Al igual que las crónicas de la tauromaquia que nos narran corridas de toros en las que destacan suertes y virtudes que nadie vio, las reformas presentadas no corresponden con la realidad.

Recién se cumple el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y podemos adelantar un saldo negativo para la ciudadanía. En 2013 el Ejecutivo ha impulsado diversas reformas estructurales (al menos en su planteamiento original) que harían suponer que se cuenta con el suficiente capital político como para sufragar el costo de la negociación y el desgaste que conllevan.

Se han hecho campañas de promoción de las reformas que anuncian enormes beneficios para la población, sin embargo la realidad es otra.

La Reforma Laboral no sólo ha fallado en la creación de nuevos empleos sino que el desempleo sigue aumentando. La Reforma Educativa ni siquiera implica una revisión a los planes de estudio, ni recuerda las precarias condiciones del aparato educativo en México. La Financiera privilegia a la banca por encima de los deudores, a quienes ahora, incluso, criminaliza. Y ni que decir del plato fuerte de esta oleada reformista, la Energética, que promete un paraíso para los mexicanos si abrimos el sector a la participación extranjera y privada, y hasta disminución en los precios de los combustibles nos auguran.

La verdad es que mediante procedimientos express se han ido aprobando las reformas sin que se discutan a fondo y mucho menos sin que se tomen en cuenta las voces que se oponen a ellas.

Dejan sembrada la idea de estarse aprobando “Caballos de Troya”. En realidad esta práctica no es nueva, tan solo recordemos que para la Reforma Política, aprobada en 2007, se utilizó este mecanismo fast track por parte de los tres partidos tradicionales, menospreciando los avances alcanzados por los grupos de trabajo ad-hoc que se habían establecido, se aprobó un reforma elaborada a espaldas de los propios legisladores y que sólo era conocida por sus autores. Esa es la reforma que canceló el derecho a las candidaturas independientes y que ahora, en su revisión, nos quieren vender.

Si lo anterior lo vemos a la luz de los pronósticos de crecimiento económico que conforme pasa el tiempo cada vez se reducen más, para 2014 nos espera un año muy difícil y con autoridades con un margen de negociación estrecho que tendrán que recurrir cada vez más a la imposición en desmedro de la concertación. A lo largo del sexenio pasado nos repitieron hasta el cansancio que la falta de resultados en la economía se debía a factores externos. ¿Qué nos van a decir hoy? Acorde con los datos publicados por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), México y Colombia son los únicos países de América Latina que no sólo no crecen sino que han aumentado la tasa de pobreza y la desigualdad de la población.

Ante los graves desequilibrios que enfrentamos nos presentan reformas y medidas parciales que no plantean soluciones de fondo, ni siquiera atenuantes. Muestra de ello es la consulta pública que se realizó para incrementar el boleto del Metro en la Ciudad de México.

Ante la falta de autonomía de gestión que tenemos por no gozar de los mismos derechos que los estados, el presupuesto lo autorizan legisladores de otras entidades con criterios que no obedecen al de los habitantes de la ciudad. Ante ello, se nos pretende hacer creer que la única forma de dar mantenimiento y un servicio adecuado en el transporte colectivo es mediante el alza de tarifas, de otra forma estamos condenados al deterioro del sistema y cada día un servicio más deficiente con los riesgos de accidentes que ello implica.

La brecha entre ciudadanos y autoridades se abre cada vez más. Ahora, más que nunca, se requiere la reforma política del Distrito Federal que otorgue a los habitantes de la Ciudad de México el derecho a decidir el monto y destino de los recursos, así como la capacidad de nombrar a nuestras autoridades acorde a las necesidades en materia de seguridad y sin el tamiz de una negociación política.

Es tiempo de alzar la voz y hacernos escuchar, defendamos nuestro patrimonio y el concurso de la utilidad pública por encima de los intereses de grupo. Este es el único camino a la modernidad si queremos reformas auténticas que nos permitan respuestas a la altura de los retos que presenta la ciudad.

Ante la falta de un verdadero proyecto de nación hoy por hoy, la Ciudad de México está obligada a marcar la pauta y esa sólo la pueden dar los ciudadanos.