Replica de medios.
Medio:El Financiero
Fecha: 14 de agosto del 2015.
CIUDAD DE MÉXICO. El Partido Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exigieron al gobierno capitalino, proteja a las cinco familias que se trasladaron de su entidad a esta ciudad. Además, pidieron que el Distrito Federal conserve su estatus de ciudad segura para todos aquellos trabajadores de los medios de información y defensores de los derechos humanos que deseen refugiarse cuando su integridad y vida estén en riesgo en alguna entidad del país.
El diputado Oscar Moguel del Movimiento Ciudadano informó que de los cinco casos, dos familias son originarias de Veracruz, una del Estado de México, otra de Guerrero y una más de Baja California. Sin embargo, consideró que existe una cifra negra porque la mayoría de los reporteros determinan no solicitar la ayuda de Segob y sólo reportan su caso a distintas organizaciones o tramitan una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante los organismos locales.
Indicó que de 2012 a la fecha la Secretaría de Gobernación atendió 172 solicitudes de periodistas para obtener protección, los que en buena medida se podrán apegar también a los beneficios de la recientemente promulgada Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Lo más grave, dijo, es la permanencia de la impunidad en las investigaciones de los casos, donde el 81 por ciento de las agresiones en su contra, quedan sin castigo y casi nunca se conocen a los responsables materiales y mucho menos a los autores intelectuales.
A su vez, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Gabriel Godínez Jiménez exigió que se aclaren los homicidios de más de un centenar de periodistas, y las que suman las más recientes como la de Rubén Espinosa y los feminicidios vinculados al reportero gráfico.
Exigió a las autoridades de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal para que aclaren de manera inmediata los móviles y detengan a los responsables materiales e intelectuales del caso de la colonia Narvarte, para que el multihomicidio no quede impune.
Subrayó que es inconcebible que en México, con el homicidio de Espinosa, sumen ya 103 periodistas asesinados y que las autoridades se atrevan a decir que están haciendo todo lo que pueden para protegerlos, cuando la realidad es que la violencia contra la prensa crece y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos.
Consideró que la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que entró en vigor el martes 11 de agosto un mes después de que fuera aprobada por la ALDF está enfocada en garantizar la libertad de expresión.
La ley promulgada, explicó, contempla la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, como un organismo público descentralizado.