán dirigiendo los destinos del país. De ahí, la importancia de desarrollar una política que permita canalizar su energía y su creatividad en beneficio de la comunidad. Una política que fomente su preocupación por los problemas nacionales, y los dote de la preparación necesaria para afrontarlos. Una política, en suma, que propicie el fortalecimiento de los valores de nuestra cultura y de nuestro ser nacionales, para que puedan superar los retos de una sociedad competitiva y global, sin olvidar su origen.
En virtud de ello proponemos:
a) La formulación de un Código de la Juventud. A través de las organizaciones juveniles de nuestro partido se debe promover la formulación de un Código de la Juventud, cuyo proyecto contemple la exposición y discusión de una serie de postulados y razonamientos, a partir de los cuales se establezcan prerrogativas y deberes de la juventud en temas tales como: autonomía personal; calidad de vida; acceso a la educación, la cultura, el deporte y la recreación; participación social y política; equidad en la relación hombre-mujer; libertad de expresión y derecho a la información; reforma del sistema jurídico institucional de la juventud; oportunidades laborales y apoyo al trabajo deportivo, artístico y académico; acceso a los medios de comunicación, a la seguridad social y a los servicios de salud; información sobre sexo seguro y responsabilidad reproductiva; prevención y readaptación en materia de adicciones y procuración e impartición de justicia, entre otros tópicos.
b) Capacitación para el trabajo y participación democrática. Revisar el marco jurídico e institucional de la juventud a fin de hacer obligatoria, en los establecimientos del sistema educativo nacional, la capacitación para el trabajo, y para abrir opciones a la participación de los jóvenes en la formulación democrática de los programas educativos, de recreación, cultura, deporte y desarrollo de la comunidad.
c) Nuevos espacios para actividades juveniles. Crear nuevos espacios o emplear aquellos que son subutilizados, para el desarrollo de actividades en provecho de la juventud, estableciendo a su cargo la conservación y el mantenimiento de los mismos.
d) Desarrollo del talento y la creatividad de los jóvenes. Motivar en los jóvenes el desarrollo de su creatividad y el cultivo de su vocación y talento en materia de ciencia, tecnología, arte y cultura, mediante la organización de congresos, conferencias, encuentros, cursos y exposiciones, así como la ampliación de oportunidades para que conozcan y estudien la historia, la geografía y la cultura de nuestro país.

89. Por inercia de una tradición todavía no superada, la vejez continúa viéndose como una etapa decadente de la vida humana, cuando la realidad es mucho menos radical que eso, sobre todo por los extraordinarios avances que ha experimentado la ciencia médica en este siglo. Muchos de nuestros jubilados y personas pertenecientes a la tercera edad, poseen un cúmulo de experiencia y talento que pueden poner al servicio de la comunidad. No es justo ni racional desaprovechar tan valioso activo humano. Es importante incorporar a los hombres y mujeres de la tercera edad a las tareas del desarrollo nacional, mediante programas que permitan aprovechar sus conocimientos y lograr su integración social y productiva. Es importante, también, abrir espacios para la recreación, el esparcimiento y la aplicación de su creatividad. Se deben contemplar, al menos las siguientes acciones:
a) Fortalecimiento de los sistemas de salud y seguridad social. El fortalecimiento de los sistemas institucionales de salud y seguridad social con especial cuidado en los programas relativos al manejo y prevención de las enfermedades crónicas degenerativas.
b) Ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social. La ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social con el fin de incorporar a sus beneficios a un mayor número de personas.
c) La creación de un sistema nacional de talleres-escuela. La creación de un sistema nacional de talleres-escuela, por medio del cual se aproveche la experiencia, el conocimiento y la destreza en el trabajo de las personas de la tercera edad, tanto en la producción como en la enseñanza, con la finalidad de que constituyan alternativas para la creación de empleos remunerados y dignos.
d) La apertura de espacios para actividades educativas y de recreación. La apertura de espacios y opciones que estimulen la participación de las personas mayores en actividades recreativas y de creación artística y artesanal; así como extender las oportunidades que les permitan su mejoramiento educativo y cultural.
e) Creación de la Procuraduría de la Defensa de la Senectud. Promover la formación de un estatuto de derechos e impulsar la creación de la Procuraduría de la Defensa de la Senectud, que sirva como instrumento para garantizar el pleno goce de sus derechos.

90. No es posible hablar de democracia, desarrollo y justicia, en tanto la mitad de la población continúe marginada de las oportunidades que le permitan su integración plena en los procesos de la vida nacional. No existe argumento que valga para justificar los niveles de discriminación a que todavía está sujeta la mujer mexicana.
Son inaceptables los casos de mujeres víctimas de la violencia y el maltrato, producto de la discriminación que aún persiste en nuestro medio. Por desgracia, son las mujeres de los estratos sociales más pobres del campo y de la ciudad quienes sufren más esta clase de discriminación.
Si realmente queremos lograr la transformación de nuestra sociedad es necesario dar a las mujeres el lugar que les corresponde en el proceso de transformación del país. En consecuencia, se debe auspiciar una política que conduzca a la integración de las mujeres mexicanas en las tareas del desarrollo y de la vida nacional, en igualdad de oportunidades con los hombres, mediante la creación de programas que permitan su realización individual y el consecuente mejoramiento de sus condiciones de vida. Por estas razones proponemos:
Impulsar reformas jurídico-institucionales y fortalecer las políticas públicas correspondientes, que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades entre los géneros y un trato humano para la mujer exento de abusos y prejuicios, mediante:
a) Establecimiento de una institución para el desarrollo de la mujer. El establecimiento de una institución especializada en la que participen el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que opere en los ámbitos nacional, estatal y municipal, y que tenga como objetivos combatir la discriminación de la mujer e impulsar su cabal integración en la vida económica, política y cultural del país.
b) Protección contra el hostigamiento sexual y la violencia. El establecimiento de medidas tendientes a la protección de las mujeres en los casos de explotación, hostigamiento sexual y violencia.
c) Programa de apoyo a las madres solteras. En este rubro se deberán contemplar medidas que propicien la generación de empleos, el establecimiento de guarderías y la creación de espacios que permitan la capacitación, la recreación y el mejoramiento educativo, cultural y profesional de las mismas.
d) Desarrollo integral para las mujeres del área rural. La promoción de un programa de desarrollo integral para las mujeres que viven en la zona rural, que incluya la capacitación técnica que les permita crear y administrar agroindustrias familiares o comunitarias; el aprendizaje de medidas de prevención en materia de salud, protección civil y primeros auxilios; la creación de espacios que propicien el desarrollo de su creatividad, la recreación, y la práctica de actividades que permitan su mejoramiento económico, educativo y cultural.
e) Cultura de revaloración social de la mujer. Promover y apoyar la formación de una nueva cultura de revaloración social de la mujer, que desplace los prejuicios, la ignorancia y la opresión que ésta padece, mediante la inducción de cambios en los contenidos educativos y en las actitudes del profesorado, en los esquemas formativos de la institución familiar, y en la ética de los medios de comunicación.

91. Nuestra Carta Magna establece derechos que se traducen en un sistema de seguridad social, que el Estado mexicano debe garantizar a toda la población y cuyo mejoramiento debe darse en beneficio de los sectores más necesitados. En virtud de ello, proponemos la realización de las siguientes acciones:
a) Derecho a la salud. Garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, fundamentalmente en el medio rural y en las zonas populares urbanas, a partir de la reestructuración y modernización de las instituciones y organismos que conforman el sistema nacional de salud, con el propósito de ampliar su cobertura y universalizar la alternativa de su acceso, enfatizando las acciones de prevención y el fortalecimiento del primer nivel de atención.
b) Programa de salud comunitaria. Diseñar un programa de salud que opere principalmente en los niveles municipal y comunitario y que otorgue atención a problemas prioritarios de la población como: saneamiento básico y medicina preventiva; servicios médicos en zonas marginadas; medicamentos accesibles a la economía popular; educación para la salud comunitaria; capacitación de grupos paramédicos y de primeros auxilios, y prevención y tratamiento de adicciones.
c) Seguridad social pública y solidaria. Revisar la legislación en la materia para impedir que el sistema nacional de seguridad social sea minimizado y pierda su contenido humano y popular, así como para ampliar su cobertura hacia sectores de población aún no beneficiados.

92. La desnutrición es uno de los principales problemas sociales del país. Casi la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y no alcanzan los mínimos de bienestar social que les aseguren una vida digna.
Para garantizar el desarrollo integral de los mexicanos se debe elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, y poder otorgar el respaldo jurídico eficaz a las acciones que el Estado y la sociedad realicen en la materia.
Al mismo tiempo se debe instrumentar la aplicación de un programa nacional cuyo objetivo prioritario consista en garantizar la alimentación básica de la población, particularmente la de los sectores económicos más desprotegidos.

93. La instrumentación de la política demográfica en nuestro país tiene apenas 25 años.
Gracias al esfuerzo sostenido en la materia se pudo pasar de una tasa de crecimiento poblacional de 3.5% en los años setenta a 1.8% en la actualidad. Sin embargo, aún existen disparidades regionales que se traducen en tasas de crecimiento poblacional muy elevadas, principalmente, en las zonas marginadas de las ciudades y del campo.
La densidad, el movimiento y la tasa de crecimiento de la población no pueden ser modificados positivamente si no se realiza simultáneamente un esfuerzo de desarrollo en materia económica, social y educativa. De ahí, la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población en materia de ingreso, salud, alimentación, educación y vivienda, para que los programas logren el éxito deseado.
Nos pronunciamos por el respeto al derecho que tienen las parejas mexicanas de escoger el número de hijos que deseen tener. Sin embargo, es necesario insistir en los beneficios que la planificación familiar entraña para la familia y la sociedad.
Es de suma importancia el reforzar la política de población con una gran campaña educativa que permita abatir los altos índices de crecimiento poblacional que aún persisten entre los grupos más humildes del país. No se trata de imponer ningún control natal, sino de salvaguardar para todos la prerrogativa de decidir el cómo y el cuándo ejercer sus derechos reproductivos.
Resulta de fundamental importancia el refuerzo de campañas de concientización en materia de educación sexual a nuestros jóvenes con el fin de que puedan orientar mejor su desarrollo personal y familiar.
Aunque todavía somos un país de jóvenes, la población adulta ocupa un monto cada vez mayor de la población nacional. El envejecimiento demográfico es un hecho que requiere de la aportación de respuestas orientadas a dar opciones de solución a las personas de la tercera edad.
Proveer a la distribución equilibrada de la población en el territorio nacional, mediante un esfuerzo concertado de desarrollo que modifique positivamente la densidad, el movimiento y la tasa de crecimiento demográfico requiere, entre otras acciones, las siguientes:
a) Nivel educativo, desarrollo y planificación familiar. Además de mejorar el nivel educativo y las condiciones de vida de los núcleos de población más pobres de la sociedad, se debe lograr el fortalecimiento de los programas de planificación familiar como instrumento para abatir el alto índice de crecimiento poblacional que aún persiste en las zonas marginadas del campo y de los centros urbanos, considerando imprescindible lograr el convencimiento y la aceptación por parte de éstos, de que un número menor de hijos en la pareja incidirá directamente en su bienestar.
b) Combate a la pobreza y desarrollo de las ciudades medias. La aplicación de medidas que permitan lograr una distribución más equilibrada de la población dentro del territorio nacional, para evitar las grandes concentraciones humanas que se producen en unos cuantos centros urbanos. En ese sentido, es importante lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y reactivar el Programa de Desarrollo de las Ciudades Medias del país, con el objeto de lograr la desconcentración industrial, comercial y de servicios de los grandes núcleos urbanos.
c) Campaña de planificación familiar para los jóvenes. Con el concurso y el apoyo de los miembros del sistema educativo nacional, las sociedades de padres de familia, los medios de comunicación y las organizaciones juveniles, se debe emprender una campaña nacional educativa y de planificación familiar que propicie la preparación de nuestros jóvenes y sirva, entre otros fines, para evitar los embarazos no deseados, y el contagio de enfermedades transmitidas por vía sexual.
d) Mayores facultades a los estados y a los municipios en materia de población.
Promover las reformas legislativas necesarias que permitan ampliar las facultades y responsabilidades de las autoridades municipales y de los gobiernos de los estados en materia de población.

94. Nuestro ser nacional es tributario de dos grandes vertientes culturales: la prehispánica y la occidental. Nuestra raíz indígena ha mantenido presencia y firmeza de voluntad a lo largo de los últimos dos siglos, dado que constituye un numeroso sector de mexicanos que luchan denodadamente por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, costumbres, cultura y dignidad.
La actitud señera y el esfuerzo sostenido de nuestros pueblos indígenas en su afán por ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad mexicana es merecedora de admiración y respeto. De ahí que en la solución de sus problemas debamos hacer uso de los instrumentos que pone a nuestro alcance la política, la cual privilegia el diálogo entre iguales, permite la búsqueda de soluciones consensadas, renunciando a posturas que buscan la liquidación del adversario, al que muchas veces consideramos enemigo porque simplemente piensa de manera diferente.
En consecuencia, nuestro partido se pronuncia por una política en materia indígena que descarte el etnocidio y las decisiones verticales carentes de sensibilidad social y producto del desconocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura.
Es inaplazable y éticamente justo promover acuerdos y reformas legislativas que le permitan, a nuestros pueblos indígenas, alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos, con respeto a sus costumbres y dentro del marco que establece la Constitución General de la República.
Aun cuando son parte fundamental de nuestra historia y ser nacionales, nuestros pueblos indios sólo pueden hacer recuento de agravios históricos y marginación. Ellos constituyen un importante sector de nuestra población que lucha incansablemente por lograr el respeto de su cultura y de su dignidad. Es necesario terminar con las actitudes de discriminación y racismo que aún persisten en nuestro medio, para dar paso a una convivencia civilizada en la que prive el respeto a sus derechos, a su cultura y a su dignidad.
Por ello, consideramos necesario desarrollar acciones en materia de: a) Desarrollo social. Elevar la calidad de vida de nuestros pueblos indios, fortaleciendo sus formas naturales de organización social y económica, y fomentando su bienestar mediante la instrumentación de programas que les permitan acceder a niveles dignos en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación e infraestructura básica.
b) Fomento a la producción. Otorgar a los pueblos indios seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras, aguas y bosques, y abrirles el acceso a fuentes de financiamiento para impulsar la producción y comercialización de bienes y servicios que les permita mejorar sus condiciones de vida. De esta manera se crean oportunidades de empleo, se apoya su recuperación económica y social, y se desalientan los movimientos migratorios del campo a la ciudad.
c) Desarrollo político. Proponer el establecimiento de una legislación en la que se reconozcan expresamente los derechos sociales, económicos y políticos de los grupos indígenas, con respeto a su organización política.
d) Tradición y cultura. Fortalecer las instituciones que fomentan el desarrollo cultural indígena con el fin de conseguir un mayor grado de eficacia en los mecanismos que garantizan el respeto a sus costumbres, lengua, tradiciones y otras expresiones culturales afines.
Asimismo, se debe promover la creación de espacios que sirvan para incentivar el desarrollo de las diversas manifestaciones de la creación técnica, científica, artística y cultural de nuestras etnias.

95. Uno de los sectores sociales que más ha soportado el peso de las diferentes crisis provocadas por las políticas económicas instrumentadas en las últimas décadas, ha sido el de los trabajadores mexicanos. Manipulación corporativista, voto cautivo, liderazgos corruptos e ilegítimos, salarios mínimos indignos, explotación inicua, empobrecimiento social y moral, y uso discrecional de su fuerza política, son algunas de las constantes adversas a las que los trabajadores mexicanos han tenido que hacer frente para sobrevivir y constituirse en uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico del país.
En virtud de lo anterior, nos pronunciamos por un régimen jurídico-laboral, tanto en la letra de la Ley como en la práctica, que responda a los mínimos que la fuente fundamental de nuestro derecho social, la Constitución, establece como garantía de justicia en favor de la clase trabajadora: salario remunerador y equitativo, jornada de trabajo justa, derecho de huelga, seguridad social, régimen optativo de retiro, afiliación sindical libre, prestaciones sociales, así como todo aquello que otorgue a los trabajadores la posibilidad de elegir libremente a sus representantes y de relevarlos en su liderazgo, si su desempeño es de honestidad dudosa.
Es preciso, entonces, replantear la política que el Estado mexicano mantiene respecto a la condición social de los trabajadores: Uno de los compromisos indeclinables de nuestro partido, será vigilar de manera permanente el cumplimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores de nuestro país, por lo cual proponemos:
a) Salario justo y remunerativo. Pugnar, tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo, porque el derecho de los trabajadores a un salario justo y remunerativo, así como a las prestaciones económicas y sociales se cumplan cabalmente.
b) Libertad de asociación y fin del corporativismo. Con la participación de los trabajadores, patrones y gobierno, iniciar un proceso gradual de sustitución de la cultura corporativa y clientelar que prevalece en las organizaciones obreras, por otra que preconice e induzca valores y normas basados en la autonomía de las agrupaciones sindicales, y en el respeto a las libertades de opinión, afiliación, elección de dirigentes y de revocación de mandato que deben tener los obreros.
c) Justicia laboral. Efectuar las reformas jurídicas que procedan a fin de propiciar un funcionamiento más eficaz de los órganos e instancias destinadas a la administración de justicia laboral, mediante la incorporación real de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial.
d) Creación de fuentes de empleo. Concertar, con la participación de los representantes de los sectores público, privado y social la instrumentación de programas regionales y locales destinados a la creación de fuentes estables de empleo.
e) Capacitación laboral. Elevar la calidad de los programas e instituciones destinados a la formación y capacitación de la mano de obra, incorporando en los planes y programas de estudio, contenidos que permitan al trabajador no sólo informarse y adiestrarse en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, sino también sobre los derechos que le asisten y sobre la manera de defenderlos ante las instancias y
autoridades competentes.
f) Revisar el régimen de las AFORES. Revisar a fondo el programa de las llamadas AFORES, a fin de garantizar que cumpla con las expectativas de los trabajadores mexicanos; de lo contrario, proponer las medidas conducentes para lograr su sustitución por un sistema más confiable, que asegure el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
g) Regionalización de los órganos jurisdiccionales del sector laboral. Realizar las gestiones necesarias que permitan lograr la regionalización de las instituciones, autoridades y órganos jurisdiccionales del sector laboral, para que puedan brindar un servicio más eficiente a la clases obrera y patronal del país.
Los Trabajadores no Asalariados

96. Los trabajadores no asalariados son una realidad inseparable de un sistema político, económico y social, creador de élites económicas privilegiadas y de ejércitos de marginados. No es humanamente posible ignorarlos, ni éticamente debido condenarlos porque han encontrado una salida alterna a su condición de desocupados. En tanto se crean los empleos que se requieren para que los trabajadores no asalariados puedan ejercer una actividad que les permita vivir con dignidad, es necesario crear la
reglamentación que establezca claramente los derechos y las obligaciones a que se debe sujetar el comercio informal y evitar que se vuelva una carga para las autoridades municipales y para la ciudadanía.
Los Trabajadores Migratorios
97. La crisis en el sector agropecuario y las deplorables condiciones de vida y pobreza en el campo y en la ciudad, provocan enormes flujos migratorios hacia los países de Norteamérica. Numerosos mexicanos arriesgan incluso su vida en la búsqueda de mejores niveles de subsistencia. La discriminación racial y sus condiciones de indefensión, los hacen víctimas de la explotación más inicua y de la constante violación a sus derechos humanos.
Resulta prioritario lograr la creación de los empleos que permitan incorporar a los millones de trabajadores que están subempleados o en el desempleo total. Sin embargo, en tanto se implementan las medidas de política económica necesarias para el logro de tal fin, es indispensable tomar conciencia de que la vulnerabilidad de nuestros compatriotas que emigran a trabajar en el extranjero, requiere de la atención al respeto de sus derechos humanos como una actividad de la política exterior mexicana, en la que confluyan programas que permitan el fortalecimiento de sus vínculos con nuestra cultura y con nuestro país.

98. Los asentamientos urbanos irregulares, la regularización de la tenencia de la tierra y la carencia de recursos financieros para dotar de vivienda y servicios urbanos básicos a grandes grupos de población, constituyen uno de los grandes retos sociales de la actualidad.
Para poder enfrentar con éxito el problema social urbano, se necesita la participación conjunta del gobierno y de la sociedad organizada mediante la aplicación de una política que propicie el ordenamiento territorial, la regulación de la oferta de tierra urbana, la introducción de servicios públicos y la construcción de vivienda popular.
Sin embargo, es indispensable generar esquemas de inversión a partir de la aplicación de recursos fiscales, el aliento al ahorro social y la inversión de los sectores privado y social para avanzar en la solución del problema.
El respeto a las modalidades y costumbres regionales y la descentralización en la toma de decisiones son premisas fundamentales para el éxito de cualquier programa en materia de desarrollo urbano y vivienda.
De ahí, la importancia de ampliar las facultades jurídicas y administrativas de los ayuntamientos y la creación de institutos municipales para que tengan a su cargo: la regulación de la oferta de tierra urbana y del mercado de materiales para la construcción; la prospección y administración de las reservas territoriales para la construcción de fraccionamientos populares y vivienda; la implementación de los recursos financieros; y, la investigación de nuevas tecnologías de construcción, entre otras.
Es indispensable fortalecer también, las facultades de los ayuntamientos para que puedan actuar en la regularización de la tenencia de la tierra, control y vigilancia del uso del suelo, instrumentación y supervisión de los planes de desarrollo urbano municipales, asentamientos humanos, y protección del medio ambiente.
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo, se deben impulsar programas de mejoramiento y construcción de vivienda rural que auspicien el uso de materiales de la región, el respeto a la tipología de la vivienda de la zona y la introducción de servicios públicos o satisfactores similares que sirvan para prevenir enfermedades y eviten el deterioro del medio ambiente.

99. Una de las más delicadas funciones y responsabilidades del Estado, consiste en establecer y operar instituciones y formas de organización sociales que permitan hacer frente a los agentes productores de desastres, sean estos de origen natural o humano, que constantemente amagan la seguridad, la vida, la salud y los bienes de la población.
Los sismos, los huracanes, la actividad volcánica, las explosiones, la contaminación ambiental y todo tipo de contingencias parecidas, incrementan constantemente los niveles de riesgo a los que está sujeta la población. Esta circunstancia exige, no sólo buenos programas operativos para atender a las personas afectadas por un desastre, sino ante todo, medidas preventivas que permitan adoptar formas de organización eficaces que respondan a las necesidades que plantean los efectos de los fenómenos destructivos, a fin de mitigarlos, evadirlos o superarlos.
La protección civil no debe circunscribirse al conteo de las víctimas y a la cuantificación de los daños causados por los diferentes fenómenos que provocan los desastres.
En este sentido, y en un marco de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, es necesario el diseñar e implementar una política que tenga como eje central el fortalecimiento de una cultura de protección civil, mediante la cual la población no sólo tome conciencia de los riesgos a los que se halla expuesta, sino ante todo, del tipo de acciones preventivas y de organización que deben adoptarse dependiendo de la región, la localidad, y el tipo e intensidad del fenómeno destructivo.
La cultura de protección civil, debe ser parte de la formación democrática que el pueblo mexicano debe adquirir para hacer frente a los retos políticos y sociales que le depara el próximo siglo. Es un deber insoslayable para cualquier organización social o política, contribuir a la inducción de las pautas, principios, valores y actitudes que favorezcan la autoprotección de la población.
Para ello, es indispensable establecer la estructura social que funcione a nivel de comunidad, propicie la suma de los esfuerzos de los ciudadanos y funcione como enlace confiable con las instituciones encargadas de la materia.
Bajo la responsabilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales, y con la decidida participación de las organizaciones de la sociedad civil, se deben configurar los programas de protección civil y prevención de desastres que contemplen, entre otras acciones:
a) Fortalecimiento de una cultura de protección civil. La creación y el fortalecimiento de una cultura de protección civil y prevención para casos de desastres, cuya difusión se realice con el concurso de los medios de comunicación y la participación de los miembros del sistema nacional de educación, los sindicatos, los clubes sociales y la sociedad en general.
b) Actualización del Atlas Nacional de Riesgos. La actualización del Atlas Nacional de Riesgos, así como la elaboración de los correspondientes atlas a nivel estatal y municipal. Estos instrumentos técnicos son de gran importancia, pues permiten ubicar con precisión las diferentes zonas de riesgo de cada comunidad y orientar la reubicación de los asentamientos humanos que se encuentren localizados en zonas que entrañen riesgo para la población.
c) Programas operativos. La instrumentación de programas operativos en el ámbito nacional, estatal y municipal, que contemplen las medidas a realizar en el apoyo, auxilio y recuperación de la comunidad; la jerarquía de responsabilidades y el radio de acción de cada una de las instituciones y organismos participantes; la ubicación de los edificios que servirán como albergues; la determinación de las reservas de alimentos, medicinas e insumos necesarias para atender a la población, así como el
establecimiento de vías alternas que servirán como rutas de evacuación para la comunidad.
d) Inventario de obras para prevenir desastres. El inventario de las obras de infraestructura necesarias para prevenir desastres, como es el caso de presas, diques, muros de contención, carreteras y caminos, entre otras. Los programas de gobierno deben incluir la construcción de estas obras con carácter prioritario.

100. El deporte cumple funciones determinantes en la prevención y el tratamiento de problemas de la salud, tanto física como mental, y contribuye a canalizar positivamente la energía individual y colectiva evitando que los seres humanos caigan en la práctica de hábitos socialmente reprobables como la delincuencia y la drogadicción.
Nuestro partido concede al deporte un valor social muy alto por lo cual propone la realización de una amplia consulta nacional en la que participen organizaciones, clubes deportivos y la sociedad en general, con la finalidad de revisar los objetivos, métodos, estructuras y procedimientos actualmente en uso, para proponer las adecuaciones necesarias que permitan configurar un sistema nacional del deporte, que contribuya al fortalecimiento de la voluntad y fomente el espíritu de disciplina, como medio para la formación de ciudadanos responsables que buscan mediante la recreación y el
esparcimiento, integrarse constructivamente a la sociedad. En paralelo, se debe configurar un sistema nacional del deporte y recreación con base en una estructura orgánica que opere en los niveles nacional, regional y local, y un programa que incluya, al menos, las acciones siguientes:
a) Fondo nacional para el deporte y la recreación. La constitución de un fondo nacional del deporte y la recreación, destinado a financiar los programas y acciones de la materia.
b) Construcción y mantenimiento de Inmuebles e instalaciones deportivas. La construcción de inmuebles y la adaptación, mejoramiento o reutilización de áreas para destinarlas a fines de recreación y deporte, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas, con la participación de la comunidad.
c) Promoción de la práctica masiva del deporte. La promoción de la práctica masiva del deporte, a través de torneos populares y familiares, tanto en el medio rural como en el urbano.
d) Capacitación de los maestros y mejoramiento de los planes y programas de estudio. El mejoramiento de los planes y programas de estudio de las escuelas de educación física, y la capacitación permanente de los mentores y administradores del deporte, con el propósito de elevar la calidad de los servicios que prestan a la comunidad.
e) Becas y estímulos. La creación de un programa de becas para los deportistas y estímulos para los entrenadores y administradores cuya capacidad y talento les permita representar a su comunidad en este campo.
f) Desarrollo del deporte infantil y juvenil. El establecimiento de un programa integral para el desarrollo y la práctica del deporte en las ramas infantil y juvenil.
g) Promoción del deporte para personas discapacitadas. El fortalecimiento de los programas relacionados con la promoción del deporte para personas que sufran algún tipo de discapacidad.

101. El gran desafío en materia educativa de cara a un nuevo milenio consiste en proponer el replanteamiento de las bases del actual sistema educativo nacional con el propósito de rediseñar el prototipo ético y social del mexicano que habrá de desenvolverse en una sociedad cada vez más plural, informada y compleja.
Por otra parte, el nuevo contexto internacional nos exige adaptarnos a una realidad distinta a la que se vivió en el curso de los últimos cincuenta años. Nuestra inserción en la nueva comunidad internacional nos impone también el reto de la competitividad. Ello exige que apliquemos mayor énfasis al fomento y respaldo de la educación y la investigación científica, así como a la formación de personal especializado en la creación de nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar mayores grados de autonomía frente al exterior.
Para una sociedad como la nuestra, el establecimiento y operación de un sistema educativo, orientado a formar a las mujeres y a los hombres para el despliegue integral de sus capacidades, constituye una acción de la más alta prioridad.
Es necesario diseñar y poner en marcha un sistema educativo que asegure la formación de los mexicanos, fortalezca los procesos de enseñanza en todos sus niveles, y enaltezca la función y la dignidad de los maestros.
Por ello, proponemos una educación que atienda simultáneamente la capacitación para el trabajo y la formación necesaria para la toma de una conciencia social orientada a transformar la realidad, tanto en el orden individual como social. Una educación que contribuya a generar la riqueza colectiva, que nos permita asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Las acciones a considerar son:
a) Reforma educativa. La organización de foros de consulta con la participación de los maestros, los especialistas en la materia y la sociedad en general, a fin de revisar el contenido y los métodos de los planes y programas del sistema educativo nacional, cuyas conclusiones permitan proponer una gran reforma educativa para que nuestro sistema escolar impulse la preparación de alumnos que estén en
condiciones de hacer frente a las exigencias de un mundo globalizado, caracterizado por un gran desarrollo tecnológico y científico; este objetivo deberá realizarse sin dejar de enfatizar la importancia del conocimiento de nuestra historia y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional.
b) Mejoramiento de los presupuestos educativos y de los salarios de los maestros. El mejoramiento permanente de los presupuestos educativos, cuidando que la aplicación de los mismos se haga de manera racional y productiva y no se desvíen del propósito social para el que son asignados. En este aspecto es importante promover un salario digno y bien remunerado para los maestros, tanto como el incremento constante de las partidas destinadas al mejoramiento de la infraestructura educativa, con el apoyo de los padres de familia y de la sociedad en general.
c) Libros de texto gratuitos. El fortalecimiento del programa nacional de libros de texto gratuitos—para los alumnos, los padres de familia y los maestros— buscando que sus beneficios incluyan el nivel de segunda enseñanza. Independientemente de la elaboración de textos de conocimientos generales, es importante que los gobiernos estatales y municipales, en coordinación con las autoridades educativas,
contribuyan a la elaboración de los textos que enfaticen el conocimiento de la historia, la geografía y la cultura, tanto nacional como regional.
d) Mejoramiento y capacitación magisterial. El establecimiento de programas de profesionalización y capacitación magisterial, que permitan la actualización y el fortalecimiento del nivel académico de los maestros y sirvan como aliciente para el mejoramiento de su carrera y de su nivel de ingresos.
e) Sistema de Reconocimientos y Recompensas al Mérito Académico. Se debe crear un sistema de estímulos y recompensas que, con base en criterios imparciales de evaluación, otorgue anualmente el Premio al Mérito Académico en los ámbitos nacional, estatal y municipal, consistente en un reconocimiento público y una recompensa en efectivo.
f) Vinculación de la educación y el sector productivo. La institucionalización de programas que permitan la vinculación de las universidades y de los centros de enseñanza superior, con las empresas y organizaciones del sector productivo de cada región a fin de lograr la capacitación en el trabajo de los estudiantes y su integración al desarrollo de la comunidad.
g) Bibliotecas para todos. La integración de un sistema nacional de bibliotecas que cuenten con los servicios de información modernos, como Internet y multimedia, así como la creación de espacios para hemeroteca, videoteca y otros instrumentos similares que permitan, el almacenamiento y el uso de información audiovisual.
h) Apoyo a la educación fuera del aula. El incremento de las partidas presupuestales destinadas a financiar la educación informal que se imparte fuera del aula. Con esta medida se puede cubrir el déficit de espacios físicos que hoy existe al tiempo que se amplían las opciones para la educación alternativa, aprovechando los recursos que brindan las telecomunicaciones, la instrucción programada y la asesoría académica a distancia.
i) Programa de alfabetización. La puesta en práctica de un programa nacional de alfabetización en el que participen los maestros, los estudiantes de los niveles de educación media superior y superior y la sociedad en general, con el objeto de abatir los altos índices de analfabetismo que aún persisten en nuestro medio buscando, al mismo tiempo, la eliminación del analfabetismo funcional por medio del
fortalecimiento del sistema nacional de bibliotecas y la creación de un programa editorial popular con textos de calidad.
j) Educación tecnológica y capacitación para el trabajo. La realización de acciones que propicien la actualización de la educación tecnológica, promuevan la creatividad de maestros y alumnos, y fortalezcan la capacitación para el trabajo.
k) Establecimiento de escuelas de Artes y Oficios. El establecimiento de escuelas de artesanías y oficios, en las que al tiempo que los estudiantes aprendan su ciclo de enseñanza, se integren a los procesos económicos locales y contribuyan a la producción de bienes y servicios socialmente necesarios.
l) Mejoramiento de la educación superior. La elevación del nivel académico de las universidades e institutos de enseñanza superior, mediante un sistema nacional de mejoramiento pedagógico obligatorio para el personal académico; el intercambio de maestros y alumnos con otros centros de educación superior tanto nacionales como extranjeros; la dotación masiva de equipos de cómputo y otros adelantos tecnológicos similares; el fortalecimiento de la carrera magisterial, y la creación de
un sistema de incentivos que estimule el talento, la creatividad y el trabajo de maestros, investigadores y alumnos.
m) Respeto a la autonomía universitaria. El respeto y la consolidación de la autonomía universitaria, mediante la promoción de reformas legislativas que permitan el fortalecimiento de la capacidad financiera y la independencia de criterios en la programación y ejecución de las actividades de estas instituciones fundamentales de enseñanza.
n) Apoyo a la investigación científica y tecnológica. La creación de un organismo nacional para el desarrollo científico y tecnológico, descentralizado por regiones, que opere a partir de programas estructurados con base en las necesidades específicas de cada región, a efecto de apoyar el desarrollo justo y armónico del país.
Es importante alentar la promoción de los trabajos de investigación científica, tecnológica y humanística, mediante el otorgamiento de becas y el financiamiento de proyectos que contribuyan al mejoramiento social y cultural de la comunidad.

VIII.14 Cultura Nacional

102. La cultura nacional es la forma de ser de un pueblo, sus modos de vida y formas de expresión; los valores y creencias que definen su identidad, así como su forma de ver el mundo y su concepción del trabajo para transformar su realidad. Todo ello, en suma, es lo que refleja la idiosincrasia de un pueblo.
La cultura es un proceso integral, participativo e incluyente, que debe reafirmar el desarrollo de la persona y de la colectividad y debe conducir a lograr el fortalecimiento de su identidad, la cooperación, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de la convivencia humana.
La verdad es que la cultura nacional se afianza en realidades y valores no solamente bien definidos sino comúnmente compartidos, como una lengua y una religión predominante, una idea de patria profundamente arraigada en la conciencia nacional, tanto como una visión extensa y comprensiva del país que abarca un horizonte regional amplio y plural, lleno de coincidencias, pero también de matices locales.
La cultura nacional es producto de la diversidad de las culturas regionales, las cuales es necesario respetar para preservar las diferentes formas de expresión del mosaico cultural del país con el que se integra precisamente el rostro que nos identifica en el conjunto universal.
La fortaleza de nuestra cultura es un mecanismo que contribuye a la transformación de nuestra sociedad mediante el aprovechamiento de la creatividad e imaginación tanto de los individuos como del grupo social. Por ello, el Estado y la sociedad deberán promover constantemente el apoyo a los artistas, a los intelectuales y a quienes participan en el rescate, conservación y creación de la cultura nacional, para alentar y fomentar esta clase de valores.
Se trata, asimismo, de conservar y acrecentar nuestro patrimonio cultural y artístico; de promover, igualmente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la formación y el desarrollo del talento técnico, científico, artístico y cultural de quienes formamos parte del país, así como de fortalecer en la ciudadanía el orgullo por la historia y el vasto legado cultural de México.
De ahí precisamente que nuestra propuesta de acciones en materia cultural se fundamente en un proyecto en la que lo regional sostiene, explica y da sentido a lo nacional.
Por ello, proponemos:
a) Estructura institucional para la cultura. La organización de foros en los ámbitos regional y local, a fin de rediseñar la estructura institucional sobre la cual opera la política cultural del Estado mexicano, y de acordar el establecimiento de programas basados en criterios de participación democrática, cooperación, descentralización, y tolerancia ideológica.
b) Instalación de Casas de Cultura y de Educación Artística. Formación de centros culturales y de educación artística en todos los municipios del país, dotados con instalaciones y presupuesto suficientes para el apoyo a individuos y grupos de la comunidad; instalación de bibliotecas, videotecas, auditorios y pago de maestros.
c) Preservación de la memoria artística y cultural de la comunidad. Recuperación de la memoria y el patrimonio artístico y cultural de la comunidad mediante la instalación de museos comunitarios, la edición de textos, la filmación de testimonios que documenten la historia y la vida presente de la comunidad en términos de su creatividad, identidad y valores colectivos.
d) Estímulos a la creación artística. Estímulo a la creación artística y a la recuperación cultural mediante apoyos especiales y becas para elevar la formación y ampliar los conocimientos, particularmente, de los niños y jóvenes.
e) Inventario del patrimonio cultural. La puesta en práctica de un programa que registre a nivel regional y local, los monumentos y edificios que conforman nuestro patrimonio histórico, artístico, y cultural en general, que propicie su rescate y preservación, con el propósito de afianzar los referentes de nuestra identidad nacional e incorporarlos al inventario de atractivos turísticos del país.
f) Impulso a la creación artística de las comunidades. Se debe promover la instrumentación de programas para el impulso de la creación artística y cultural de las regiones y comunidades del país.
g) Programa para la difusión del patrimonio cultural. En coordinación con las autoridades del ramo y los medios de comunicación, se debe desarrollar un programa que incentive la difusión de la importancia que nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural tiene en la conformación de nuestro ser e identidad
nacionales.
h) Fomento a la creación y difusión del arte y la cultura. Fomentar la creación, la difusión y el disfrute del arte y la cultura, garantizando la libertad de creación y expresión de nuestros artistas e intelectuales, y proveyendo lo necesario para impulsar su talento y productividad mediante la difusión y comercialización de su trabajo y de sus obras.

IX. LA SOBERANÍA Y LA DIGNIDAD DEL ESTADO MEXICANO

La historia y la tradición han contribuido a formar en nuestras conciencias, la idea de que la nación es la resultante cultural de procesos sociales intensos, dolorosos y a veces trágicos, en los que siempre prevaleció la convicción de que la soberanía y la independencia son valores fundamentales para todos los mexicanos, sin importar su divisa o matiz ideológico.
Entendemos la soberanía como la cualidad estatal de independencia y autodeterminación, como la capacidad que tiene una sociedad organizada, en términos políticos, para hacer efectivo un ordenamiento jurídico dentro de un ámbito territorial, así como para adoptar, sin injerencia externa un modelo propio de desarrollo económico, político y social.
La política exterior de México es producto de su historia, por ello la soberanía es también la capacidad de México para ser dueño de su destino. Así, lejos de cerrarnos al exterior, México debe mantener una participación activa en los foros internacionales y
promover iniciativas políticas para formar consensos en favor de la paz, la cooperación y el intercambio que beneficien los intereses nacionales, manteniendo incólumes nuestros principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no-intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo ; y la lucha por la paz y seguridad internacionales.
Entendemos la soberanía como sinónimo de dignidad. En efecto, sin desconocer que nuestro país guarda una relación de interdependencia desde el punto de vista económico y comercial con el sistema económico mundial, ese hecho no anula nuestro derecho a reclamar un trato digno y justo en nuestras relaciones con el resto del mundo, en particular con los Estados de la región.
De ahí que sea necesario:
Política exterior, dignidad nacional y desarrollo
103. Practicar e instrumentar una política exterior basada en la preservación de la dignidad para nuestro país; en el fortalecimiento permanente de nuestra soberanía; en el respeto a nuestros principios constitucionales de política exterior; y en la promoción del desarrollo de los mexicanos.
Respeto a la soberanía territorial de la nación
104. La exigencia permanente para que se respete la soberanía de la nación sobre el suelo, el subsuelo, los recursos naturales y el espacio aéreo, conforme a lo estipulado en el artículo veintisiete de nuestra Constitución.
Relaciones con América del Norte
105. Revisar la calidad de las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos de América y Canadá, con la finalidad de alcanzar una mejor integración de nuestro país en el mercado libre de América del Norte, en condiciones de mayor reciprocidad, para lo cual será necesario instituir mecanismos permanentes de ajuste en el marco del Tratado de Libre Comercio, e incorporar, entre otros, capítulos que aborden específicamente el tema del desarrollo regional, en particular en México,
las condiciones de los trabajadores mexicanos que emigran hacia esa zona, el respeto de los derechos humanos, el combate al narcotráfico y la protección del medio ambiente.
Relaciones con Latinoamérica
106. Afianzar nuestras relaciones políticas, diplomáticas y culturales y alcanzar una mayor integración comercial con América Latina y el Caribe, para lo cual se deben buscar soluciones de carácter bilateral y regional que permitan la cooperación para la paz y el desarrollo, así como la creación de una zona hemisférica de libre comercio que atienda estructuralmente los problemas del desarrollo latinoamericano.
Diversificación de nuestras relaciones con el mundo
107. Con el fin de no depender de las decisiones de una sola potencia o bloque económico, se deben diversificar nuestras relaciones internacionales, por lo cual es importante capitalizar el Acuerdo Global con la Unión Europea; intensificar la presencia e intercambio con los países de la Cuenca del Pacífico, en particular con los miembros de APEC, y fortalecer, igualmente, nuestras relaciones con los continentes de África y Asia.
Agenda internacional para el desarrollo
108. Promover la formulación de una agenda para el desarrollo que aborde la búsqueda de soluciones multilaterales a los problemas de combate a la pobreza, migración, protección del medio ambiente, respeto de los derechos humanos, intolerancia política y religiosa, prevención y combate de pandemias, y lucha contra el narcotráfico, entre otros.
Una mayor participación en los Organismos Internacionales
109. Elevar la intensidad de nuestra participación en los organismos internacionales, mediante la presencia de diplomáticos mexicanos que promuevan entre otros temas: la reestructuración del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que refleje mejor los intereses de los casi doscientos países miembros (189); la promoción de reformas al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en beneficio de los países en desarrollo; el aprovechamiento de la presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE); el apoyo para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se convierta
en pilar del desarrollo de América Latina y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transforme en una verdadera promotora de la integración regional.

Proyecto internacional de difusión e intercambio cultural
110. Convocar a los creadores e intelectuales del país para que aporten los criterios que permitan elaborar un proyecto de convención internacional de difusión e intercambio cultural. Asimismo, se promoverán acciones tendientes a la recuperación de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural que se encuentra en el extranjero, y a fortalecer el combate al tráfico ilegal de bienes culturales.
Eliminación de la certificación unilateral
111. Revisar la relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica para eliminar la oprobiosa certificación unilateral que injustamente ejerce sobre México, el gobierno del principal país consumidor de narcóticos y estupefacientes del mundo.
Evaluación permanente de la política exterior de México
112. Promover un ejercicio de evaluación permanente de nuestra política exterior que construya los consensos necesarios para sus práctica e instrumentación ágil y expedita de cara a las contingencias internacionales, y para adaptarla a los nuevos retos que nos imponen las relaciones internacionales del nuevo milenio. Cuidando siempre el marco constitucional y democrático que rige la vida de los mexicanos.