El pasado 10 de octubre, el ex secretario de Comunicación del PRD capitalino, David Mendoza Arellano, denunció que un grupo armado que intervino en la elección interna del partido, el pasado 7 de septiembre, con la compra de votos y la intimidación de representantes de mesas receptoras de votación y militantes en la delegación Iztapalapa, se presentó también ante tianguistas y comerciantes de las colonias Agua Prieta y José Revuelta para exigir el pago de cuotas de protección.

El funcionario partidista –que renunció a su cargo después de estos hechos– dijo que se tenía identificada una de las camionetas (Hummer blanca con matrícula 494 ZEU, en las que presuntamente se transporta el grupo de entre 15 y 18 personas con armas cortas).

Asimismo, presentó fotografías tomadas durante la jornada electiva del partido que mostraban a este vehículo operando presuntamente para el grupo que ganó en la demarcación, Movimiento de Equidad Social de Izquierda (MESI). Además, Mendoza Arellano dijo contar con diversas pruebas, como videos de las cámaras de seguridad de algunos establecimientos y que pueden cotejarse con las cámaras del sistema C4 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hay hechos que preocupan por su gravedad y alcance. Esta denuncia sobre la presencia de grupos de extorsión en Iztapalapa, que son expresión de la delincuencia organizada, y que además estarían vinculados a intereses políticos, es algo inédito en la Ciudad de México.

Quien denunció finalmente se retractó, pero investigaciones personales del suscrito, en mi carácter de diputado elegido por los habitantes del distrito XXII de Iztapalapa, me han llevado a la conclusión de que son indicios con ciertos rasgos de veracidad que resultan preocupantes. Recordemos que en las entidades donde el poder político ha sido permeado por la delincuencia organizada, se desató un proceso que victimiza a las entidades respectivas, como es el caso de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, etc.

Más aún, en casos como el de Iguala, ha quedado al descubierto la existencia de indicios que de haber sido atendidos a tiempo hubieran servido para evitar una tragedia.

Lamentablemente el Partido de la Revolución Democrática no ha sido inmune a esa penetración, como ha mostrado la reciente y latente tragedia de Ayotzinapa. En Iguala, se tenían indicios desde hace tiempo del vínculo entre autoridades y criminales. De haber sido atendidos a tiempo, es muy probable que se hubiera evitad o lo ​que es ya uno de los peores crímenes que se han cometido en nuestro país.

La Ciudad de México no puede quedarse cruzada de brazos ante hechos que por su alcance merecen investigarse. Los elementos que se han hecho públicos en este caso merecen una profunda investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para descartar esta supuesta vinculación entre grupos políticos y el crimen organizado.