Réplica de Medios

El Universal

05 de julio de 2016

No, no me voy a referir a los memes que inundan las redes a raíz de la visita del Ejecutivo por Canadá, sino a la vergonzante situación en la que queda el Congreso de la Unión después del veto parcial a la Ley de Responsabilidades Administrativas o 3de3 por parte del Presidente, vía su consejero jurídico, Humberto Castillejos. Vergonzante, porque de no ser por la trasnochada forma de legislar, no estaríamos ante la cruda realidad del “va para atrás”.

Resulta que las observaciones del titular del Ejecutivo al dictamen de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) encajan justamente con las reservas introducidas por un senador (sin grupo parlamentario), y avaladas a mano alzada, por la mayoría mecánica en el Senado, sin discusión, ni mucho menos votadas a conciencia, y me temo que sin siquiera conocer su contenido.

No hay duda, en un afán de revanchismo, la bancada del PRI, sin la que no se aprueban las reservas por muy buenas que éstas sean, encontró el modo de cobrársela al sector empresarial tan activo en el cabildeo de la iniciativa 3de3, que puso contra la pared, en más de una ocasión, al PRI ante su negativa a la máxima publicidad de las declaraciones de quienes somos funcionarios. Dichas reservas aprobadas, y ahora regresadas como observaciones del Ejecutivo al Congreso, son las que introdujeron la obligación para que personas físicas y morales, que firmaran cualquier contrato, incluidos los de servicios, tuvieran que presentar sus tres declaraciones y hacerlas públicas.

En el Senado pudimos evitar llegar a este nuevo periodo extraordinario si las Comisiones encargadas de dictaminar las leyes del SNA no se hubieran negado a continuar con un formato de parlamento abierto y optado por el tradicional método de negociar a la espalda de la ciudadanía; o si el pleno de esas comisiones hubiera sesionado con suficiente tiempo en una de las tantas veces que se pospuso la sesión para analizar, debatir y acordar modificaciones a los proyectos presentados; o si en la sesión previa al extraordinario nos hubiéramos dado el tiempo para analizar en lo particular las reservas que presentamos las y los senadores. No, se prefirió llevar la “discusión” al pleno.

La historia en el pleno ya la conocemos, en la madrugada se aprueban dictámenes y eventuales modificaciones sin mayor discusión; excepto la más importante de todas las reservas, la del artículo 29 para devolverle a la iniciativa ciudadana el origen de su motivación principal: la publicidad de las tres declaraciones de todos los funcionarios públicos. Ésta no pasó por los votos en contra del PRI-Verde, pero también por las ausencias de legisladores de PAN, PRD, y PT.

Los dictámenes de las leyes del SNA siguieron su trámite rumbo a la Cámara de Diputados, la que tuvo la oportunidad también de hacer las modificaciones necesarias, incluidas las reclamadas por los empresarios, pero la urgencia de acabar el periodo extraordinario y el acuerdo político de aprobar tal como los había enviado la colegisladora, en una de las tantas muestras de abdicación del legislativo, se impuso —como es habitual— la mayoría sistemática del PRI y sus aliados para aprobar en sus términos los mencionados dictámenes.

Los dictámenes llegaron al Ejecutivo. En una inusual manifestación, los empresarios se hicieron oír y el Ejecutivo los atendió. Ahí no sé si esos empresarios renunciaron a continuar con la exigencia de la publicidad de las declaraciones de los funcionarios, a cambio de la modificación de los artículos que afectaban al sector. Lo cierto es que Peña Nieto, al no reservarse el artículo 29, perdió la oportunidad histórica de responder a un amplio sector de la ciudadanía que se movilizó de manera propositiva para exigir un alto a la corrupción.

Hoy, con la pena de ver cómo se legisla en el país, el Congreso sesionará en un nuevo periodo extraordinario para corregir lo que de manera trasnochada se aprobó. Pena, no tan ajena.