La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, demandó a la Cámara de Diputados no regatear los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y llamó a no posponer de nueva cuenta la discusión y aprobación del dictamen que incluye la Norma Oficial Mexicana sobre el tratamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual y que prevé la suspensión legal del embarazo.

Criticó que por segunda vez se haya pospuesto en San Lázaro el debate sobre la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reforzaría la responsabilidad del personal de salud para ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual.

“Resulta lamentable que se haya suprimido de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el derecho a la interrupción del embarazo y el suministro de la píldora del día siguiente en casos de violación”, expuso.

Asimismo, criticó que a pesar de que los diputados federales reconocen el alto índice de agresiones a mujeres, incluyeran cambios a la redacción original del dictamen para dejar sin efecto la NOM 046.

Esto a pesar de que un estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señala que se han registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual, lo que equivale a 600 mil casos por año y a 1,345 casos por día, uno por minuto, y 90% de esa cifra son mujeres.

Consideró que el aplazamiento del debate tiene tintes políticos ya que la Comisión de Igualdad de Género ha dejado en claro que la reforma no tiene por objeto despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación, pues esta excusa absolutoria está prevista en el Código Penal Federal desde 1931, y en los códigos penales de las 32 entidades; tampoco fomenta la impunidad, porque prevé medidas para denunciar casos de violencia e implementa procedimientos para brindar atención médica y orientación integral a las víctimas.

Al respecto recordó que actualmente, la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia cita que la atención a violencia será conforme a las normas oficiales mexicanas.

El dictamen original señala que en el Sistema Nacional de Salud se prevé en específico la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 relativa a la agresión familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención.

Este marco normativo da lineamientos sobre el tratamiento a este sector de la población en caso de una violación, como la atención hospitalaria, la canalización a un Ministerio Público especializado, el suministro de retrovirales y la anticoncepción de emergencia, así como la práctica del aborto legal si la víctima lo solicita. En el dictamen se busca que estados y municipios apliquen dicha norma.

Sin embargo, desde hace la discusión del tema ha sido detenida por la oposición de algunos diputados que regatean los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.