Boletín Informativo

abril 13, 2015

• Límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia

• Los ciudadanos no necesitan pactos políticos, requieren seguridad

La  ausencia de un Estado de Derecho es el otro gran pendiente nacional. En México se ha perdido el equilibrio entre el goce de las libertades y la garantía de la seguridad. Al mismo tiempo, se han desdibujado los límites de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Acosada por la inseguridad y el miedo, la percepción ciudadana es que la sociedad sigue siendo rehén de la delincuencia.

Incluso el miedo ha modificado los hábitos de la ciudadanía: el 73.3 por ciento de los mexicanos percibe que vivir en su estado es inseguro. Datos duros refieren que cerca de 23 millones de ciudadanos fueron víctimas de un delito el año pasado. El miedo se ha convertido también en desconfianza: el 92.8 por ciento de los delitos no se denuncia o no genera una averiguación previa.

Cálculos conservadores señalan que en 2013 la cifra de muertos llegó a 10 mil personas, que se sumaron a los 100 mil ejecutados durante el sexenio pasado. A estas cifras hay que agregar las víctimas indirectas y los desaparecidos, cuyo número oficial dado a conocer en 2006 es de 22 mil, (cifra cuestionada por las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos).

El modelo de seguridad se ha centrado fundamentalmente en la intercepción de los narcóticos y el uso de la fuerza para detener o “inhabilitar” a los principales líderes de organizaciones criminales. La desarticulación de estas organizaciones solo ha incrementado la violencia en la disputa por el control de las rutas y los mercados; pero también a la expansión de las actividades de estas organizaciones a otras áreas como los secuestros, las extorsiones o el cobro de “derecho de piso”.

Es creciente la penetración del crimen organizado en el Estado mexicano y en el sistema político. Son del dominio público las muestras de subordinación y complicidad, situación que amenaza nuestra seguridad nacional, pública y humana.

Esta situación no puede seguir así. Se deben garantizar tres tipos de libertades a las personas: libertad frente a las carencias, libertad frente al miedo y  libertad de vivir con dignidad. Para lograrlo e impulsar un cambio de fondo en materia de seguridad pública, Movimiento Ciudadano propone:

• Una nueva política de seguridad en beneficio de los ciudadanos sin distinciones políticas, económicas o sociales. Se debe garantizar que las libertades y los derechos humanos se respeten en el marco del Estado de Derecho.

• Una política de seguridad ciudadana que reconozca que las amenazas a la seguridad de las personas surgen no solo de situaciones ligadas a la violencia y la delincuencia, sino también de problemas estructurales de mayor complejidad como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades para el desarrollo de las personas.

• Implementar el programa “Vigila a tu policía”, que consiste en crear una figura ciudadana que monitoree, investigue y sancione a los policías en todos sus niveles. Esta figura sería electa periódicamente, de manera democrática, y deberá someterse a revocación de mandato.

• Castigar la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.

• Reformar y recomponer las instituciones policiales.

• Incorporar estándares internacionales de rendición de cuentas y transparencia policial.

• Establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión territorial de las acciones de seguridad pública.

• Impulsar reformas jurídicas y mecanismos que permitan controlar y regular las empresas privadas de seguridad.

• Promover una Ley de Seguridad Interior que imponga límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en materia de combate a la delincuencia organizada y en tareas de seguridad pública.

Para Movimiento Ciudadano, la seguridad no se decreta, se garantiza.  Los ciudadanos no necesitan pactos políticos, requieren seguridad.