Para lograr que la industria petrolera mexicana sea más competitiva, es necesario que las finanzas públicas del país se «despretrolicen», de manera progresiva, mediante una reforma fiscal, expuso Alejandro Chanona Burguete.

El presidente de la Fundación Lázaro Cárdenas del Río sostuvo que en el actual contexto internacional, la seguridad energética se concibe más allá de la garantía al acceso a los combustibles.

En el marco del Foro Internacional «Reforma del sector energético-experiencias internacionales y opciones para la transición energética de México», planteó la importancia de que el país resuelva el dilema del estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) .

En el documento «La (in)seguridad energética de México y la reforma necesaria», señaló que para resolver esa disyuntiva, el gobierno debe cambiar su relación con la petrolera y otorgarle autonomía de gestión.

Esto se hace necesario, subrayó, toda vez que la paraestatal aporta actualmente 37 por ciento del presupuesto del gobierno federal, con prácticamente 80 por ciento de sus ingresos netos.

Como consecuencia, la empresa presenta márgenes negativos de rendimiento y ha tenido que recurrir al endeudamiento, de manera que hoy en día no tiene posibilidades de invertir en desarrollo tecnológico ni en planes de exploración, advirtió.

Chanona Burguete refirió en ese sentido que México importa 50 por ciento de la gasolina que consume y que ello ha generado fuertes presiones sobre las fianzas públicas.

Lo anterior, abundó, aunado a los rezagos tecnológico, operativo y financiero en el que se encuentra Pemex, hacen urgente abrir los debates sobre la reestructuración de la paraestatal para que pueda invertir en sus propios proyectos.

Consideró que lo anterior permitiría replantear el verdadero objetivo de la empresa, que se traduciría en una mayor posibilidad para invertir en investigación y desarrollo de tecnología.

Recordó que entre las propuestas de reorganización está la de permitir la participación del capital privado, aunque aclaró que cualquier reforma debe garantizar la propiedad de la nación sobre los recursos naturales en su territorio.

Así, «la próxima reforma energética debe ser integral y progresista, a partir de tres pilares: garantía del abasto, promoción del desarrollo nacional y compromisos con el ambiente» , puntualizó.