Réplica en Medios

La Jornada en línea 

02 julio, 2015

Por Ángel Bolaños Sánchez

México, DF. Representantes de organizaciones de sitios y radio taxis advirtieron que la única forma de regularizar el servicio de empresas como Uber y Cabify es haciendo que cumplan con los mismos requisitos, hagan los mismos trámites y utilicen inclusive la misma cromática del servicio concesionado.

Esto, luego de que el gobierno de la ciudad entregó en las mesas de trabajo el documento: “Política integral para la regulación del servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de aplicaciones tecnológicas”, donde se señala que el servicio que proporcionan dichas empresas “no es ilegal porque está contemplado en la ley, pero sí se está prestando en forma irregular”.

En conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco Oliva, dirigentes de grupos como la Comisión Permanente de Transporte Individual y Taxistas y Líderes Unidos en Contra de la Ilegalidad, advirtieron que en la reunión que sostuvieron la noche de ayer con los secretarios de Gobierno, Hector Serrano Cortés, de Transporte y Movilidad, Rufino León Tovar, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, José Ramón Amieva, a la que se presentó también el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, observaron cierta “prisa” por emitir la regulación de dichos servicios.

Esto, advirtieron, no por meter en orden a estas empresas sino por “tener la primicia de ser la primera entidad del país” que emite una regulación.

Saúl Valencia, del Consejo del Transporte, cuestionó inclusive la presencia en la reunión del diputado Granados, a quien habían estado buscando con antelación y lo único que hizo fue agendar una reunión con su suplente, René Israel Salas Morales.

El diputado Velasco advirtió que el gobierno de la ciudad pretende legalizar la operación de empresas como Uber y Cabify haciendo una interpretación “tramposa” de la Ley de Movilidad, al considerar a estas como servicios de transportación privada, cuando son un servicio público abierto a la ciudadanía.