El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la ALDF, Armando López Campa, solicitó a los titulares del Instituto de Verificación Administrativa del DF (INVEA), Meyer Klip Gervitz; de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez; y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola, que de manera coordinada refuercen los operativos para evitar la venta de bebidas adulteradas en la ciudad de México.

Dijo que en materia de salud pública, resultó alarmante el decomiso histórico de 985 mil botellas que realizó la Cofepris a una compañía ubicada en la delegación Iztacalco, a principios de este mes.

“Fueron más de un millón de litros de bebidas alcohólicas irregulares las que afortunadamente no llegaron a su destino. De acuerdo a lo que reportó la Cofepris, este decomiso representó 2.5 veces todo lo asegurado de 2010 a 2012 y el doble del total en 2014, mientras que el número de litros asegurados entre 2010 y 2015 fue de 13.3 millones de litros. Estas cifras por sí solas hablan de la gravedad del tema”.

El legislador ciudadano consideró que el combate a la distribución de bebidas adulteradas en México parece haberse perdido y una de las pruebas más contundentes es que cuatro de cada 10 botellas de alcohol que se venden en el país contienen alcohol adulterado, “datos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, refieren que 43 por ciento del alcohol que se consume en el país es ilegal, lo que podría estar valuado en más de 3 mil millones de dólares”.

Llamó a las autoridades locales y federales a intensificar la verificación en centros de entretenimiento, de recreación, familiares, hoteles, barras libres, tiendas de autoservicio y centros comerciales, que son los lugares donde se ha detectado la venta de alcohol adulterado, “seguramente ese era el destino que tenían los 3.3 millones de bebidas adulteradas que fueron decomisadas del 2013 a la fecha” .
Aseveró que el decomiso histórico realizado en la delegación Iztacalco, refleja los pobres resultados del grupo que se creó en abril de 2014 para combatir este problema, conformado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional de Seguridad (CNN), la Policía Federal (PF), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Profeco y la Cofepris.

“Presentaremos un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa para que el INVEA, la PROFECO, la Cofepris y las 16 delegaciones políticas, redoblen acciones contra la venta de bebidas adulteradas, pues se estima que existen 2 mil 300 establecimientos, como bares, vinaterías, restaurantes y hasta hoteles en los que se podrían estar expendiendo”.

Reveló que tan sólo en 2012 hubo 425 personas hospitalizadas por consumo de vinos falsificados en bares, cantinas y tables dance del DF, “por lo que solicitaremos a las autoridades locales y federales que remitan un informe sobre las acciones emprendidas para inhibir la venta y consumo de vinos adulterados”.
Asimismo, detalló que del total de hospitalizados, 389 fueron hombres y 36 mujeres, cuyas edades eran de entre 25 y 44 años. Sin embargo, en ese mismo periodo se reportaron 10 casos de niños intoxicados por bebidas alcohólicas adulteradas.

López Campa indicó que de por sí el consumo de alcohol es un riesgo para la salud y el de dudosa calidad duplica las posibilidades de sufrir alteraciones visuales, que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera temporal o permanente, dolor de cabeza, mareo, convulsiones y una situación que puede evolucionar hasta el estado de coma. También pueden resultar daños irreversibles en cerebro, corazón, hígado y páncreas.

“Desde Movimiento Ciudadano, consideramos que entre las principales acciones que de manera conjunta deben emprender el gobierno y la iniciativa privada, están el difundir información veraz, clara y oportuna que motive a los consumidores a denunciar prácticas comerciales sospechosas e ilegales, y fortalecer los operativos estratégicos en colaboración con las autoridades fiscales y sanitarias que permitan eliminar los productos ilegales”, puntualizó.