Réplica de Medios

@Times

11 de julio de 2016

Al final de este proceso legislativo, incluido el veto presidencial, contamos con un paquete de siete leyes que integran las bases del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que seguramente serán promulgadas en próximos días por el titular del Ejecutivo. El balance, es que a pesar de haber diseñado un sistema funcional para comenzar a poner controles y desarticular redes de corrupción, nos quedamos sin declaraciones “3 de 3” públicas y completas, que eran el eje central en torno al cual se articularon miles de voces ciudadanas que exigen poner un alto a la corrupción, identificada como uno de los principales problemas que deterioran la calidad de vida de quienes habitan este país.

El legislativo, por votos en contra y ausencias, o el veto presidencial, no concretaron las aspiraciones ciudadanas de contar con declaraciones públicas #3de3 ni para funcionarios, ni para empresarios, aunque en este último caso vale insistir que la iniciativa ciudadana original nunca lo tuvo previsto, pues las leyes incorporan mecanismos para identificar y sancionar actos de corrupción en los que estén inmiscuidos empresarios.

En su lugar, quedó un artículo 29 que deja al comité ciudadano la decisión -con candados- de los formatos donde se harán públicas, sólo 2 de las 3 declaraciones, pues no se incluye la fiscal. Dichos formatos deberán prever salvaguardar la “vida privada” de los funcionarios, pues eso de conocer de los intereses económicos que tienen los hijos de Murillo, o los de Fox, o muchos otros vástagos empresarios, no debe ser asunto público; o eso de tener hijos reconocidos o no, y otras familias a las cuales regatear el sustento, si tienen casas grandes, chicas o blancas, no debe ser un asunto público sino asunto de la vida privada de los funcionarios, así nuestra clase política doble moral.

Esa misma doble moral es la que evidencian muchos al exigir al extremo lo que no están dispuestos a cumplir, y se puede ver al revisar los registros en la plataforma tresdetres.mx en la que sólo 24 senadores, y 115 diputados federales hemos hecho públicas nuestras declaraciones, siendo Movimiento Ciudadano el único grupo parlamentario en el que todos sus diputados lo han hecho. A los que en el discurso asumieron una postura a favor de las declaraciones #3de3, habría que exigirles ahora lo hagan en los hechos al publicar sus declaraciones, y eso abonaría a ir derribando el muro de la opacidad que todos han ido construyendo.

La necesidad de la #3de3 es para dar certeza al sistema, pues la falta de credibilidad hace que la ciudadanía no confíe en que sin tener a la vista la evolución del patrimonio de los funcionarios, no se podrá constatar que hay un efectivo combate a la corrupción, no obstante el sistema cuenta con varios mecanismos para que se le comiencen a poner controles a los actos de corrupción, a investigarlos, perseguirlos y sancionarlos. Habrá que dar un voto de confianza, con la esperanza de que los esfuerzos centrados en este sistema den los resultados esperados.

Sin embargo, aún queda un largo camino para empezar a ver si el SNA sirve para lo que fue diseñado: controlar la corrupción desarticulando redes en las que hay lo mismo servidores públicos, jueces, notarios, legisladores, contratistas, proveedores, empresarios, empresas, un sistema de tapaderas y no sólo dos partes -empresarios/funcionarios- como algunos advertían en la discusión.

El largo camino comienza con la implementación de las leyes del SNA, a nivel nacional, pasando por los nombramientos que tendrán que hacerse tanto del comité ciudadano como del fiscal anticorrupción, y también de todo lo que requiere la implementación de la plataforma de sistemas digitales para concentrar y hacer accesible la información que genere el sistema.

Además, una parte delicada del proceso será lo que se conoce como armonización legislativa de las múltiples leyes federales que deberán ser revisadas y adecuadas, o –aún más importante para viabilidad del sistema- en el cómo estas leyes bajan a los congresos estatales, pues como se ha podido ver, aún sin la promulgación de las leyes del SNA algunos gobernadores como el de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, quienescon el control que aún tienen de los congresos, han madrugado con leyes que les dan impunidad y los protegen del alcance de la ley, justo ahora que están dejando los gobiernos en la oposición.

Lo que me parece importante es recalcar que lo único que a mi parecer puede mantener en el centro de la discusión pública el “combate a la corrupción” es la participación organizada y la incidencia de la sociedad civil, integrada lo mismo por ciudadanas y ciudadanos en lo particular, que por organizaciones especializadas, academia y los mismos empresarios, que deberán desdoblar sus esfuerzos para dar seguimiento a lo que sucede en los estados, a no dejar que los políticos sigan saliéndose con la suya. Pues en causas como esta, es que la ciudadanía ha encontrado una manera propositiva y efectiva de incidir para cambiar el régimen, y confío en que esa misma determinación que se mostró para el proceso en el ámbito nacional, será el que conduzca las discusiones y aprobación en los estados.