El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, Armando López Campa, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil a efecto de garantizar el derecho que tienen los niños en situación de calle a vivir en familia.

Expuso que la población callejera en la Ciudad de México ha ido en aumento en los últimos años, algunos enfermos, otros que han sido abandonados y otros más que no han tenido otra opción más que sobrevivir en la vía pública.

Al respecto, reveló que de acuerdo a estadísticas del CONEVAL, en 2010, en la Ciudad de México, se registraron 2 millones 525 mil 792 personas en condición de pobreza, 2 millones 332 mil 400 en condición de pobreza moderada y 193 mil 392 en condiciones de pobreza extrema.

Dijo que en 2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) perteneciente a la SEDESO contabilizó 4,014 personas en situación de calle, 14% eran mujeres, es decir 547. Para 2014, las mujeres en poblaciones callejeras eran 514 y desde 1996 se habían contabilizado 273 muertes por enfermedades relacionadas con la falta de atención en servicios médicos durante sus embarazos.

El líder de la bancada de MC en la Asamblea Legislativa citó que Luis Enrique Hernández, director de “El Caracol” A. C., institución encargada de atender y proteger a poblaciones callejeras, ha señalado que las mujeres en edad reproductiva que viven en la calle tienen entre 3 y 7 hijos de los cuales en la mayoría de los casos fallecen por falta de atención médica o son robados.

“Este es un problema mayor, dentro de este gran problema que enfrentan las mujeres embarazadas de poblaciones callejeras, el descuido, desinterés y desconocimiento de autoridades y de las mismas mujeres en situación de calle ha fomentado la intervención del Gobierno mediante el retiro de los recién nacidos de sus padres, argumentando la incapacidad de éstos para su sostenimiento violentando todo razonamiento jurídico protector de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como de la familia”, mencionó.

Hizo hincapié en que el Estado debe velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.

Llamó a reconocer que hay ausencia de mecanismos de identificación y supervisión de poblaciones callejeras, “el quitarles un hijo a sus padres con la excusa de que no podrán mantenerlo, solamente acrecentará el resentimiento social que existe dentro de las poblaciones callejeras hacia la autoridad y la sociedad misma”, afirmó.

Sostuvo que el acto de desprecio por una supuesta incapacidad de sostener a sus hijos los coloca aún más en esa laguna social a la que nadie quiere entrarle para resolver el problema de este grupo social que por diferentes circunstancias optan o son orilladas a sobrevivir en el espacio público.

“Debemos propugnar por una mayor y mejor protección jurídica del niño antes y después de su nacimiento. Hay niños que viven en condiciones difíciles por eso necesitan especial consideración. Un niño nacido en situación de calle, por este hecho, necesita la atención de autoridades para su crecimiento y desarrollo pero en el seno de su familia aunque sea en la calle, los apoyos deben ser en donde nació y con sus padres”, apuntó.