Replica de medios.
Medio: Notimex
Fecha: 19 de noviembre del 2015
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó un informe de la situación jurídica y administrativa que guarda el predio ubicado en el poblado de San Bartolomé Xicomulco, donde se pretende construir una base naval.
La petición fue dirigida al oficial mayor de la Secretaría de Marina, Armando García Rodríguez; al jefe delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia; al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez; y al consejero jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados Covarrubias.
Al fundamentar el punto de acuerdo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Armando López Campa, refirió que el 8 de octubre fue publicado el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
Éste señala que se destina a la Secretaría de Marina una superficie de siete mil 361.67 metros cuadrados en el poblado de San Bartolomé Xicomulco, en la delegación Milpa Alta, a efecto de que se utilice con instalaciones de inteligencia y bodegas para el resguardo de material naval.
En tribuna expuso el temor de los comuneros de Milpa Alta de que los gobiernos federal, capitalino y delegacional pretendan imponer proyectos en las más de siete hectáreas de tierras comunales.
Lo anterior implicaría para los habitantes de los nueve pueblos de esa demarcación la pérdida del dominio, posesión, uso y disfrute de la propiedad comunal, que pertenece a los habitantes originarios desde tiempos prehispánicos.
Advirtió sobre el riesgo de que la construcción de una base naval propicie más urbanización del suelo de conservación, el surgimiento de nuevos asentamientos humanos irregulares y la destrucción de ecosistemas naturales.
Esos recursos son fundamentales para la recarga de los mantos acuíferos, de donde se extrae más de 71 por ciento del agua potable que se consume en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
López Campa llamó a restituir la posesión de las tierras en disputa a la comunidad de Milpa Alta, ya que se incurren en francas violaciones a la Constitución y a las leyes agrarias.
Además se viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de los pueblos indígenas y la legislación ambiental del Distrito Federal.
“Conforme a la Constitución y convenios internacionales, el Estado mexicano no puede imponer en tierras comunales de Milpa Alta cuarteles ni proyectos que afecten a la población”, expuso López Campa.
“Las tierras son propiedad de quienes habitan en aquella delegación y la comunidad nunca permitirá que se establezcan en su territorio ninguna base naval de la Marina”, agregó el asambleísta.