Dentro de las reformas pendientes destaca la político-electoral, la propuesta pretende la sustitución de los institutos electorales estatales por un organismo de carácter nacional que se responsabilice no sólo de la organización electoral federal, sino de todos y cada uno de los procesos estatales y municipales bajo una sola legislación.

Ello como forma de terminar con la manipulación soterrada de las elecciones locales por parte de los gobernadores, práctica cada vez más recurrente en no pocos estados. Sin embargo, la tarea no es fácil porque nada garantiza la pulcritud en los procesos y menos si la autoridad electoral obedece a un reparto de cuotas entre los partidos tradicionales.

Además, hay poco tiempo para llevar a cabo esta transformación dado que los próximos comicios inician en octubre y no se ve aún la hora en que puedan reactivar el llamado “Pacto Por México” para sacar adelante ésta y otras reformas.

La tarea es compleja y ardua, y requiere definición en temas torales como el financiamiento, la asignación de tiempos de radio y televisión así como su supervisión; o bien, la participación de partidos locales, por mencionar sólo algunos.

Estas transformaciones las tendría que llevar a cabo un órgano dotado de verdadera autonomía y fortalecido para soportar los embates políticos dado el cúmulo de intereses que afectaría y con la capacidad de operar en un ámbito transparente para evitar suspicacias.

En síntesis, la tarea de la consolidación de los 32 órganos electorales locales en un solo instrumento nacional, tendría que llevarla a cabo una nueva institución que lo primero que enfrentaría es la determinación de cómo se integrarla para lograr la recuperación de la legitimidad institucional que el IFE comenzó a perder a partir de 2006 y que, sin la cual, hoy el instituto es un órgano torpe y débil incapaz de convencer a nadie de la limpieza electoral y abrumado por sus excesos administrativos.

El tren de la democracia está en movimiento y aún no decidimos siquiera si lo vamos a abordar. Debemos pugnar por recobrar el espíritu ciudadano de la autoridad electoral para que ésta pueda garantizar la imparcialidad y limpieza en los comicios.

Digamos no a las cuotas partidistas en la conformación del Consejo o su equivalente y demos paso a su ciudadanización.